Miradas Borinqueñas (Segunda Parte)

Eric Álvarez Feliciano es un escritor, abogado y activista social puertorriqueño. Desde adolescente militó en el Partido Independentista Puertorriqueño, la Federación de Estudiantes Pro Independencia (FEPI) y el Partido Socialista Puertorriqueño, donde fue Secretario de Organización.

Formó parte del grupo COABEY de la Nueva Trova. Asistió al Festival de la Juventud y los Estudiantes en La Habana (1979), a foros antiimperialistas en Panamá (1979), Caracas (1980) y Granada (1980) y al encuentro de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, en Praga (1980).

Fue dirigente estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, hasta obtener su licenciatura (Cum Laude) en Ciencias Políticas en el año 1981.

Participó en los grupos directivos de la Huelga de Estudiantes contra el Aumento en la Matrículas (1981-1982) y en la delegación de estudiantes en la ciudad de Nueva York para gestionar respaldo de la ONU a dicha huelga, lo cual le valió la prohibición de entrada (y una ulterior suspensión por 6 años) en la UPR.

Cursó estudios de Derecho (Cum Laude) en la Universidad Interamericana y la UPR (1984-1987), siendo electo presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho de Puerto Rico.

En 1985 participa en La Habana en el evento sobre la deuda externa. En 1988 participa en el grupo de apoyo en Puerto Rico a la candidatura de Jesse Jackson. De 1989 a 1993 forma parte de la Junta editorial del periódico regional El Barrio, de comunidades de trabajadores puertorriqueños. Participa (1995) en el comité multisectorial para la aprobación de la ley para conceder el derecho a organizarse en sindicatos a los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico. Publica sus crónicas de prensa, narraciones y poemas en diversos medios impresos y electrónicos de la isla y hoy responde a nuestro cuestionario sobre la realidad y la coyuntura borinqueña.

Dentro del panorama político puertorriqueño el proyecto de vinculación con EEUU representado por el “estado-libre asociado” parece ser la visión hegemónica dentro de la sociedad, refrendado por sucesivos procesos electorales. ¿A qué atribuyes esa situación y como quedan los otros proyectos (el anexionista y el independentista) en la actual coyuntura política nacional y regional?

Eric Álvarez Feliciano (EAF): Me veo obligado, antes que nada, a aclarar las premisas de las que parece partir esta pregunta. Trataré de ser breve ante un tema que por definición plantea diferentes aspectos que requieren un análisis extenso y detallado. En primer lugar hay que señalar que el llamado estado-libre-asociado, o ELA como es abreviado en Puerto Rico, constituye una relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. En segundo lugar, no existe un proyecto de anexión a Puerto Rico, toda vez que, a todos los fines prácticos, Puerto Rico ya está anexado a Estados Unidos. El proyecto, al que se pretende referir el término “anexionista”, es un proyecto dirigido a completar la integración jurídica y política a Estados Unidos, con el objetivo de poder tener representación en el Congreso y poder votar por el presidente de ese país, derechos que son fundamentales en toda democracia. En ese sentido el término estadoísta, o estadoísmo sería más preciso al considerar ese sector político.

Algunos datos ilustran mi señalamiento de que la “anexión” de Puerto Rico a Estados Unidos es un hecho consumado, estando planteada únicamente como asunto pendiente la integración política, jurídica y fiscal. Los puertorriqueños ostentan la ciudadanía norteamericana, razón por la cual tienen libre acceso a Estados Unidos y a su mercado de empleo. Ese factor, ha propiciado un masivo movimiento migratorio que ha elevado a cerca de 4,1 millones la cantidad de puertorriqueños residentes en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos reside más de la mitad de quienes se identifican como puertorriqueños, en total unos 7,9 millones de ciudadanos, incluyendo aquellos que residen en la isla, los cuales suman unos 3,8 millones.

