| Trata de cubanos |
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| Para encontrar una situación parecida, habría que remontarse a tiempos de la colonia. Un Estado que no le hace ascos a su 'derecho' de propiedad sobre los ciudadanos. |
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| por LUIS MANUEL GARCíA |
Parte 1 / 3 |
La trata de seres humanos es un fenómeno antiguo y universal. El caso más escandaloso fue el acarreo forzoso hacia América de millones de africanos. Pero existió antes y, renovando su modus operandi, persiste hasta hoy. El hombre es una mercancía rentable. En el sur de África se mantiene la esclavitud. Decenas de miles de mujeres son cada año objeto de la trata, y terminan en los prostíbulos, donde ejercen como esclavas sexuales. Las mafias transportan decenas de miles de inmigrantes desde China, Marruecos o México, y los mantienen en régimen de semiesclavitud hasta tanto no sufraguen una deuda sin fin.
Durante la época en que Cuba perteneció al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), integrado por el bloque de Europa Oriental, el Gobierno descubrió que era rentable exportar trabajadores. Miles de compatriotas fueron destinados a fábricas alemanas, o ejercieron de leñadores en los bosques de Siberia, donde se encargaron de labores que los nacionales no aceptaban. Idéntico proceso al que ocurría en Occidente, sólo que institucionalizado. Alemanes y rusos pagaban al Estado cubano por la mano de obra. El Gobierno de la Isla otorgaba al trabajador un estipendio y su salario en pesos cubanos. Y el trabajador eludía el paro, veía mundo y con frecuencia conseguía ahorrar unos pesos. Al caer el muro de Berlín, muchos de ellos decidieron quedarse en Alemania, esta vez por cuenta propia.
Con la crisis de los 90, la trata de trabajadores diversificó sus fórmulas. Médicos de la Isla trabajan en diferentes países, sobre todo de África y América Latina. El procedimiento es similar: el Gobierno cobra al país de destino lo que de acuerdo al contrato corresponda al profesional, y le otorga a éste su salario en pesos y un estipendio para su sostenimiento. El sistema se ha hecho extensivo a entrenadores deportivos, técnicos de diferentes esferas y marinos enrolados en buques de las más diversas banderas. No es raro que esos profesionales compren calculadoras, echen números, constaten la abrumadora diferencia entre lo que pagan por ellos los países donde ejercen, y lo que el Estado cubano les abona, y al cabo decidan exportarse definitivamente, pero sin intermediarios. El régimen intenta evitar esas "fugas" prohibiendo que los profesionales viajen con sus familias, que fungen como rehenes en Cuba, como garantía de regreso. Si aún así el profesional "deserta" del cuartelillo nacional, sabe que su familia será retenida entre tres y cinco años como castigo.
Idéntico procedimiento tiene lugar dentro de las fronteras nacionales, donde operan asociaciones económicas con capital extranjero de Canadá, España e Italia, seguidos de Francia, Holanda, Reino Unido y México. Con el propósito de atraer inversores extranjeros, y multiplicar la rentabilidad para el Gobierno, se han promulgado varias leyes que controlan estrictamente los derechos laborales de esos trabajadores. El Gobierno es el intermediario encargado de su selección, remuneración y despido, atendiendo a los requerimientos del inversionista y a las "cualidades" del empleado —Salvador Valdés, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, subrayó que las "personas más revolucionarias" serán las elegidas para laborar en el sector turístico—. Los trabajadores no podrán negociar libremente con sus empleadores, ni crear sindicatos, ni mucho menos reivindicar sus derechos o declararse en huelga. El Gobierno percibe de los inversionistas el salario en dólares de los trabajadores, y abona a éstos pesos cubanos, lo que supone una ganancia mínima del 2.500% para el Estado. No obstante, las propinas o premios en dólares y el acceso a cestas de productos convierten a estas plazas en objeto de deseo. Razón por la que en marzo de 1998 tres empleados de la agencia de contratación de la entidad estatal Isla Azul, en el complejo turístico de Varadero, fueron condenados a penas de entre 10 y 12 años de prisión por exigir hasta 700.00 dólares a cambio de empleos en el sector.
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