¿Un chino porvenir?

El 3 de julio de 1941, después de diez días sumido en un estupefacto silencio, Stalin hizo su primer llamamiento a la defensa del país. No se dirigió a los comunistas, ni siquiera a los ciudadanos soviéticos. “¡Camaradas!, ¡Ciudadanos! ¡Hermanos y Hermanas! ¡Hombres de nuestro Ejército y nuestra Marina! ¡Me dirijo a vosotros, mis amigos!” era el encabezamiento de su discurso. Tras las purgas, los asesinatos y el Gulag, dirigirse a sus partidarios o a los comunistas en general habría rebajado la capacidad de convocatoria. Tampoco llama a la defensa del comunismo, del socialismo o del estalinismo, palabras cuidadosamente omitidas. Su llamamiento explica que esta guerra “por la libertad de nuestro país se mezclará con la de los pueblos de Europa y América por su independencia, por las libertades democráticas. Será un frente unido de pueblos defendiendo la libertad y contra la esclavitud”. Homologa la lucha de los rusos con la del resto de Europa y América en nombre de una libertad y una democracia de la que los rusos carecían, y contra la esclavitud que, sin dudas, impondrían los nazis. Basta un análisis lexicográfico elemental para detectar la intencionalidad política del discurso, y cómo, en una situación de vida o muerte, se han evitado escrupulosamente las palabras que vertebraban la retórica clásica del estalinismo.

Durante el último cuarto del siglo XX, se puso de moda entre algunos lingüistas la Lexicometría, el análisis estadístico de los textos, que aún emplean los servicios de inteligencia, los programas para la interceptación de mensajes y conversaciones, y algunos filólogos que aspiran a dotar al análisis textual de cierta probidad matemática. Y, sin dudas, cuando se trata de analizar un texto no literario puede arrojar interesantes resultados que, desde luego, deberán ser corroborados (o no) por el análisis de significados.

Aunque el título no invita, he leído con atención el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social (http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2010/11/proyecto-lineamientos-pcc.pdf) publicado por el Gobierno cubano a fines el año pasado, y ha sido sumamente instructivo. En la parte introductoria podemos leer que “Sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución”, y que “en la actualización del modelo económico, primará la planificación y no el mercado”. Se aclara que “el socialismo es igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo”, aunque ello parafrasea la constitución estadounidense. Tras esa introducción, esperamos la inflamada retórica habitual donde la economía se supedita a la política. Si practicamos el experimento lexicográfico a ver qué texto nos espera, el resultado es, cuando menos, curioso.

La palabra “patria” no se menciona, y las palabras “revolución” y “socialismo” sólo aparecen dos veces en 32 páginas. Aunque el título habla de política económica y social, la palabra “ciudadano” aparece sólo dos veces y 16 la palabra “inversionista”; “derechos”, una vez; “obligaciones”, 4, y los términos recaudatorios: “tributario” o “impositivo”, 6. “Satisfacer las necesidades de la población” se menciona una vez, el término “necesidades”, 4, y 13 veces la palabra “consumo”. En cambio, “capital”, o “capitalización” aparecen en 15 ocasiones. ¿Qué capital? “Pesos cubanos”, 3; “pesos convertibles”, una, y “divisas”, 10. “Internacional” se repite 26 veces, contra 23 “nacionales” y, al menos en el papel, las 40 “exportaciones” superan a las 38 “importaciones”. Aunque en la Cuba futura primará la “planificación”, palabra que aparece 13 veces, sobre el “mercado”, esta última se repite en 27 ocasiones, a una por página, o casi.