Por otro lado, Puerto Rico funciona y es tratado como un estado federado de Estados Unidos. Puerto Rico es incluido en la mayoría de las leyes aprobadas por el Congreso, excepto en el caso de aquellas que le son evidentemente inaplicables, dadas principalmente por características geográficas o por disposición expresa del propio cuerpo legislativo. Puerto Rico cuenta con una corte del sistema federal de tribunales, los cuales adjudican controversias entre ciudadanos de diferentes estados de la federación, y los procedimientos de bancarrota en la isla son regidos por una ley federal que es instrumentada mediante una corte federal especializada en esta área de Derecho. De igual manera en Puerto Rico operan esencialmente todas las agencias federales, entre ellas, el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Department of Homeland Security, y la Agencia de Protección Ambiental.

Los elementos básicos de los que carece Puerto Rico para ser plenamente un estado federado son el derecho a tener y poder elegir representantes ante el Congreso, el derecho a votar por el Presidente, y la plena integración al sistema tributario federal.
Estos tres factores, los cuales para los sectores que favorecen la permanencia del presente régimen colonial son de segunda importancia, son fundamentales al momento de caracterizar el actual vínculo de Puerto Rico con Estados Unidos. Puerto Rico es una suerte de estado castrado en el cual residen 3,8 millones de ciudadanos norteamericanos de origen nacional puertorriqueño, a quienes no se les reconoce el derecho democrático a estar representados ante los organismos que toman decisiones fundamentales que afectan a la isla, ni a elegir al principal funcionario cuyas decisiones pueden afectar dramáticamente su realidad concreta, en cosas tan vitales como tratados internacionales o la participación de los ciudadanos norteamericanos puertorriqueños, residentes en Puerto Rico, en los conflictos bélicos en los que se involucre Estados Unidos.

Precisamente, la carencia de esos poderes impone serias limitaciones al desarrollo económico de la isla dado que no tiene la posibilidad de influenciar efectivamente los procesos políticos legislativos en Estados Unidos. Por esa razón, no puede participar más ampliamente en los programas sociales y económicos de Estados Unidos ni defender sus intereses económicos en circunstancias tales como la firma de tratados internacionales o la aprobación de planes para el desarrollo de determinadas zonas del país. Es por ello que el proyecto de “vínculo” político de los estadoístas o estadistas puertorriqueños no es la mera anexión, sino la plena integración jurídica y política al sistema federal de Estados Unidos.

Desde la perspectiva del independentismo, Puerto Rico carece de los poderes fundamentales de una nación constituida en su propio Estado soberano, ya que estos poderes esenciales permanecen bajo el poder del Congreso de Estados Unidos. Bajo la óptica independentista, Puerto Rico carece de mecanismos efectivos para poder insertarse en los procesos políticos globales que inciden sobre el desarrollo económico, por no contar con los poderes soberanos de una nación-estado independiente. Desde ambas perspectivas, el estadoismo y el independentismo, el ELA no es sino una colonia, lo que viola derechos democráticos fundamentales a los puertorriqueños.

La presunta hegemonía del ELA como modelo de vinculación política con Estados Unidos, si bien no deja de ser un factor de peso en la política puertorriqueña, no es ni tan absoluta, ni tan hegemónica, a la altura de la segunda década del siglo XXI. En primer lugar, hay que reconocer que tras la Segunda Guerra Mundial, y gracias en buena medida al efecto en la isla de la política del Nuevo Trato impulsada por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, la isla tuvo un despegue económico e industrial, particularmente durante las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX. Esos procesos se produjeron bajo el ELA, el cual fue adoptado en julio de 1952 como el esquema de relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. En ese sentido no debe extrañar que amplios sectores de la población todavía vinculen el ELA a ese período de bonanza económica.

En segundo lugar, hay que señalar que la condición colonial de la isla ha favorecido particularmente a los sectores de mayor poder económico, al mismo tiempo que permitió el florecimiento de una clase media de trabajadores en la manufactura, la industria farmacéutica y el Gobierno, sector este último que fue agigantándose a través de los años, convirtiéndose en un monstruo que consumiría los recursos fiscales hasta colocar al Gobierno, como de hecho ya lo ha colocado, al borde de la bancarrota. Este último elemento es fundamental debido a que el mantener un Gobierno gigante, una burocracia paquidérmica, ha permitido a los partidos políticos que se han turnado en el poder desarrollar la práctica del patronazgo político, conforme al cual el apoyo electoral a determinado partido político permite obtener un puesto en el aparato gubernamental, o a disfrutar de contratos para ofrecer servicios diversos al Gobierno. Esta práctica ha mantenido a las formaciones políticas principales (Partido Popular Democrático, defensor del ELA, y al Partido Nuevo Progresista, que promueve la estadidad) más atentas en los sufragios electorales de cada cuatro años para obtener la administración del gobierno colonial, que a solucionar definitivamente el problema de la condición colonial de la isla, lo cual es esencial para superar el estancamiento económico y social de esta.

