El desafío del Partido Comunista de Cuba

La responsabilidad del PCC en el VI Congreso del 16 al 19 de abril es discutir y adoptar las medidas requeridas para que el país resurja de la crisis socioeconómica o atenerse a las sombrías consecuencias y riesgos de vivir en ella (o sea, ser un caso perdido de incapacidad interna de transformación como señalara recientemente Carlos Solchaga). La reunión se da en el contexto de una posible recaída del ritmo de expansión de la producción global debido al aumento de los precios del petróleo por los acontecimientos del Medio Oriente, los desastres de Japón y una potencial crisis de la deuda soberana de los países del euro. De una forma u otra, por acción o omisión, será una reunión clave.

Cuba está en una crisis socioeconómica cuya atención ha postergado desde el histórico llamado del presidente general Raúl Castro a un nuevo enfoque y a realizar cambios estructurales y de conceptos el 26 de julio de 2007. Posteriormente, la crisis se acentuó por los tres huracanes que azotaron la Isla en 2008 y la fuerte recesión/crisis financiera global de 2008-2009. El Gobierno redujo los gastos públicos, incluso los gastos sociales, los subsidios de alimentos y las gratuidades en 2009 y 2010. Sin embargo, la senda de una mayor austeridad no es la solución, es insuficiente. No resuelve los bajos salarios y pensiones cuya capacidad adquisitiva se ha reducido sustancialmente desde 1989 como han expuesto el economista Pavel Vidal y otros académicos cubanos, ni el déficit fiscal, ni el empleo redundante, ni la baja producción, ni hace sostenibles la prestación y la calidad de los servicios sociales en declive.

El Gobierno de Cuba ha realizado varios cambios conceptuales transformadores y positivos en la dirección correcta, en algunos casos verdaderas rectificaciones. Así son realmente laudables la distribución de las tierras baldías, la reivindicación y propuesta de ampliación de espacios para el cuentapropismo y la pequeña empresa, la autorización de la contratación de empleados privados, el pago de salarios más elevados de acuerdo con el desempeño en las empresas estatales para elevar la productividad, el reconocimiento de que se permitirá competencia y un mayor funcionamiento de los mercados para mejorar la eficiencia, la autorización de los celulares y la Internet y el señalamiento de que no todos los problemas socioeconómicos se deben al embargo. No obstante, estos sensatos cambios son mayormente del tipo conceptual o marco de referencia, que se deberán complementar con otras medidas concretas que desaten una sólida recuperación. De lo contrario serán un espejismo. No se puede avanzar a medias, estar medio embarazado.

En setiembre pasado el Gobierno decidió enfrentar específicamente la crisis disminuyendo 500.000 empleados redundantes (parte de las plantillas infladas) e incorporarlos al sector privado —básicamente al cuentapropismo, la pequeña empresa y la agricultura— para así reducir el déficit fiscal y facilitar la elevación de los salarios de los empleados que permanezcan en las empresas estatales para aumentar la productividad y disciplina laboral.

El concepto básico es correcto y necesario, pero tiene una perspectiva limitada y medidas insuficientes o erróneas para impulsar el proceso. La propuesta gubernamental ha identificado bien las variables claves, el reordenamiento y reubicación laboral de 500.000 trabajadores redundantes primero, y de 1,3 millones eventualmente, que podría reducir el déficit fiscal inicialmente en un 4,1 % del PIB (500.000 x 436 x 12 / 65.000.000.000), aumentar la producción de bienes y servicios y la productividad, pero hay que replantearla, articulándola en forma coherente y ejecutándola bien. Así hay que alentar apropiadamente el aumento de la producción en el sector privado para que pueda absorber el amplio empleo redundante (10 % de la fuerza laboral), no se deben hacer despidos precipitados ni draconianos, o de terapia de choque, que determinan una fuerte oposición y resistencia a los cambios requeridos y que terminarían obstaculizándolos, impidiéndolos o aun revirtiéndolos.

