El sitio para robar y el lugar para vender

Desde que comenzó la escasez en Cuba, proliferó un mercado negro cuya fuente fundamental de suministros es el robo.

La corrupción siempre ha sido —y continúa siendo— el delito por excelencia, a la hora de condenar a un miembro del Gobierno. Aunque se ha usado como causa para una destitución, especialmente desde que el general Raúl Castro ocupa la presidencia del país, nunca la ineficiencia ha logrado suplantar a la corrupción como el crimen imperfecto del dirigente o funcionario cubano.

Salvo en los casos de delitos más notables, la propaganda siempre ha tratado de establecer la creencia de que los robos constituyen un delito en que la población es la principal afectada, por encima del Estado, con el objetivo de lograr un mayor rechazo ciudadano hacia los culpables.

Esta disyuntiva resultaba secundaria a la hora de ejemplificar en un modelo caracterizado por la mezcolanza de los conceptos de patria, nación, Estado y ciudadanía, pero primordial en la creación de un estereotipo de víctima, caracterizada por el desamparado y la pobreza, como constituye el ciudadano común, y no en otro esquema ―utilizado de forma más o menos de forma consciente por los especuladores y contrabandistas― en que se le quitaba algo a la poderosa maquinaria estatal para repartirlo entre los ciudadanos de a pie, aunque a cambio de un pago excesivo.

Se desconocen —o al menos no son públicos— los datos que permiten establecer en qué medida el mercado negro se ha alimentado de lo que se le quita a la población, a la hora de la venta para el consumo, y no de lo que se sustrae en las etapas anteriores del proceso.

El ejemplo de una heladería cualquiera puede ilustrar esta situación. Se ha hecho énfasis en que el robo de helado ocurre en el momento en que el vendedor le quita a cada comprador un poco del producto, para al cabo del día contar con varios galones disponibles para la venta en beneficio propio.

Sin embargo, la práctica generalizada de este tipo de robo por lo general se fundamentaba en otro sistema: el administrador del establecimiento, de acuerdo con uno o varios empleados, vendía en el mercado negro una parte de los suministros que recibía, y cuando tenía noticias de que iba a realizarse una inspección rompía las neveras.

Como el arreglo de dichas neveras demoraba, en el mejor de los casos, varios días, declaraba como pérdida todo el helado almacenado, por lo común una cantidad mucho menor a la que debía tener.

Aquí el delito es mucho más complejo y grave que el limitado a quitarle un poco de helado a cada persona. Incluye una red de corrupción muy amplia.

El administrador era avisado de la visita de un inspector, dispuesto a hacer una denuncia de encontrar un faltante (en caso de que éste no formara parte de la red de venta o no se dejara sobornar), y optaba por destruir la propiedad estatal ante el peligro de ser cogido en falta.

Para encubrir su falta, incurría en un delito aún mayor, y al robo de una porción del helado recibido se agregaba la destrucción de la maquinaria del establecimiento. Así, este tipo de conducta representa para el Estado un delito mucho más costoso que una simple sustracción de medios.

Es precisamente contra estas actividades ilegales que el gobierno de Raúl Castro desarrolla una amplia campaña, al tiempo que también persigue algunos casos de corrupción mayor.

Sin embargo, la persecución de estos delincuentes siempre se ha dificultado por las implicaciones políticas de los casos. En Cuba los parámetros políticos tienen un mayor peso que la capacidad administrativa a la hora de escoger a la persona para que esté al frente de una empresa.

Esto ha dado como resultado el surgimiento de reglamentos y normas, en muchos casos ridículos, que pretenden medir y dejar bien establecidos los requisitos y las cantidades que deben cumplir cualquier alimento elaborado, así como lo que se espera que se lleve a cabo en el momento de realizar un servicio. Durante una época, las recetas y las medidas a la hora de hacer una bebida o un batido se convirtieron en normas establecidas por decretos gubernamentales.