En tercer lugar, y aún en torno a la hegemonía del statu quo, o el presente estado colonial, no debe pasarse por alto el hecho de la existencia de una oligarquía colonialista que se opone tenazmente a la alternativa de la integración plena de Puerto Rico al sistema jurídico-político norteamericano, así como a la independencia. Esta oligarquía está involucrada en diferentes actividades económicas, sobre todo en el sector financiero, y controlan o ejercen gran influencia sobre la mayor parte de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales de la isla, muy particularmente sobre los medios de comunicación. Su razón principal para rechazar la estadidad es evitar estar expuestos al sistema federal de tributación de Estados Unidos, que opera en todos los estados que forman parte de la federación. Por otro lado, sus diversas actividades empresariales estarían más expuestas a la fiscalización de los organismos federales, lo cual a su vez posibilitaría la identificación de actividades irregulares, o ilícitas en algunos casos.

Cuando se habla de hegemonía del ELA, no puede pasarse por alto el hecho de que esta oligarquía ha tenido relativo éxito en promover la permanencia de la condición colonial, y evitar o descarrilar toda discusión dirigida a redefinir las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, mediante la manipulación de los sentimientos nacionalistas y folklóricos, alegando, exitosamente también, que los puertorriqueños desaparecerían como pueblo bajo la estadidad. Desde luego, estos sectores no pueden explicar cómo, si lo anterior fuera cierto, los puertorriqueños no han desaparecido como etnia, ni como entidad cultural, tras estar anexado a Estados Unidos durante más de un siglo, específicamente 112 años. A la altura del año 2011, sin embargo, se puede afirmar que el ELA, un mecanismo de relación política con Estados Unidos que le permitió grandes logros y avances a Puerto Rico, es un modelo agotado e inservible que no le permite enfrentar efectivamente su presente crisis social y económica, ni los grandes retos existentes de la economía regional y global, ni los graves problemas que amenazan al mundo en su conjunto.

Tras 58 años el ELA presenta una grave crisis económica y social producto de no haber desarrollado un modelo económico —en gran medida la condición colonial lo impidió— ante los cambios globales que se vislumbraban desde los años 80, y de una dependencia del Gobierno casi absoluta como fuente de empleos, a lo que ya me he referido previamente. Al evaluar las administraciones gubernamentales de la isla a partir de los años 80, podemos señalar como elementos que contribuyeron a la presente crisis económica del modelo colonial, los siguientes: 1) la política económica y la manera en que fueron utilizados por las administraciones de Rafael Hernández Colón de 1984 a 1992, los fondos generados en Puerto Rico por las empresas acogidas a la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, que permitía obtener exenciones de tributación federal a empresas radicadas en la isla; 2) los efectos de la política de emisión de deuda para, desde el punto de vista keynesiano —con el que tanto simpatiza la izquierda— asumir el riesgo de estimular la economía mediante el desarrollo de obras de infraestructura durante la década del 90, ello bajo las administraciones del Dr. Pedro Rosselló; y, sobre todo, 3) a la inacción total de las administraciones de Sila Calderón y de Aníbal Acevedo Vilá, las cuales se limitaron a mantener un gobierno gigante, elefantístico, como fuente de empleos, lo cual provocó un déficit gubernamental sin precedentes, identificado a fines del año 2008 y principios del 2009.