Con estos antecedentes, nos adentramos en el texto que empieza culpando de la situación actual a la crisis mundial, la pérdida del 15% en el poder de compra de las exportaciones entre 1997 y 2009, el bloqueo, desde luego; los huracanes y la sequía, aunque reconoce “baja eficiencia, descapitalización de la base productiva y la infraestructura”, el déficit de la balanza de pagos, y el elevado monto de los vencimientos de la deuda, así como “las tierras todavía ociosas, que constituyen cerca del 50%”. Quienes dirigen la economía cubana desde 1959, cuando era solvente, sin deuda y con una balanza de pagos favorable, no son culpables de sus descalabro, sino el pueblo, envejecido y estancado en su crecimiento poblacional, habituado a gratuidades, subsidios y paternalismo estatal que ahora serán erradicados. También se impone “incrementar la productividad del trabajo, elevar la disciplina y el nivel de motivación del salario y los estímulos”, pero tampoco se aclara quién los desestimuló en su momento.

Lo primero que llama la atención es el énfasis relativo. Aunque se anuncia la intención de “preservar las conquistas de la Revolución”, el documento dedica tres páginas a las políticas sociales y el resto a las políticas económicas, con un acento especial en las políticas económicas externas, la macroeconomía, las exportaciones y el turismo que, en total, ocupan casi la mitad del texto.

En general, sus lineamientos ponderan aquellas vías que, efectivamente, pueden reconducir la economía cubana, abierta e interdependiente, hacia una feliz reinserción en la economía mundial. Se hace énfasis en “Continuar propiciando la participación del capital extranjero” (acápite 89)[1] y que éste otorgue “acceso a tecnologías de avanzada, métodos gerenciales, sustitución de importaciones, y no menos importante: satisfacer las necesidades de la población” (90), así como “Favorecer la diversificación en la participación de empresarios de diferentes países” (94). La monogamia económica con Estados Unidos, la Unión Soviética y Venezuela en menor medida han sido funestas para el desempeño de la economía cubana. De momento, el texto no menciona la posibilidad de ofrecer un espacio a inversionistas cubanos del exilio que aportarían no sólo capital, “tecnologías de avanzada y métodos gerenciales”, sino un particular conocimiento de la realidad cubana pero desde una óptica globalizada.

Las estrategias de desarrollo, sin olvidar las exportaciones tradicionales cuya eficiencia deberá aumentarse, apuestan por producciones de alto valor añadido, especialmente la industria médico-farmacéutica y la informática. En ese sentido, Cuba cuenta con una mano de obra altamente calificada, un recurso que se filtra día a día hacia el exilio por falta de oportunidades y que, en los últimos años, dadas las limitaciones en el acceso a la educación superior (que se anuncian mayores en el futuro) no se repone a la misma velocidad que se pierde. Ha sido muy confortable gobernar durante medio siglo sin oposición ni prensa independiente y, sobre todo, sin la presión de cumplir un programa en menos de cuatro años y rendir cuentas a los electores. Ahora, de la agilidad con que se redireccione la economía cubana dependerá su destino: Corea del Sur o Guatemala.

Aunque la perspectiva es “orientar el desarrollo industrial, como dirección fundamental, hacia el fomento de las exportaciones, reduciendo su componente importado” (197), según el modelo chino, se apuesta también por “alternativas de financiamiento mediante la inversión extranjera de aquellas industrias no exportadoras pero que aseguren producciones esenciales a la economía o en la sustitución de importaciones” (99). De nada valdría apostar por sectores de alto valor añadido si lo obtenido se pierde como consecuencia de un sistema férreamente centralizado de decisiones, importaciones masivas de alimentos y otros rubros que el país puede producir con sólo aflojar las ataduras a los productores y modificar un fosilizado sistema de relaciones mercantiles. Por eso el acápite 167 propone la “utilización más efectiva de las relaciones monetario-mercantiles (…) promover una mayor autonomía de los productores (…) una gradual descentralización hacia los gobiernos locales”; “descentralizar el sistema de gestión económica y financiera” (168); “independizar las distintas formas de cooperativas de la intermediación de las empresas estatales” (169). Aunque se subraya que el Estado regulará “la cantidad de dinero en circulación y los niveles de créditos” (52) y “se mantendrá el carácter centralizado de la determinación de las políticas y del nivel planificado de los precios de los productos y servicios que estatalmente interese regular” (62). Lo cual ocurre en no pocos países. La pregunta es si apostarán por encontrar el punto de equilibrio entre la planificación y el mercado, o recaerán en el rígido e ilusorio determinismo del Gosplan y la Junta Central de Planificación, dado que “el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional” (1).

