Bajos salarios, elevados precios

La brecha entre salarios y precios sigue aumentando en Cuba, lo que constituye una situación anómala con consecuencias que van desde el aumento de la corrupción y el robo hasta la amenaza potencial de disturbios y caos. Y lo peor en este caso es que el principal empleador del país, que es el gobierno, no enfrenta el problema con decisión y premura.

Durante este año el Gobierno cubano ha llevado a cabo una controversial política de control de precios, dirigida a los vendedores particulares de productos agrícolas, pero con dicha medida se elude, más que se enfrenta, el problema principal: la necesidad de adquirir artículos fuera de la red estatal de abastecimientos, no solo en lo que se refiere a productos alimenticios sino a la amplia gama de géneros necesarios para cubrir las necesidades de la vida cotidiana.

Desde 1990 los precios no han cesado de aumentar. El fin del subsidio soviético y el inicio del llamado “período especial”, aún vigente en muchos aspectos, trajo como consecuencia que se dispararan las desigualdades en la Isla. No es que estas no existieran con anterioridad, pero se mantenían en parcelas que delimitaban privilegios: el grupo dirigente; un sector dedicado al trabajo privado de forma parcial o completa, más o menos reducido según los años, y la mayoría del sector laboral, que era empleado por el Estado, desde profesionales hasta auxiliares de limpieza.

Al comenzar a quebrarse esta parcialización surgieron dos fenómenos hasta entonces desconocidos en Cuba: la posibilidad de vivir —y de vivir bien— gracias a la entrada permitida de dinero desde el exterior y la oportunidad de obtener ingresos, en cifras que el Gobierno no es capaz de pagar, debido a la posesión de determinadas habilidades, capacidades, bienes o medios. El primer grupo de beneficiados fue constituido principalmente por aquellos con familiares residentes en el exterior, mientras que el segundo lo formaron desde artistas hasta cocineros y dueños de los ahora famosos “paladares”. Tras la llegada de Raúl Castro al mando de los asuntos cotidianos en la Isla, las posibilidades de crecimiento de ambos grupos se han ampliado.

Sin embargo, el papel del Gobierno se ha limitado a permitir o controlar, impedir e ilegalizar, y no a desarrollar. De hecho, en este terreno las quejas que se formulan a diario a la actual presidencia es que no avance más rápido en esa permisividad a cuentagotas, que ha hecho que ahora los cubanos puedan, desde tener una computadora hasta poder viajar al extranjero.

Claro que al mismo tiempo, ese gobierno de naturaleza totalitaria en la mayoría de sus acciones, ha dejado en manos privadas el asunto de conseguir el dinero necesario, tanto para comprar el equipo como el pasaje.

Es decir, que al tiempo que se han democratizado las diferencias (ya la desigualdad no se siente en el viaje del dirigente a los países socialistas sino en el dinero que tiene el vecino para comprar un televisor de pantalla gigante), la adquisición de los bienes de consumo han pasado de métodos políticos y sociales a formas individuales (ya el centro de trabajo y el colectivo laboral no otorga la autorización para comprar el televisor, sino el dinero que se recibe del extranjero o que se gana de forma privada). Dicho de forma rápida: el Estado cubano se desentiende cada vez más del problema de la subsistencia de sus ciudadanos.

Se asiste entonces al desarrollo cada vez mayor de una especie de engendro económico, en que el “carácter socialista” viene determinado por el monopolio en el comercio de ventas al por mayor, y en buena medida también minoristas, mientras se desentiende del incremento, o incluso el mantenimiento, de la creación de empleos bien remunerados. Esta actuación esquizofrénica solo es posible de mantener bajo el principio de que el Estado te vende, pero no te paga lo suficiente para comprar, por lo que mira hacia el exterior para los ingresos: remesas, turismo, servicios médicos y profesionales en general en otros países y ventas también en el exterior de productos muy específicos, como la industria farmacéutica y algunos minerales. Lo curioso es que, con esta actitud parásita al extremo, el Gobierno logre mantener un control absoluto y sustentar una retórica nacionalista.

