Konstantinov en mano, mis profesores de materialismo dialéctico se afanaron, en su día, por explicarme la dialéctica de la realidad objetiva: los favelados de Río de Janeiro, Caracas o Lima, levantaban sus ranchitos a la desbandada y sin permiso, en lugar de comprarse un apartamento en Copacabana, no por espíritu transgresor, sino por pura desesperación habitacional. ¿Culpable? El capitalismo mundial, por supuesto. Y enmendar esta situación pasaría por el cambio de las condiciones objetivas; no por eventuales medidas represivas. Pero al parecer en el caso de Cuba rige otra dialéctica. Carlos Lage afirma ahora que se resolverá “el orden y la legalidad en la vivienda” mediante “la elevación de la conciencia del pueblo, el fortalecimiento del combate político y de las ideas”. Ni ladrillos ni cemento. Combate, conciencia y política.

Desde mediados del 2000, cuando se modificaron el Decreto de la Ley de la Vivienda y el Decreto Ley 211, se dictó la Resolución 500 y el nuevo decreto de contravenciones, se han impuesto 2 057 multas, de ellas 1 530 en divisas, por un importe de 1 617 500 dólares (el salario mensual promedio de 177,925 trabajadores cubanos); se desahuciaron 548 ocupantes ilegales, y se confiscaron más de 1400 viviendas por violaciones en el alquiler, compraventas ilegales y otras causas. En la TV cubana se transmitió la confiscación de 21 residencias en el barrio Santa Fe, una de ellas, vendida por un cubano a un extranjero. Otra, declarada inhabitable, y aún así otorgada "por razones humanitaras'' a una pareja, fue remozada con materiales comprados ilegalmente, cuando lo correcto habría sido esperar a que el techo les cayera encima. Una tercera, fue construida ilegalmente en terrenos estatales con financiamiento de un extranjero. No hay necesidad, sino pura perversión.

Para remediarlo, Carlos Lage apela a la solución policial, aunque acota que no se trata sólo de combatir las ilegalidades, sino de crear un clima de trabajo y de acción que las evite –ya que no otorgan viviendas, optan por el cambio climático–. “Con ello salvamos a revolucionarios y buenas personas, que muchas veces por desconocimiento, debilidad o blandenguería caen en esta indisciplina social”. Es decir, en las favelas capitalistas, pura necesidad; en las favelas socialistas, blandenguería, debilidad y desconocimiento.

Juan Contino, coordinador nacional de los CDR, es más paternalista: “Somos nosotros, los buenos vecinos, los que tenemos que ir y advertir ‘estás levantando una casa gigante’, ‘estás alquilando ilegal y dejando que entren esas muchachitas (qué púdico) en tu casa...’. Hay gente que se está equivocando y los revolucionarios tenemos el deber patriótico de advertirlos, de reclamarles". Aunque deja entrever que con frecuencia las denuncias de los vecinos chocan contra los oídos sordos de la administración, y la impunidad campea.