Respecto a la agricultura, además de acelerar el traspaso de ese 50% de tierras ociosas (176), proponen “adecuar la producción agroalimentaria a la demanda y la transformación de la comercialización (…) limitando la circulación centralizada para aquellos renglones vinculados a los balances nacionales; otorgando un papel más activo a los mecanismos de libre concurrencia para el resto de las producciones” (170); “reestructurar el actual sistema de comercialización de los insumos y equipamiento” (171); “modificar el sistema de acopio y comercialización de las producciones agropecuarias mediante mecanismos de gestión más ágiles” (172). Y el acápite 177 anuncia que “la formación del precio de la mayoría de los productos responderá a la oferta y la demanda y, como norma, no habrá subsidios”. ¿Resolverá eso de una vez los graves problemas de la agricultura cubana? Dependerá del grado de libertad que se conceda al nuevo campesinado, lo atractivo que resulte el regreso a la tierra y siempre que los precios de los insumos y el sistema impositivo no los ahoguen antes de nacer. En tal caso, Cuba seguirá comprando lechugas en Canadá, pollos en Kentucky y mangos en Dominicana para abastecer a la población y a un turismo que continuará sin ser el motor de producciones subsidiarias.

El documento se refiere también a los factores medioambientales, a la eficiencia energética, y apuesta por el uso de energías alternativas, así como el empleo racional de los recursos hidráulicos (incluyendo “el reordenamiento de las tarifas del servicio”) (282).

La experiencia china demuestra que una mano de obra laboriosa, calificada (más, proporcionalmente, en el caso de Cuba) y sin derechos es muy atractiva para el capital, que es escurridizo, oportunista y que en un mundo globalizado cuenta con más derechos migratorios que las personas. Los chinos supieron seducirlo colgando mil millones de obreros potenciales en el anzuelo, hasta que hoy, en una situación de dominio, son ellos quienes se dejan seducir. Por eso es llamativo encontrar en este documento, racional en sus lineamientos esenciales, un exabrupto totalitario: “Aplicar el principio de: quien decide no negocia, en toda la actividad que desarrolle el país en el plano de las relaciones económicas internacionales” (67). Al parecer, los generales de La Habana todavía no han comprendido que en el campo de batalla de la economía mundial no pasan de reclutas. Y tampoco disponen de mil millones de chinos.

Un aspecto interesante es el que se refiere a la colaboración internacional. Durante decenios nos la han vendido como una operación altruista de proporciones épicas, sin informarnos sobre su peso en la agenda política personal de Fidel Castro. Aunque ya se sabe que buena parte de la cooperación médica se practica hoy contra reembolso o contra petróleo venezolano, ahora esto se eleva a política de Estado: “Propiciar que la colaboración internacional que Cuba recibe y ofrece se desarrolle de acuerdo con los intereses nacionales” (101). Véase que la palabra “nacionales” no equivale a “políticos”, aunque pudiera incluirlos. “Continuar desarrollando (…) la colaboración (…) y establecer los registros económicos y estadísticos (…) especialmente de los costos” (103). Y “considerar, en la medida que sea posible, en la colaboración solidaria que brinda Cuba, la compensación, al menos, de los costos” (104).