La alternativa idónea, acabar de enterrar el sistema colonial mediante la estadidad (es decir la integración jurídica y política) o la independencia (la constitución de un estado independiente), es solo una de varias medidas a tomar por los puertorriqueños frente a la crisis social y económica que padece en el presente. El reto mayor, tanto bajo la independencia como en la estadidad, será la reconstrucción de la sociedad de Puerto Rico, tanto en lo económico, como en sus niveles de calidad de vida, y de convivencia cívica y democrática. Para ello se requerirán vastos recursos económicos, particularmente la atracción de capitales, factor que bajo la independencia plantea un gran signo de interrogación ante la incapacidad del independentismo de enfrentar a los recalcitrantes remanentes de la vieja izquierda estalinista, y por sus políticas de defensa de regímenes como el de Hugo Chávez en Venezuela; Daniel Ortega, en Nicaragua; los regímenes y facciones integristas islámicas; y desde luego, de la dictadura en Cuba.

Finalmente, y al considerar la estadidad, la independencia y el presente estado colonial ante la realidad global, no pueden ser dejados fuera de consideración los cambios demográficos en Estados Unidos, conforme a los cuales a julio de 2009 se estimó la población hispana en Estados Unidos en 48,4 millones. De conformidad con estos estimados, las personas de origen hispano constituyen el grupo racial o étnico minoritario más grande de la nación. Los hispanos constituyen el 16 % de la población total de la nación. Además, hay aproximadamente 4 millones de ciudadanos norteamericanos hispanos en Puerto Rico. Por otro lado, se proyecta que para el 1 de julio de 2050 la población hispana en Estados Unidos será unos 132,8 millones, es decir el 30 % de la población de la nación para esa fecha. De acuerdo con esta proyección, los hispanos constituirían el principal grupo étnico en Estados Unidos. Estos datos, junto a los desarrollos tecnológicos y científicos globales, particularmente la eliminación de las fronteras geográficas que ha posibilitado el Internet, han ido y seguirán planteando el desarrollo de una nueva realidad a la sociedad norteamericana y su clase política.

Esa gradual transformación de la realidad, así como de los paradigmas políticos, apuntan a que el “ser ciudadano” en Estados Unidos habrá de basarse, cada vez más, incluso a pesar de los aun existentes e influyentes sectores conservadores y xenófobos, en la aceptación por el individuo de un conjunto de principios y responsabilidades bajo un orden constitucional, en lugar de estar condicionado al lugar de nacimiento, a la nacionalidad o al origen étnico de las personas. Este fenómeno podría contribuir positivamente a la aceptación de Puerto Rico como estado por parte de Estados Unidos, aunque en la política es imposible hacer predicciones, mucho más en un asunto tan complejo como este.

Tanto los cambios necesarios en el esquema de las relaciones políticas, o “vínculo político”, de Puerto Rico con Estados Unidos, como producto de la presente crisis económica y social del modelo colonial, como los cambios demográficos dramáticos que vive la sociedad norteamericana, hacen de la llamada hegemonía del ELA un muerto viviente a la altura de la segunda década del siglo XXI. Ya sea por efecto de los cambios políticos graduales en Estados Unidos y en la isla, o por los efectos de un acto afirmativo y definitivo de los puertorriqueños por la estadidad o la independencia, el ELA no tiene otro destino trazado que no sea el de ser superado como una etapa en la historia de Puerto Rico.

Desde hace meses asistimos a importantes protestas del sector público y del estudiantado, en contra del paquete neoliberal de la actual administración de San Juan. ¿Cuál es su valoración de este fenómeno y qué posible curso seguirán los acontecimientos dada la vinculación de la economía isleña con el mercado y política estadounidenses?

EAF: Puerto Rico parece disfrutar de la hipérbole como método de caracterización y análisis de los eventos que ocurren en la isla, y de esa manera proyectarlo hacia el exterior. La primera impresión del lector al enfrentar esta pregunta podría ser la de que en Puerto Rico se vive una situación cuando menos pre-revolucionaria, o en otras palabras, los albores de una gran revolución social.