Se deberá aceptar que las personas emprendedores con su trabajo y asumiendo riesgos pueden ampliar los negocios en beneficio propio, pero también de la sociedad, al contribuir a la producción nacional de bienes y servicios y al crear puestos de trabajos. Las empresas privadas no solo tienen ganancias sino también incurren en pérdidas y pueden fracasar. Hay que brindar incentivos realistas para establecer y desarrollar empresas prósperas y propiciar que los trabajadores redundantes se separen preferiblemente en forma voluntaria y dispongan de recursos (provenientes del ahorro de la nómina cuando cesan) para iniciar una actividad o buscar trabajo privado, particularmente en una difícil etapa de estancamiento o de recesión. Además, la expansión del sector privado podría alentar la inversión privada extranjera al brindarle la opción de subcontratar actividades o vender bienes y servicios a esas empresas como han hecho muchos otros países exitosos, particularmente en el sudeste asiático.

Las restricciones y barreras existentes para el desarrollo del cuentapropismo y de la pequeña empresa son muchas y, consecuentemente, los resultados de estas actividades son limitados y escasos con sus perversas derivaciones. Hay que eliminarlas o flexibilizarlas decididamente para asegurar mejores resultados y eliminar una burocracia reguladora ciertamente innecesaria y redundante. Si bien ha habido cambios positivos, entre ellos, una significativa liberalización de la concesión de las licencias, se corrigió la estigmatización y demonización del cuentapropista (que pasó de ser un paria al motor de la recuperación), se amplió la elegibilidad de los potenciales participantes y de las actividades permitidas, se eliminó la confiscación de equipos y productos de las sanciones vigentes, se permite el alquiler de los establecimientos de otros ciudadanos y del Estado, y se autorizaron los celulares y la Internet, aún predominan la inhibición y los obstáculos.

Así el aumento de las actividades a 178 es reducido y marginal y está prohibido todo lo que no está específicamente autorizado, no se permiten actividades profesionales y de elevada tecnología; las normas regulatorias son muy detalladas, estrictas y hasta ridículas (por ejemplo, un máximo de 3 sillas para las barberías y 20 sillas para los paladares) con muchas posibles infracciones y sanciones, lo que promueve el incumplimiento y la corrupción; la base tributaria es elevada y hasta niveles abrumadores y no incentiva la contratación de empleados. Tampoco se permite la publicidad, ni la intermediación; no hay mercados mayoristas para la compra de insumos; no se autoriza la venta de vehículos ni de viviendas, esenciales para algunas actividades. Hay que relajar decididamente estas restricciones. La gente tiene que percibir buenos resultados de sus esfuerzos.

Igualmente, los cambios iniciados en la agricultura deberán ampliarse mediante la garantía a los campesinos de que dispondrán de la tierra otorgada en usufructo por plazos mayores y de que se le reconocerán sus inversiones en caso que se termine la concesión; autorizarles la construcción de viviendas en las nuevas tierras; eliminar la obligación de entregar las cosechas y producciones a los bajos precios fijados por el Estado; y otras similares a las antes mencionadas que hay que relajar para los cuentapropistas.

Las citadas medidas aumentarían considerablemente la producción agropecuaria, en contracción desde 2009, con la consiguiente disminución de la importación de alimentos, que asciende al 80 % de las necesidades nacionales e incluso se podrían desarrollar excedentes exportables como hizo Vietnam en poco tiempo después de adoptar medidas similares a las comentadas. Al cultivarse bien las áreas hasta ahora ociosas e incrementarse el incentivo para la contratación laboral también se brindarían nuevos empleos y aumentarían los ingresos fiscales. La aplicación de estas medidas sería especialmente provechosa en el desfavorable contexto de los marcados aumentos de precios de alimentos en el mercado mundial.

En conclusión, el fracaso de las transformaciones en el cuentapropismo y la agricultura y en la reducción del déficit fiscal significarán la frustración del programa de reformas propuesto. Sin embargo, Cuba tiene la capacidad de recursos humanos y un conjunto de medidas realistas y pragmáticas a su alcance suficientes para lograr el arranque inmediato de una sólida recuperación, que solo serían un ajuste de relativa facilidad a las medidas ya iniciadas, que han sido limitadas en su concepción y aplicación. EL PCC y el flamante supervisor Manuel Murillo, designado para manejar el proceso de cambios, tienen la palabra para ser relevantes y diligentes en iniciar una nueva y perentoria dinámica socioeconómica. Un crecimiento elevado y sostenible de la economía cubana requerirá también otras medidas esbozadas en los Lineamientos, pero hay que comenzar por una sólida recuperación que dé credibilidad al proceso.

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