El debate sobre el bloqueo/embargo
La ciudadanía tiene posiciones encontradas, pero también consenso
A partir de enero de 2013, con la flexibilización migratoria, algunos disidentes han podido salir al extranjero y en esta nueva posibilidad han logrado con su gestión un apoyo muy superior de la comunidad internacional hacia los Derechos Humanos en Cuba.
La invisibilidad de los opositores al interior del país y la campaña de descrédito y lapidación moral llevada a cabo por el gobierno contra ellos como “mercenarios del imperio” quedó definitivamente fracturada. Esta nueva visibilidad ha reactivado el debate dentro de la comunidad cubana sobre puntos centrales de la agenda de cambios ciudadanos.
Entre ellos, la discusión sobre la necesidad o no de levantar el bloqueo/embargo como medida que facilita u obstruye el cambio hacia la democracia. Como ya he señalado en otro momento el léxico es también un aspecto importante de control social en el caso cubano. El término “bloqueo” es utilizado por la dirección política del país y todos los que respetan el discurso oficial. El término “embargo” es utilizado por los que se distancian del discurso oficial y consideran las medidas económicas contra el gobierno, como una serie de restricciones económicas pero no la imposibilidad total de comerciar con EEUU, visto la compra de alimentos y medicinas a partir de 2000, de manera masiva y al contado.
El asunto del bloqueo/embargo ha sido tratado extensamente en la literatura producida alrededor del tema Cuba. El enfoque ha sido desde las políticas y contra respuestas entre los dos gobiernos involucrados. Las políticas de asedio de EEUU hacia Cuba a partir del 1959, y las respuestas del gobierno cubano frente a esas medidas.[1]
Es indudable que el problema del bloqueo/embargo no moviliza la agenda gubernamental en la arena internacional hasta los años 90. Antes de esa fecha y existiendo desde los años 60 el tema no fue debatido a nivel internacional por el gobierno cubano gracias a los subsidios soviéticos a la economía cubana por el período de 30 años.[2]
El ángulo de análisis que sugiero es el de inventariar al menos las dos posiciones encontradas con relación al bloqueo/embargo en los activistas independientes dentro del país. Se han pronunciado a favor del bloqueo/embargo figuras importantes de los grupos opositores. Tal es el caso de Berta Soler, presidenta de las Damas de Blanco, Antonio Rodiles, coordinador de Estado de SATS, Daniel Díaz Ferrer, y Guillermo Fariñas coordinadores de la UNPACU.
En un encuentro de Estado de SATS, Antonio Rodiles, Daniel Díaz Ferrer y Guillermo Fariñas discuten sobre el tema.[3] Haciendo una evaluación de la situación del país, con unas reformas de seis años que no avanzan desde el punto económico ni político, acompañadas de un incremento sustancial de la represión violenta contra los opositores, los tres panelistas coinciden en señalar que el embargo de EEUU no se levante en estos momentos sin condiciones, porque el gobierno se oxigenaría con créditos frescos y un incremento sustancial del turismo norteamericano, pero continuaría y aumentaría la represión y la violación de los derechos humanos, privilegiando los estímulos económicos a los órganos represivos, algo que ha estado haciendo en los últimos años.[4]
Para estos panelistas la falta de derechos políticos y civiles de hoy, la falta de transparencia económica y política del gobierno, está creando las mejores condiciones para construir un “estado fallido” donde se afiancen los “cacicazgos”[5], la corrupción y se abra la posibilidad de alianzas con el narcotráfico internacional y el negocio de trata de personas.
Los tres panelistas reseñan periodos anteriores, a partir de los años 90, cuando el gobierno tomó una serie de medidas de apertura económica hasta el 1997. En esta fecha, el gobierno cambia la política económica y retrocede en las medidas aperturistas por contar con un nuevo socio comercial: Venezuela. Con este país, establece una relación de subsidios parecida a la del ex campo socialista aunque el intercambio comercial sea de un 40 % y con el ex campo socialista fuese de un 85 %.
A lo que aluden los panelistas es a la inestabilidad de la política económica del gobierno que demuestra determinada y acotada apertura económica cuando no tiene recursos externos y vuelve a asfixiar y suspender a los actores económicos, sean cuentapropistas o inversores extranjeros, cuando cuenta con una solvencia económica otorgada por algún país que lo subsidie.
Por otra parte señalan que el gobierno cubano ha sabido sortear el embargo, no sólo porque compra alimentos y medicinas al contado a EEUU a partir del año 2000, convirtiendo a este país en el quinto socio comercial de Cuba, sino también porque a partir de otros países ha comprado productos norteamericanos, burlando la legislación de ese país.
Ante esta experiencia, los tres activistas abogan por condicionar el levantamiento del bloqueo/embargo, al cambio en la política de los Derechos Humanos en Cuba y por eso la Campaña Ciudadana para exigir la ratificación de los Pactos de Derechos Humanos, es la meta privilegiada por la sociedad civil cubana según estos panelistas.
Los activistas que se oponen al bloqueo/embargo, y se manifiestan por su levantamiento, fundamentan su reclamo en primer lugar en la ausencia de resultados de esta política de EEUU contra Cuba en el medio siglo. Si esta política intentaba asfixiar de hambre a la población y provocar de esta manera una revuelta popular, no ha obtenido ningún resultado.
Argumentan que la penalización es contra la población porque el gobierno no sufre las consecuencias del bloqueo/embargo. También fundamentan la necesidad de levantarlo porque ha sido la justificación permanente para impedir la crítica, el disenso, y castigar de manera permanente la discrepancia.
Por otra parte también señalan el carácter extraterritorial de la ley Helms-Burton porque penaliza la transacción de terceros países con Cuba.[6] Una ley extraterritorial que además afecta la soberanía y la autodeterminación de los países.
Aunque todos coincidan en afirmar que el bloqueo/embargo no es el primer punto de la agenda de cambios, ni el problema mayor del país, efectivamente son miradas encontradas sobre los costos y los beneficios sobre mantenerlo o eliminarlo con la condición del respeto a los Derechos Humanos, o levantarlo sin condiciones para eliminar todas las justificaciones gubernamentales sobre los problemas de ineficiencia económica y la falta de democracia en el país.
Todos coinciden que más importante que las variables externas es “el bloqueo interno” del gobierno contra sus ciudadanos, que con sus políticas demuestra su incapacidad de salir de la crisis de más de 23 años e incrementa la represión. En este “bloqueo interno” como el problema más importante del país, existe el consenso de los activistas de todos los signos políticos.
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