Efectivamente, a nadie le satisface que se hayan tenido que despedir empleados del paquidérmico aparato gubernamental, ni el hecho de que Puerto Rico carezca en el presente de inversión de capital en proyectos industriales de importancia, mucho menos el que los servicios de educación y salud estén en condiciones deplorables. Sin embargo, este es el resultado de un uso inadecuado de los billones de fondos federales a los que se ha tenido acceso por años, la no adopción de mecanismos de planificación económica a largo plazo, y sobre todo, del mantenimiento del presente estado de relación colonialista con Estados Unidos, en lugar de contar con plena representación en el Congreso de ese país, y poder votar por el Presidente.

En cuanto al despido de empleados de la burocracia gubernamental, resultan de rigor algunos señalamientos. Lo cierto es que al llegar al Gobierno en enero de 2009, el campo de acción del gobernador Luis Fortuño era extremadamente limitado; tenía un espacio político sumamente estrecho para poder maniobrar frente a la crisis del Gobierno y de la economía. En ese contexto, es necesario señalar que antes de proceder con los despidos de empleados públicos, que fue una de las medidas adoptadas finalmente para la reducción del Gobierno, la Administración le propuso a los sindicatos de empleados públicos la adopción de un plan de reducciones de beneficios, reducción de jornadas laborales y otras medidas para evitar los despidos.

Las propuestas fueron rechazadas tajantemente por el liderato sindical. En ese sentido, la situación de los despidos fue propiciada y forzada por los propios sindicatos de empleados públicos con el interés primordial de colocar al Gobierno de Fortuño en una posición de crisis, apenas comenzando su Administración, profundizar el desasosiego social, y detener el avance de las fuerzas estadoístas en la isla, tras el resultado de las elecciones celebradas en el año 2008. La agenda política prevaleció, en lugar de la defensa de los mejores intereses de las matrículas de los sindicatos, bajo las circunstancias objetivas como producto de la crisis heredada de las administraciones de Sila Calderón (2001 a 2004) y de Aníbal Acevedo Vilá (2005 a 2008).

Para algunos se trataba de detener el avance estadoísta. Para otros, provocar la crisis social que permitiera la derrota del capital y, tal vez, la repetición de la Comuna de París. Es interesante, sin embargo, que en medio de esta grave crisis, Federico Torres Montalvo, uno de los principales líderes sindicales de empleados públicos, y quien rechazó abierta y decididamente las propuestas de la administración Fortuño, negociara con la Autoridad de Edificios Públicos un acuerdo de reducciones de beneficios para retener los empleos en esa agencia. ¿Cómo se explica un cambio tan drástico de estrategia? La respuesta es evidente. Las propuestas planteadas por la Administración gubernamental en un principio eran razonables, y su rechazo obedecía a una agenda política estrecha y sectaria. Mientras tanto, en la actualidad el sector de sindicatos de empleados públicos se encuentra dividido y empantanado en su debilidad estratégica, producto de sus propios errores al rechazar las alternativas que les fueron ofrecidas en un principio por la administración.

En cuanto al sector de los estudiantes universitarios, la exageración a todas luces ha sido mayor. En una ocasión anterior en mi blog, el Quantum de la Cuneta, me expresé sobre este tema. El caso en Puerto Rico es que un grupo de, como mucho, unos 100 a 200 activistas estudiantiles han decidido desarrollar una serie de actividades —en protesta por la imposición de un costo adicional a la matrícula en la universidad del Estado— en determinados lugares “estratégicos”, obstaculizar el tráfico vehicular, y eventualmente, provocar la intervención de las fuerzas policiacas para demostrarle al “pueblo” el carácter represivo del “régimen fascista” del gobernador Luis Fortuño. Aunque se quiera argumentar contra lo evidente, los propios vídeos circulados por los grupos de activistas reflejan un uso mucho más comedido de la fuerza por los cuerpos policiales en los últimos eventos que en actividades en el pasado relacionadas con la problemática universitaria.

Tan reciente como el lunes 7 de marzo estos grupos agredieron físicamente a funcionarios universitarios, incluyendo a la rectora de la Universidad de Puerto Rico, comprobando que han adoptado las mismas prácticas de los grupos de respuesta rápida en Cuba, o de apoyo a Hugo Chávez, y han pasado a la utilización de todo tipo de actos intimidantes y violentos contra los estudiantes y el personal docente, quienes no comparten sus posiciones sobre la presente situación universitaria, en un espiral de agresiones, que parece no tener final, y que no tiene nada que envidiarle a la mentalidad totalitaria de los fundamentalismos modernos.

