Portavoz de la familia Carromero niega trato de favor en prisión
Pablo Casado ha subrayado que Carromero se encuentra en la prisión de Segovia en las mismas condiciones y con los mismo horarios que los restantes internos con los que comparte módulo
El portavoz de la familia de Ángel Carromero y diputado del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que no existe ningún trato de favor en el centro penitenciario de Segovia hacia el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, reportó la agencia Efe.
En declaraciones a Efe, Casado se ha referido a una pregunta parlamentaria que va a presentar el diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Segovia Juan Luis Gordo sobre un trato de favor con el dirigente de Nuevas Generaciones, ingresado en la prisión segoviana desde el pasado día 29 para cumplir una condena de cuatro años impuesta en Cuba por homicidio imprudente en el accidente que costó la vida a los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Casado ha subrayado que Carromero se encuentra en la prisión de Segovia en las mismas condiciones y con los mismo horarios que los restantes internos con los que comparte módulo.
También ha destacado la buena integración de Carromero en el centro penitenciario segoviano teniendo en cuenta las malas condiciones en las que se encontraba en las cárceles cubanas.
Pablo Casado se ha extrañado de la próxima presentación de la pregunta parlamentaria del diputado socialista cuando los representantes de Exteriores del Comité Federal del PSOE, encabezados por Elena Valenciano, han mostrado, según él, “prudencia y respeto” durante estos meses.
Casado ha dicho que el parlamentario socialista puede estar seguro de que si le hubiera pasado a él lo mismo que a Carromero durante la dictadura de Pinochet en Chile el PP habría apoyado las gestiones del Gobierno de Felipe González para traerle a España.
El diputado del PP ha afirmado que no se trata de una cuestión ideológica sino de “un régimen democrático o no democrático”.
La extradición de Carromero a España se produjo fruto de la aplicación del convenio bilateral de ejecución de sentencias penales que los gobiernos de España y Cuba mantienen desde 1998, que establece que las penas impuestas en Cuba a nacionales de España podrán ser realizadas en centros penitenciarios españoles.
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