Uno de los aspectos que más expectación ha despertado es la ampliación del trabajo por cuenta propia y la autorización de constituir empresas y contratar trabajadores. Algo imprescindible, a menos que se quiera promover un estallido social, cuando se prevé el despido de más de un millón de trabajadores, la cuarta parte de la población activa. Según el diario Granma (http://www.granma.cubaweb.cu/2010/09/24/nacional/artic10.html), podrán realizarse por cuenta propia 178 actividades, “de las cuales 83 podrán contratar fuerza de trabajo sin necesidad de que sean convivientes o familiares del titular”. Los Lineamientos de la política económica y social contemplan la aparición de “mercados de aprovisionamiento que vendan a precios mayoristas y sin subsidio para el sistema empresarial y presupuestado, los cooperativistas, arrendadores, usufructuarios y trabajadores por cuenta propia” (9). El hecho de que no haya, al menos en el papel, distingos ni, presuntamente, diferencias de precios para empresas estatales y privadas sienta un sano precedente de fair play en la competitividad. Y se reorientarán “a corto plazo las producciones del sector industrial con vistas a asegurar los requerimientos de los mercados de insumos necesarios a las distintas formas de producción (en particular, las cooperativas y trabajadores por cuenta propia)” (199). Por otra parte, “el sistema impositivo estará basado en los principios de la generalidad y la equidad de la carga tributaria, se aplicarán mayores gravámenes a los ingresos más altos, para contribuir a atenuar las desigualdades entre los ciudadanos” (57), lo cual es, en sentido general, justo, siempre que el monto de los impuestos no ahogue precozmente a los empresarios emergentes, y siempre que se destierre la discrecionalidad impositiva, como hace temer la Resolución No. 287/2010, según la cual “los Consejos de la Administración municipales del Poder Popular pueden revisar e incrementar los tipos impositivos mínimos establecidos. Para ello deben tener en cuenta las características de la vivienda o habitación, zona de ubicación y las propias del contribuyente”. ¿Cuáles son las características “propias del contribuyente”? ¿Queda a discreción de cada Consejo? Otro pésimo condicionante es el acápite 5: “La planificación abarcará no solo el sistema empresarial estatal y las empresas cubanas de capital mixto, sino que regulará también las formas no estatales que se apliquen”. ¿Significa que se planificará la producción a los cuentapropistas, artículos, precios, consumo de energía e insumos? ¿El Gosplan ataca de nuevo?

Aunque lo más significativo es que “en las nuevas formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales” (3). ¿Qué significa “concentración de la propiedad”? ¿Cuál es el límite? ¿Penderá sobre los empresarios la espada de la expropiación en el caso de que sean demasiado exitosos? Obviamente, los mandatarios cubanos no han leído atentamente a Deng Xiaoping, o lo han leído en la versión revisada y corregida por el pánico de Fidel Castro a que alguien se enriquezca con su trabajo.

Entre los despidos programados y los ya en ejecución, decenas o cientos de miles serán de profesionales. Pero de las 178 actividades por cuenta propia permitidas, ni una sola requiere calificación superior. A lo sumo, técnicos electrónicos, mecánicos o programadores. Y esto no es casual. El Estado considera a los profesionales SU inversión y, por tanto, SU propiedad. Mía o de nadie, como diría el mariachi. Y, por otra parte, teme la competencia de un sector privado altamente calificado que no se conforme con fabricar hebillas de plástico, sino que incursione en sectores de alto valor añadido que el Estado pretende monopolizar. Dado que no se ofrece a esos profesionales la posibilidad de emplearse (legalmente) por su cuenta, sólo les quedan tres opciones: la ilegalidad, el subempleo de sus capacidades o el exilio. Pérdida neta para el país en los tres casos: la ilegalidad no paga impuestos, el subempleo resta productividad al país, y el exilio… bueno, el exilio envía remesas, quizás sea, de las tres, la opción más productiva.