El error desde un principio en toda esta “gesta” universitaria fue asumir la crisis universitaria como un frente de lucha “contra el neoliberalismo y el gobierno anexionista de Fortuño”, en lugar de colocar en perspectiva la crisis financiera de la Universidad, y sus alternativas en la era de las becas Pell (fondos provistos por los programas educativos de Estados Unidos aplicables a Puerto Rico) y las diversas ayudas económicas —como los programas de estudio y trabajo, o préstamos estudiantiles— de las que disfrutan, incluso, algunos de los teóricos y vocingleros en Facebook de estos grupos.
El problema de estos grupos, a la altura de la presente fecha, y sobre todo después del lunes 7 de marzo, es que aun los sectores académicos simpatizantes de la oposición política al gobierno de turno, y quienes han sido en el pasado sus aliados naturales, han comenzado a distanciarse de sus posiciones.

Por otro lado, todos estos actos de agresión contra profesores, estudiantes y la propia rectora del recinto principal de la Universidad de Puerto Rico, no son más que el último aleteo de un movimiento que tal vez en su momento captó el apoyo de algunos cientos de estudiantes, pero que hoy no cuenta con respaldo alguno, y cuyo único efecto es desviar la atención de los asuntos medulares que le están planteados a la propia Universidad y a la isla.

Las protestas de la UPR han sido noticia en medios internacionales, tanto por la beligerancia de los estudiantes como por la represión policial. ¿Qué agenda está en disputa detrás de ese conflicto? ¿Cómo podría eventualmente resolverse?

EAF: Además de lo expresado en la respuesta anterior, debo indicar lo siguiente. En estos eventos los elementos agresores han sido esencialmente los grupos de estudiantes a que hecho referencia anteriormente. La intervención policial en las actividades estudiantiles recientes, y me parece que si se revisa mi perfil personal se puede entender que tengo algún criterio para señalar lo siguiente, no puede compararse en modo alguno con los actos de represión violenta y persecución de la que fuimos objeto los activistas estudiantiles en los años 70 y 80 en Puerto Rico, en el contexto internacional adicional de la Guerra Fría.

Con esta afirmación no estoy negando el hecho de que se han producido instancias de uso desmedido de la fuerza por miembros de los cuerpos policiales. Mucho menos estoy obviando el que en una sociedad, en cualquier sociedad formalmente democrática, se pueden producir, y se producen, actos de brutalidad policiaca. Pero es necesario tener sentido de proporción y perspectiva al analizar este tipo de situaciones. En los eventos estudiantiles suscitados en Puerto Rico han ocurrido incidentes de exceso policíaco, pero en modo alguno se trata de una conducta que haya prevalecido sobre el ejercicio más comedido posible de la fuerza en el contexto de grupos amotinados, en búsqueda de la confrontación, y en actitud violenta e intimidante contra profesores y estudiantes que solo pretenden continuar con el curso ordinario de sus labores académicas.

Hay que señalar que desde un principio el legítimo movimiento de cuestionamiento de las decisiones de la administración universitaria fue poco a poco secuestrado por los sectores más recalcitrantes de una izquierda atascada en el siglo pasado y de aventureros políticos irresponsables. Los resultados de todo esto se manifestaron en las desgraciadas agresiones a la rectora y otros funcionarios de la Universidad el lunes 7 de marzo. Se trata de unos grupos que han impuesto un clima de confrontación con agendas muy claras. Los hechos así lo demuestran.

El 22 de febrero de 2011 fue aprobada la paralización del recinto principal de la Universidad de Puerto Rico en una torcida asamblea de estudiantes, respecto a la cual se alega por amplios sectores estudiantiles que, en estricto orden parlamentario, no fue aprobada tal paralización, que la asamblea y los procesos de escrutinio fueron manipulados y que no recogían el sentir de la amplia mayoría del estudiantado. El 23 de febrero de 2011, desde tempranas horas de la mañana, se produjeron varias confrontaciones con estudiantes y profesores por parte de los activistas de la paralización quienes les impedían el acceso al campus universitario. La situación se caracterizó por la tensión y las agresiones físicas y verbales de estos bullies con camisetas del Che Guevara.

