Tres leyes para un cambio real en Cuba

Cuba cambia. Esta afirmación es tan cierta como falaz, pero sobre todo, incompleta. Cuba cambia, y tras el barniz simbólico de la reapertura de embajadas, los cubanos, demasiado acostumbrados a anhelar soluciones que vengan de fuera se llenan de esperanzas ante la nueva época de besitos con el vecino del norte.

Cuba cambia, pero no tanto. Tampoco tan rápido como sería deseable. Hasta ahora se han restituido ciertos derechos: trabajo no estatal, compra y venta de autos y casas, viajes, y cierta forma de propiedad privada. Cambios estructurales, de raíz política, ninguno.

Es entendible que un sistema afincado en la hostilidad permanente como forma principal de supervivencia se resista a cambiar un modelo que le permite un control absoluto de las herramientas de poder. No obstante, hay espacios sociales legítimos donde Cuba tiene herramientas de derecho antidemocráticas, obsoletas y sin sentido en el mundo contemporáneo.

Sostengo la tesis de que no habrá cambios sustanciales en el modelo político y social hasta que se complete el relevo generacional en la cúpula de poder cubano. Una vez traspasado el umbral de los “históricos” de la “revolución cubana” viviremos modificaciones en las formas y los modos de participación y representación. Pero en el camino, Cuba pudiera ponerse a tono con la dinámica de derechos humanos y sociales sin renunciar, de momento, al monolítico sistema de estructuración del poder.

En un ejercicio de abstracción superlativo pensemos que la Asamblea Nacional, órgano legislativo del sistema político cubano, es una entidad moderna y comprometida con el futuro de Cuba; pensemos que en el tránsito necesario hacia nuevas formas de ejercicio del poder, participación y representación del ciudadano tiene la voluntad de trabajar por colocar a nuestro país a la altura de las naciones más avanzadas en materia de derechos sociales. Entonces le sería muy sencillo proponer y aprobar estas tres leyes que esbozo.

I

Aprobar el matrimonio igualitario y aprobar una Ley de Igualdad. Nada le impide a Cuba establecer que la unión consentida de dos adultos no debe circunscribirse a su sexo o género.

La Constitución cubana dice en su Artículo 36: “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer una vida en común”.

Más allá de la incomodidad que provoca la lectura de tan acartonado artículo, a la luz del siglo XXI y del trabajo que se ha realizado en Cuba por recuperar los derechos de la comunidad LGTB no tiene sentido alguno que se mantenga este artículo.

Nada impide al Parlamento cubano modificar dicho artículo. Salvo el machismo perpetuo de ciertos sectores sociales en la Isla, el Estado cubano es laico, aconfesional y declaradamente socialista, así que aprobar el matrimonio igualitario, e instrumentar figuras jurídicas como la unión civil y la de pareja de hecho para personas del mismo sexo, estaría en concordancia incluso con el principio martiano de “con todos y para el bien de todos”.

Es necesaria una modificación del Código Civil y el Código de la Familia readecuando este último concepto —familia— a una forma más contemporánea que “hacer una vida en común”. El nuevo código tendrá que incluir el derecho de las familias monoparentales, madres solteras y familias homosexuales. En el camino de la igualdad la paternidad y la maternidad deberán ser consideradas de manera similar, más allá de establecer mismos derechos y obligaciones en el desarrollo de los hijos.

Otro elemento que podría situar a Cuba en el tope de los países que respetan la diversidad de género sería eliminar el mismo de todo documento oficial. Femenino o masculino, fuera de carnés, pasaportes u otros sistemas de control sobre el individuo, no solo por la inutilidad de esa indicación con propósitos identificativos, sino sobre todo por el carácter represivo y discriminatorio que la inclusión actual del dato entraña.

En este punto se impone una Ley de Igualdad que certifique también las reivindicaciones raciales. Si bien este tema ha sido planteado incluso por el mismo Fidel Castro, quien en el Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista dijo que había que aumentar la cantidad de dirigentes negros, en la práctica la “revolución cubana” es blanca. Juan Almeida Bosque y Esteban Lazo son elementos de visibilidad propagandística de una igualdad racial no conseguida.

Una Ley de Igualdad con consecuencias penales para sus infractores pondría a Cuba a la cabeza de los países que luchan por una igualdad real. Esta ley podría propiciar incluso una discriminación positiva y la paridad racial en las listas a las elecciones a los órganos de gobierno. Es visible la desigualdad que existe en telenovelas, noticieros, publicidades turísticas y la representatividad gubernamental.