Además de otros muchos factores, como el “síndrome del líder”, la emigración como válvula de escape, la represión a la disidencia, la desinformación y la mitología, un elemento que ha evitado durante medio siglo la subversión del sistema, ha sido el mantenimiento, hoy precario, de algunas garantías sociales. Por eso el documento apuesta por “continuar preservando las conquistas de la Revolución” (129), aunque especifica que la “protección mediante la asistencia social” será “a las personas que lo necesiten” (131 y 165), y que “los servicios que se brindan a la población” serán rediseñados “según las posibilidades de la economía” (131), porque “resulta imprescindible reducir o eliminar gastos excesivos en la esfera social” (132); “disminuir la participación relativa del Presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social” (154); “reducir gratuidades indebidas y subsidios personales excesivos” (161), y “la eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento” (162), anotando que “es necesario perfeccionar las vías para proteger a la población vulnerable o de riesgo en la alimentación” (163). Se anuncia el cobro (sin subsidios) de los comedores obreros allí donde se mantengan (164) y el reajuste en los ingresos a las universidades de acuerdo a las necesidades del país (148). Al mismo tiempo, “deberá priorizarse el consumo de proteína animal, ropa y calzado; la venta de efectos electrodomésticos, materiales de construcción, mobiliario, ajuares del hogar, entre otros” (288).

En un aspecto tan sensible como la vivienda, cuyo déficit alcanza al medio millón, el documento propone “adoptar nuevas formas organizativas en la
construcción, tales como: las cooperativas y el contratista como trabajador por cuenta propia” (272); priorizar “las labores de mantenimiento y conservación del fondo habitacional” (273); fomentar la fabricación de casas por cuenta propia, curso en TV incluido, y que la reparación de edificios multifamiliares corran por cuenta de los inquilinos (276). La “venta a la población [de materiales] con costos mínimos y sin subsidios” (277) y “aplicar fórmulas flexibles para la permuta, compra, venta y arriendo de viviendas, para facilitar la solución de las demandas habitacionales de la población” (278).

Volviendo a la Lexicometría, ésta no andaba muy descaminada: en el documento hay más obligaciones que derechos, obtener capital y conseguir que las exportaciones superen a las importaciones es el propósito, y la voluntad de planificación tendrá que subordinarse a las realidades del mercado.

¿Qué Cuba prefiguran estos Lineamientos para los años venideros?

Ante todo, es evidente que el tiempo del país subvencionado llega a su fin. Incluso el petróleo venezolano es incierto. Urge encontrar soluciones para que no se consume la bancarrota del país y de una fórmula de poder que ha sobrevivido durante medio siglo. A pesar de los votos de fe en la Revolución y la “planificación socialista” (al mejor estilo Fidel), las leyes del mercado vertebran todo el proyecto de economía exportadora, al estilo chino, en el que Raúl cifra su única esperanza de conservar el poder político haciendo concesiones económicas. Chino, ma non troppo. Es obvia la voluntad del generalato en mantener el control y la “planificación”, atajar el “éxito excesivo” del empresariado naciente, monopolizar la mano de obra altamente calificada y las industrias punta, y vetar la entrada al capital del exilio, lo que consumaría la bancarrota simbólica, al tiempo que libran a su suerte a una buena parte de la población activa y recortan las garantías sociales. ¿Podrán mantener el control sin desestimular el espíritu emprendedor y la creación de riqueza? ¿Conseguirán que una buena parte de la mano de obra altamente calificada se resigne a subutilizar sus capacidades? ¿Comprenderá la población que en un Estado nada paternalista y con garantías sociales recortadas, una nomenklatura parasitaria es prescindible? No hay dudas de que el modelo de desarrollo que propone el proyecto es, en lo esencial, ajustado a las potencialidades del país, sólo que quienes proyectan el camino lo han minado también con sus obstáculos a la libertad y sus baches de control donde la creatividad podría hundirse. Es, en cualquier caso, una Cuba diferente donde el Estado deja de ser el empleador omnímodo y el padrecito que reparte salud y educación, y una buena parte de la población empezará a ser dueña de su destino, al menos en lo económico, la primera de las libertades. Echará de menos las restantes. Y es eso, justamente, lo que más temen los generales.

La última pregunta que me hice tras leer el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social es si sería constitucional, pero esa pregunta la responderé mañana.

[1] En lo adelante, los números entre paréntesis corresponden a los acápites del documento.

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