Las reformas de Raúl Castro podrían acentuar la brecha social en Cuba

Castro reveló en septiembre su plan de recortar medio millón de empleos estatales y expandir el sector privado. Las medidas, según dijo, son imprescindibles para revivir la economía y salvar el sistema socialista cubano.

Más de 80.000 personas han aprovechado hasta ahora la oportunidad de ganarse legalmente la vida fuera de la administración pública. Nuevas cafeterías, peluquerías y puestos de venta de DVD piratas están cambiando la cara de las ciudades de Cuba.

“Gano en un día el salario de una semana como técnico de una empresa del Estado”, afirmó Gerardo, que renunció a su empleo y ahora alquila dos habitaciones de su casa. “Ahora no somos tan mal mirados. Hasta el Gobierno está diciendo que el trabajo por cuenta propia también es honrado si se cumplen las reglas”, agregó.

Pero la aparición de los nuevos pequeños empresarios como Gerardo ocurre en un contexto de incertidumbre por los despidos masivos en la administración pública, durante 50 años casi el único empleador en Cuba. El Gobierno apuesta por que muchos de los parados sean absorbidos por el sector privado.

Las diferencias sociales en la Isla fueron mínimas tras la revolución de Fidel Castro en 1959. Durante tres décadas, el régimen garantizó a los cubanos un empleo y les ofreció comida, ropa y hasta juguetes a precios fuertemente subvencionados.

Pero la primera fisura en el tejido social apareció en la década de 1990, cuando la desintegración de la Unión Soviética cortó la ayuda y Cuba tuvo que recurrir al turismo y abrirse un poco a la inversión extranjera. Así emergió un pequeño grupo de cubanos con acceso a moneda dura que les permitía vivir por encima de la media.

“Aquí las diferencias entre ricos y pobres hace tiempo que existen. Lo nuevo es que ahora uno puede ganar dinero de manera legal, pagando impuestos”, aseguró Miguel, de 37 años, que acaba de abrir un restaurante en la terraza de su casa en La Habana.

El Gobierno cubano ha dicho que no va a desamparar a nadie. Los impuestos del sector privado permitirán seguir financiando servicios gratuitos como la salud y la educación. Las reformas buscan reducir el peso del Estado y hacer más eficiente la economía socialista. Pero el trago es amargo y el Gobierno lo sabe.

“Es vital explicar, fundamentar y convencer al pueblo de la justeza, necesidad y urgencia de una medida, por dura que parezca”, dijo Raúl Castro al Parlamento cubano en diciembre pasado.

Para muchos cubanos, la prueba de que las reformas van en serio es la eliminación gradual de los alimentos repartidos mediante la libreta de racionamiento, un sistema creado en la década de los sesenta para garantizar alimentos básicos a precios subvencionados.

“No es posible. Si quitan la libreta ¿qué hacemos los pobres?”, preguntó Cristina, de 86 años, ante la mirada compasiva de sus vecinos durante una reunión en La Habana.

“Mi vieja, no hay remedio”, le respondió Ramiro, un joven comunista. “Las cuentas no dan y Raúl (Castro) dijo que el país no puede gastar más de lo que tiene”, concluyó.

Aunque insuficientes, los alimentos entregados a través de la libreta son cruciales para cubanos como Cristina, cuya jubilación mensual de 242 pesos (6,7 dólares) se evapora rápidamente en mercados en divisas con sobreprecios de más del 200%.

El Gobierno asegura que la economía seguirá siendo planificada y no permitirá la acumulación de riquezas. La regla es simple: Quien más gane, pagará más impuestos.

Pero aún con márgenes de ganancia limitados por la falta de acceso a insumos a precios mayoristas, miles de personas están montando pequeños negocios y algunos sueñan con crear una cadena de restaurantes.

Los “nuevos ricos” cubanos tienen poco que ver con los oligarcas que emergieron en Rusia tras el colapso de la Unión Soviética. En Cuba, la diferencia puede ser tan simple como conducir un coche ruso marca Lada o pasar un fin de semana con la familia en el balneario de Varadero.

Castro ha pedido superar la desconfianza ideológica hacia los pequeños empresarios. También aclaró que esta vez no hay marcha atrás, a diferencia de lo que ocurrió en la década de los noventa, cuando permitió algunos negocios privados pero retrocedió apenas mejoró la economía.

Y hasta la Iglesia católica, que cobra cada vez más relevancia como interlocutor del Gobierno, echó su peso detrás de las reformas.

“La generación de riquezas, y el surgimiento de nuevos ‘ricos’ puede representar un desafío de orden ético o legal diferente, pero la pobreza extendida no resulta menos desafiante o peligrosa para nuestra sociedad”, señala un texto divulgado esta semana por la revista católica Palabra Nueva en un editorial titulado “Sin miedo a la riqueza”.

“El fin del Estado paternalista hará que algunos se sientan huérfanos y otros liberados. Debemos prepararnos para una nueva realidad, la de ganarse la vida con el esfuerzo propio después de tantos años esperándolo todo —aunque el todo no fuera tanto— del Estado”, alertó.

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