El Gobierno cubano asegura que Alan Gross violó leyes al implementar “programa encubierto”

El Gobierno de Cuba, a través de su Sección de Intereses en Washington, afirmó hoy que el subcontratista estadounidense Alan Gross fue enjuiciado por violar las leyes del Estado cubano al poner en marcha “un programa encubierto financiado” por Estados Unidos.

En una declaración enviada esta noche a Efe, la Sección de Intereses de Cuba insistió en que Alan Gross “no está en prisión por ayudar a los judíos en Cuba a conectarse al internet”, sino por violar las leyes en la Isla.

Gross fue enjuiciado con apego “a todas las garantías” y fue sometido a juicio “porque él violó las leyes cubanas al implementar un programa encubierto financiado por el Gobierno de EEUU y dirigido a interrumpir el orden constitucional en Cuba”, indicó.

“Durante sus visitas a Cuba, Gross nunca le comunicó a las personas que contactó que él estaba trabajando para un programa del Gobierno estadounidense. Las actividades encubiertas realizadas por Alan Gross en Cuba constituyen crímenes en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos”, alegó.

El documento no menciona por nombre el programa encubierto en el que Gross presuntamente trabajaba en la Isla.

Al romper su silencio sobre el caso, en víspera del segundo aniversario del encarcelamiento de Gross, las autoridades cubanas señalaron además que “todas las sinagogas en Cuba tienen acceso al internet; lo tenían antes de que Alan Gross visitó Cuba”.

En el documento de cuatro puntos, la Sección de Intereses no indica cuántas veces visitó Gross la Isla ni si confiscaron sus equipos.

Explicó, sin embargo, que ante la cobertura mediática que ha recibido el caso de Gross en los últimos días, quiso “compartir la visión de la parte cubana sobre el asunto”.

“El Gobierno cubano ha transmitido al Gobierno estadounidense su voluntad para encontrar una solución humanitaria al caso de Gross de manera recíproca”, puntualizó el documento.

Gross, de 62 años, fue detenido en Cuba el 3 de diciembre de 2009 y condenado en marzo pasado a 15 años de cárcel, acusado de participar en planes subversivos contra el Estado por distribuir tecnología de comunicaciones en la comunidad judía de la Isla.

En el momento de su arresto, Gross, oriundo de Baltimore (Maryland), trabajaba para “Development Alternatives” (DAI), una empresa subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).

El programa de Cuba de USAID, dotado de 20 millones de dólares para el año fiscal 2012, centra sus esfuerzos en “incrementar la capacidad de los cubanos de participar en asuntos cívicos y en mejorar las condiciones de derechos humanos en la isla”, señala la agencia federal en su página web.

A lo largo de la jornada de hoy, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, así como líderes demócratas y republicanos del Congreso y representantes de grupos cívicos exigieron la “inmediata” liberación de Gross por razones humanitarias.

Su esposa, Judy, y su madre, Evelyn, han suplicado esta semana al Gobierno de La Habana que lo libere de la prisión Carlos Finlay, porque Gross padece de varios problemas médicos y ha perdido 45 kilos, y consideran que la sentencia es demasiado severa.

La ausencia de Gross se añade a las penurias de su familia: Evelyn, de 89 años, tiene cáncer inoperable en ambos pulmones; una hija del subcontratista fue recientemente operada de cáncer de seno, y Judy vendió su casa y se ha trasladado a un apartamento porque, como dijo en una entrevista con EFE esta semana, “el dinero no alcanza”.

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