Según los datos del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de acuerdo a la publicación mexicana Financialred, vemos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) muestra una media en la región de $354, pero algunos países están muy por debajo, como Cuba que tiene un SMI de $20.

Venezuela, por su parte, tiene un salario mínimo de $34 (a cambio SIMADI), lo que supuestamente equivale a $11.577,82, pero a partir de ahí no se pueden establecer comparaciones con respecto a la canasta básica, porque el Gobierno de Nicolás Maduro no admite las cifras del dólar paralelo. Así, el país con mejor SMI sería Venezuela con $885 (a tener presente que el dólar paralelo no se contempla para los datos estadísticos, por su carácter ilegal), por lo que es simplemente un dato falso.

De acuerdo a la tabla del PNUD, el salario mínimo cubano se sitúa para 2016 en $23, mientras que en Panamá es $744, Costa Rica $512 y Argentina $448.

La cifra del salario mínimo no es un valor absoluto. Hay que compararlo con el precio de la canasta básica y deducir entonces el poder de cobertura que representa ese dinero.

Así, en el caso de México, por ejemplo, con un salario mínimo de $120, que equivale a 2.220.41 en moneda nacional, y con una canasta básica de 2.860 pesos mexicanos, lo que equivale a que el mexicano promedio solo cuenta con un 77,62 % de poder de cobertura.

Sin embargo, en lo que respecta a dicha comparación, nos encontramos que es imposible hacer una comparación verdadera en el caso de Cuba, porque dichas cifras están distorsionadas por la forma en que el Gobierno las maneja.

Así, con relación a Cuba tendríamos un salario básico de $23, que equivale a 26,5 al cambio, una canasta básica de 25 en igual moneda y un poder de cobertura de 106,00 %.

Viendo simplemente esas cifras la situación no sería tan desfavorable para el cubano, en comparación con el mexicano, pero la tasa de cambio es impuesta y no responde a las características económicas del país y lo que se ofrece como canasta básica apenas alcanza para mal comer unos cuantos días.

Un argumento siempre esgrimido por el Gobierno cubano y sus defensores es que una buena parte de los gastos cotidianos de sus ciudadanos están cubiertos completamente por el Estado o parcialmente subsidiados, pero si la comparación se establece con otra nación latinoamericana como Costa Rica, que no es un país superdesarrollado pero que al mismo tiempo brinda servicios gratuitos de educación y salud pública, encontramos que los indicadores costarricenses son los siguientes: salario mínimo $512, que equivalen a 288,386.69 en moneda nacional, con una canasta básica al costo de 500,28 colones, que equivalen al costarricense contar con un poder de cobertura de un 576,45 %.

Es decir, un costarricense, alguien que no vive en Estados Unidos ni en un país europeo, disfruta de una vida mucho mejor que un cubano.

Pero el problema principal de Cuba no es simplemente la distorsión de las cifras a los efectos de los índices, las tablas y las comparaciones, sino que esa tergiversación

evidencia uno de los problemas básicos de la economía de la Isla, y es la existencia de una doble moneda.

Aunque limitarse a ver solo todo este asunto como el resultado de la existencia de una dualidad monetaria es interpretar un resultado del problema como la esencia del mismo.

La dualidad monetaria en Cuba es un problema que el Gobierno de la Isla admite, pero cuya solución está subordinada, al menos en teoría, siempre se subordina a otro problema. Primero a un aumento de la productividad y ahora a un incremento de las inversiones.

Sin embargo, este enfoque no solo parece estar cada vez más alejado de cualquier posibilidad de éxito, sino que en la práctica no cumple la función de plan de largo alcance para lograr un objetivo, aunque sí un fin más inmediato: dilatar el asunto y trasladarlo a una especie de limbo que intenta ocultar la falta de capacidad o de disposición para hallar una solución. Una estrategia destinada al fracaso económico que es en realidad una táctica política, la cual hasta ahora ha logrado su meta: considerar transitorio un callejón sin salida.

Se repite así la paradoja del modelo cubano, donde la falta de eficiencia productiva actúa muchas veces como carta de triunfo político.

© cubaencuentro.com