¿Cambiar o desaparecer?

Raúl Castro, junto a Juan Almeida, en la Asamblea Nacional, el 11 de julio. (AP)

En Cuba, la ausencia o limitación de los derechos y las libertades que constituyen el fundamento de la participación ciudadana, se transformó en apatía y deterioro moral generalizados, con un efecto negativo sobre todas las esferas sociales: incapacidad productiva, insatisfacción de las necesidades básicas de la población, pérdida de la función del salario, poco valor del peso cubano, carencias de servicios vitales como el transporte y la vivienda. Un cuadro que ha conducido a la profunda crisis estructural en que el país está inmerso.

Como la primera causa de ese estado —agravada por la desfavorable coyuntura internacional— radica en un modelo inviable, cualquier salida a la crisis pasa por la introducción de cambios profundos. Para esto se requiere de una fuerza que, con plena conciencia de la gravedad del problema y la voluntad política correspondiente, sea capaz de poner a un lado todo interés partidista o ideológico para salvar la nación del peligro que amenaza su existencia.

La sociedad civil permitió la realización de cambios en la Isla hasta 1959. Resultado de su desaparición, cinco décadas después, aún no existe una fuerza alternativa al poder, capaz de encabezar dichas transformaciones. Esa realidad explica que no fuera hasta el inicio del proceso de traspaso de poder (por razones de salud), efectuado entre el 31 de julio de 2006 y el 24 de febrero de 2008, que se hiciera pública desde el Estado la imperiosa necesidad de cambios.

Algunos momentos claves de ese reconocimiento son: el 18 de agosto de 2006, durante la entrevista del general Raúl Castro e el diario Granma, éste manifestó —respecto a las relaciones con Estados Unidos— la disposición de normalizarlas "en un plano de igualdad"; la reiteración de dicho planteamiento el 2 de diciembre, en la Plaza de la Revolución; el reconocimiento, el 26 de julio de 2007, en Camaguey, de la necesidad de introducir "los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios"; y el 24 de febrero del presente año, durante la toma de posesión como presidente del Consejo de Estado, cuando anunció un primer programa mínimo, creando con ello grandes expectativas. No por la profundidad de lo anunciado, sino por el efecto contra el inmovilismo.

En punto crítico

Lo ocurrido desde ese momento responde a las particularidades de dicho proceso. Cuando un grupo logra retener el poder ininterrumpidamente durante mucho tiempo, contrae la responsabilidad histórica con lo bueno y lo malo transcurrido, y genera intereses del grupo. Ello explica que la elección del punto de inicio, del ritmo y de la profundidad de los posibles cambios, en ausencia de fuerzas alternativas, los decida el mismo poder.

Sin embargo, la elección de la producción de alimentos como punto de partida y el reconocimiento de que la misma es un "asunto de máxima seguridad nacional" no se ha acompañado de medidas encaminadas a transformaciones en la estructura de la propiedad agraria, sin las cuales no se podrá movilizar el interés de los trabajadores.

En su lugar, se insiste en resolver tan complejo problema con llamados ideológicos que ya no tienen efecto sobre una población descreída. Ello evidencia contradicciones entre los que quieren cambiar algo y los que no quieren cambiar nada, lo que determina el carácter zigzagueante de las decisiones. Esto sucede cuando el tiempo "reglamentario" con que contaba el poder se agotó y, el tiempo "adicional", que comenzó a correr con el programa mínimo del 24 de febrero, está en un punto crítico.

Sin embargo, conscientes o no, los cambios mínimos realizados, de alguna forma, han sido un golpe al inmovilismo. Me refiero al ambiente generado por la polémica entre los intelectuales, que devino crítica al sistema; al debate sobre el discurso del 26 de julio de 2007, del cual emergió un abultado paquete de reclamos; el efecto en los ciudadanos de las manifestaciones del actual presidente del Consejo de Estado sobre "cambiar todo lo que deba ser cambiado", de no temer a las discrepancias y al intercambio de opiniones divergentes, de las manifestaciones de resurgimiento de conductas cívicas, como lo sucedido con los estudiantes de la UCI y las tenues críticas aparecidas en la prensa oficial. De todo ello ha emergido un considerable sector poblacional inconforme.

Ese hecho, en medio del agotamiento del modelo, el estancamiento de la nación, el descontento ciudadano y la sucesión del poder, es una clara señal de que los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir como hasta ahora. Las expectativas han creado una determinada dinámica que impide, ahora, anunciar el fin de los cambios o silenciar los mismos. Del punto donde estamos, se avanza, o nada impedirá la sacudida de un fuerte terremoto, donde todos, incluyendo al poder, seremos perdedores. Se marcha hacia delante o hacia la hecatombe. Cuba cambia o desaparece.

Por ello, a pesar de una reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular escasa en anuncios importantes, el discurso del 26 de julio debería ser un punto de inflexión para los cambios anunciados. De cómo se conjuguen necesidades e intereses y se definan las contradicciones entre los promotores y enemigos del cambio, el proceso, ahora semiparalizado, podría acelerarse o frenarse.

De ser lo último —¡ojalá no lo sea!—, las expectativas, que no son pocas, se esfumarán, y con ellas las esperanzas en los cambios anunciados. De ocurrir tal cosa, el período de tiempo que va desde inicio del traspaso de poder hasta hoy, pasará a la historia como un destello desaparecido y cobrará fuerza la posibilidad de la salida violenta, y con ella posiblemente el último capítulo de nuestra historia.

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