Estos sectores de activistas estudiantiles se niegan a reconocer lo evidente: no cuentan con el respaldo de la comunidad universitaria en sus planteamientos, mucho menos a sus pretensiones de paralizar las actividades académicas. Sencillamente no pueden abrogarse la autoridad para determinar si un solo estudiante o un grupo de estudiantes, sean estos diez, cinco mil o veinte mil, van o no a asistir a clases. Por definición misma del ejercicio del derecho vigente en Puerto Rico, y por esenciales nociones democráticas, ese derecho le pertenece a los estudiantes individualmente en su relación con la institución universitaria en la que se han matriculado. Se trata por otro lado, del ejercicio del derecho al libre albedrío, a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia y asociación. Derechos por los cuales la Humanidad, y aun los propios ciudadanos en Puerto Rico, han tenido que pagar un alto precio.

El que un grupo de estudiantes haya decidido manifestarse ante unos asuntos no les confiere la autoridad de obligar al resto del estudiantado —mucho menos a los profesores— a unirse a sus actividades, o plegarse a sus demandas, menos aún a pensar como ellos, ya sea sobre los problemas particulares o sobre los métodos o alternativas para atender los asuntos en cuestión. Estos grupos saben que la Universidad necesita urgentemente obtener su acreditación por la Middle States Association, la cual es una entidad que no solo indica la seriedad de las instituciones de enseñanza universitaria y cuáles de éstas cumplen con los requisitos que les habilitan para recibir asistencia económica para sus estudiantes por parte de programas del gobierno federal de Estados Unidos, y otra diversidad de fondos para investigaciones y actividades docentes, sino que los propios estudiantes necesitan que el grado obtenido sea de una institución acreditada por la entidad para obtener mejores oportunidades de empleo, y tener acceso a estudios graduados conducentes a maestrías, doctorados, y grados superiores en diversos campos. Todo ello es lo que está en juego mientras un grupo de agitadores interrumpen labores académicas, agreden funcionarios universitarios y promueven en el exterior una imagen de caos en el principal centro de enseñanza universitaria de Puerto Rico, emulando las actuaciones de aquellos que inspiraron a Lenin a escribir La Enfermedad Infantil del Izquierdismo en el Comunismo.

Si algo ponen en evidencia estas actuaciones, es que su único propósito en todo este proceso ha sido no solo abrir otro flanco de ataque contra el Gobierno de Luis Fortuño, sino llevar a una crisis total e irremediable a la Universidad de Puerto Rico. La única agenda de esos sectores es colocar a la defensiva a todas las instituciones bajo la administración del Gobierno de Luis Fortuño. Peor aún, piensan que si logran que la universidad no sea acreditada le asestarán un golpe al gobierno de turno, hecho del cual podrán responsabilizar al gobernador y contribuir a su derrota definitiva en las elecciones programadas para el año 2012. Ello sin importarles el efecto sobre los estudiantes y el profesorado que necesita de la acreditación para abrir las puertas de las fundaciones y centros de investigaciones a sus propuestas.

Ni los gritos histéricos de sus vocingleros en las redes sociales cibernéticas, ni sus agresiones físicas y verbales contra todo aquel que difiera de ellos, contribuyen ni contribuirán a resolver los acuciantes problemas de la Universidad. Mucho menos contribuirán a atender y superar los graves problemas del colapso del modelo colonial en Puerto Rico, del cual la crisis de esa institución es apenas una de sus manifestaciones.

Ante esta situación, ante estos aspirantes a etarras caribeños, la única solución será obligarles a deponer sus armas. Con este señalamiento, sin embargo, hago constar que me parece que la administración universitaria, y específicamente la rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, debe continuar su plan inicial de reuniones y encuentros con los diferentes componentes de la comunidad universitaria riopedrense que sí están abiertos al diálogo, a la búsqueda de soluciones que garanticen la acreditación de la institución, y la solución de su crisis presupuestaria de una manera razonable para todos.

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