Sería deseable que además de suprimir el genero o el sexo de los documentos oficiales, de identidad u otro tipo, cualquier alusión racial sea también. Que desaparezca el típico “ciudadano de tez negra” que usa la policía en sus comunicados y actas públicos, y que lo reserve solo para documentos y descripciones internas y puntuales.

II

El Parlamento cubano debería, en el proceso de tránsito hacia un modelo diferente de gestión del poder, instrumentar mecanismos que lo legitimen como verdadero representante del pueblo.

No existe en Cuba una Ley de Transparencia que le permita al ciudadano conocer el uso real de los dineros del presupuesto, de los gastos parlamentarios o los del Consejo de Estado y de Ministros. La necesidad de una legislación de este tipo se evidencia aún más ante el incremento de la corrupción en todos los niveles de la sociedad cubana, y como un derecho fundamental del ciudadano.

El ciudadano tiene derecho a saber cuánto y cómo se gasta el dinero público, a qué organizaciones va dirigido, de qué modo lo usan estas y cuáles son los elementos medibles y evaluables de su gestión.

Una Ley de Trasparencia que obligue, por ejemplo, a los Comité de Defensa de la Revolución a declarar en qué se ha utilizado cada centavo y cuál ha sido el resultado de su uso. Del mismo modo con todas las organizaciones de masas (que ahora las llaman no gubernamentales o de la sociedad civil), y que en esencia usan dinero público.

El pueblo cubano tiene derecho a saber en qué se emplean los fondos del Estado, el resultado de los viajes o gestiones que precisaron un desembolso de activos y, sobre todas las cosas, los resultados de dichas gestiones. Esta Ley deberá contar con las formas en las que el ciudadano puede acceder a los datos y la obligatoriedad del Estado en garantizar su difusión.

III

El Parlamento cubano tiene que garantizar el derecho a la vida eliminando la pena de muerte.

Es cierto que en Cuba existe una moratoria sobre la ejecución de dicha sentencia, pero se trata de un mecanismo conciliador provisional. En la práctica dicha moratoria no es más que una advertencia, una espada de Damocles, que anuncia que el Estado se otorga el poder sobre la vida de sus ciudadanos.

Cuba daría un paso de gigante en el concierto de los derechos humanos si deroga de una vez dicha sentencia y en su defensa, siempre indefendible, se dejara de comparar con otras naciones que la mantienen.

La justificación de mantenerla en su carácter coercitivo sobre ciertos delitos es falaz y vil. Las sociedades modernas no pueden permitirse el uso amenazador de sus instrumentos jurídicos que deberían ser regulatorios. La pena de muerte como escarmiento y advertencia es una tergiversación del derecho y ubica a Cuba junto a los Estados con menos garantías en el mundo.

Cuba, país que se vanagloria de su vocación humanista, manteniendo la pena de muerte niega sus propios principios. Eliminarla daría una claro mensaje de modernidad y de cambio, acorde con las dinámicas democráticas actuales.

Estas tres iniciativas legislativas no comprometen la estructura política e ideológica de Cuba, incluso, usadas con tino, podrían reafirmarla. La igualdad de género y racial, la transparencia y el derecho a la vida son de alguna forma coincidentes con los postulados socialistas.

Son tres propuestas de sentido común, ineludibles para un Estado moderno, indispensables para una ciudadanía de nuestro tiempo. No existe ninguna justificación que impida que sean aprobadas, no hay cuestionamiento político, no hay diversionismo ideológico, no existe un solo presupuesto martiano, fidelista, leninista , marxista o cualquier ista discursivo que pueda justificar la inexistencia de estas tres leyes.

Estas tres propuestas no excluyen otros debates necesarios en una nación moderna.. Es hora de que se propicien discusiones sobre el uso medicinal y recreativo de las drogas blandas, sobre ciertas formas de entretenimiento para adultos que incluyan espacios de diversificación sexual, sobre modelos alternativos de gestión de comunidades, o formas paralelas de educación y enseñanza, entre muchos otros.

En los tres años que quedan para que se realice el cambio generacional en el sistema de representación y poder cubano se pueden tomar muchas medidas que facilitarían el mismo y que colocarían a Cuba en sintonía con el resto del mundo.

Pensar en el futuro de Cuba es pensar en los cubanos.

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