En planes y discursos, el actual mandatario cubano ha declarado el fin de esa vinculación estrecha entre la administración, el Gobierno y la maquinaria ideológica, pero hasta el momento los resultados son pobres o casi nulos. Lo que es más, sin un cambio constitucional y profundo, que implique la abolición del concepto del Partido Comunista de Cuba como la “fuerza dirigente superior” de la sociedad y del Estado, que “organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia lo sociedad comunista”, no existirá la posibilidad de una amplia transformación. Hasta que eso no ocurra, Cuba estará más cerca de un Estado teocrático que de una forma de gobierno de poder distribuido, no solo característico de una nación democrática sino fundamento necesario para una separación de funciones.

Mientras persista en Cuba que —en lo que respecta a la distribución y el consumo de alimentos y mercancía— la corrupción y el robo sean simplemente los instrumentos necesarios para alimentar un sistema paralelo de compra y venta, la clara distinción entre el sitio para robar y el lugar para vender tenderá a difuminarse.

Desde hace unos años viene desarrollándose otra variante de este sistema de robo organizado, y paradójicamente ahora incluso se ejerce a favor de la administración. En la actualidad algunas empresas estatales —aquí tampoco hay cifras precisas recurren al delito para poder brindar sus servicios.

Si antes el mercado negro funcionaba como un medio paralelo donde los ciudadanos podían adquirir las mercancías que no encontraban en cantidades suficientes en el mercado estatal, ahora es este último el que no puede prescindir del mercado negro para seguir funcionando.

Se robaba en una tienda, bodega y pizzería, para luego vender en la calle lo sustraído. Había una distinción entre el establecimiento, de propiedad estatal, y el contrabando que entraba en la casa, si era posible, por la puerta trasera. Ahora todo se ha mezclado.

En competencia con la tienda o el restaurante estatal están otros, de mayor o menor presencia física, pero mucho más eficaces, que ofrecen una oferta mucho más diversificada o incluso venden lo que en las tiendas estatales no hay. Pero también hay otros establecimientos, en que los empleados y administradores afirman que tienen que dar menos de lo establecido porque ellos mismos han tenido que buscar, al margen del Estado, los productos o artículos necesarios para el servicio. Estos son los lugares que aspiran o han logrado la categoría de cooperativas de servicio.

Estamos entonces en presencia de una mezcla de realidad capitalista bajo una envoltura o disfraz de esfera de servicios socialista.

En muchos casos, lo que ocurre es un problema de precios. Administradores que dicen que tienen que ofrecer servicios a un precio mayor que lo establecido para así cubrir los costos de artículos adquiridos fuera de la red estatal , porque no son proporcionados por las instancias estatales.

En la práctica, el cumplimiento de la ley imposibilita el servicio. Las normas del Gobierno no responden a la realidad del país. Diversas investigaciones, hechas públicas por la prensa oficial reportan que más de la mitad de las empresas estatales venden productos o brindan servicios a un precio mayor al anunciado o en cantidades menores a las ofrecidas.

En este sentido, otra de las tantas caras de la corrupción y el desorden en Cuba es que algunos delitos desempeñan un papel productivo y mercantil, que al tiempo que causan un problema resuelven muchos otros, y cuya solución es en última instancia la elaboración de leyes y procedimientos más adecuados a la realidad del país, y entonces establecer los requerimientos legales a cumplir.

Lo notable en todo esto es que las soluciones son sencillas, están a la vuelta de la esquina y no tienen necesariamente que excluir la propiedad estatal del comercio mayorista ni la vuelta a un capitalismo salvaje: dejar por completo a la pequeña empresa privada o cooperativista el comercio minorista y los servicios. Algo se ha avanzado en ese sentido, pero no lo suficiente. Así Cuba resolvería una buena parte de los problemas que agobian a la población y posibilitaría un incremento en los ingresos acompañado de un alza salarial que responda al costo real de la vida en la Isla.

Aunque existen pronunciamientos en contra de la concepción malsana de convertir el Estado en proveedor absoluto, control omnipotente y fuente de beneficios y castigos, en la práctica se avanza muy lentamente para poner fin a esta situación.

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