No será con cancioncitas…

Reclusos escuchan a Silvio Rodríguez en la prisión de Guamajal, Villa Clara. (PL/AP)

El trovador Silvio Rodríguez, otrora crítico irascible del sistema y ahora apologeta incondicional, el mismo diputado que fue incapaz hace unos años de responder a un entrevistador de la televisión mexicana si en Cuba existían presos políticos, acaba de emprender, acompañado por otros artistas, una gira por los centros penitenciarios del país.

El hecho es anunciado por los medios informativos oficiales como una "encomiable iniciativa destinada a mejorar, a través de la cultura, la vida y rehabilitación social de las decenas de miles de internos cubanos", como se les llama a los sancionados en la terminología oficial.

Sí, porque desde arriba el español se maneja mejor. Aquí a los alumnos internados obligatoriamente en centros educacionales preuniversitarios se les llama "becados", y a los reclusos que cumplen sanción penal se les llama "internos".

La iniciativa del famoso y controversial cantautor es una muestra fehaciente de que las autoridades asumen que tienen un complicado problema con la inflada población penitenciaria. Esto contradice de plano los presupuestos teóricos tradicionales de la criminología socialista, que expresa que las condiciones socioeconómicas del socialismo no son generadoras de conductas criminógenas, sino que estas últimas no son más que rezagos del superado sistema capitalista.

Llama la atención que mientras en el pasado capitalista existían menos de diez centros penitenciarios en el país, ahora se cuentan por cientos.

De hecho, la realidad plantea un claro desfase cronológico y estructural con el esquemático presupuesto, en tanto la inmensa mayoría de los reclusos nacieron después de llegar al poder el sistema imperante, que, por demás, controla estrictamente todos los espacios de formación y difusión educacional y cultural.

Inquietud oficial

La iniciativa es, además, un paso más en el intento de sanear, en alguna medida, el ambiente y la imagen de este delicado espacio social, de cara a los compromisos, cuestionamientos y escrutinios internacionales que La Habana enfrentará supuestamente en un futuro cercano.

La gira artística en proceso se une a otras medidas, como la celebración de festivales de artistas aficionados de los centros penitenciarios y la posibilidad de que los sancionados puedan cursar estudios, incluso superiores —perspectiva a la que eventualmente no tienen acceso muchos jóvenes egresados de la enseñanza preuniversitaria—. A esto se une el establecimiento de centros "modelo", que actúan como vitrinas propagandísticas del sistema carcelario, principalmente para importantes, y a veces ingenuos, visitantes extranjeros.

Estas medidas confirman, en efecto, la inquietud oficial por un problema antiguo. Está por ver si el gobierno decide esta vez volver a ocuparse sólo del aspecto exterior, o si por fin está dispuesto a demostrar valentía y responsabilidad política y humanista para enfrentar las causas de un fenómeno que complica sobremanera la convivencia social.

Las autoridades de la Isla deben, ante todo, renunciar al monopolio excluyente que ejercen sobre cada aspecto de la vida política, económica y social del país, que en los últimos años ha empujado a tantos cubanos al delito criminal y económico, principales causas del aumento de la población penal. Si no se abren a los ciudadanos amplios espacios de desenvolvimiento cívico, social y económico, en su plural diversidad, ni todas las canciones del mundo podrán ayudar a rehabilitar a los reclusos y, sobre todo, evitar la reincidencia delictiva.

Por otra parte, La Habana debe acabar de reformar el vigente Código Penal para eliminar de su articulado muchas actitudes, comportamientos y acciones que no son punibles en ninguna sociedad civilizada del mundo moderno. Junto a esto, debe conectarse, sin condicionamientos, con la extensa legislación internacional en materia de procedimientos penitenciarios y abrir las puertas de todos los centros de reclusión a los organismos internacionales especializados; además de hacer público —y que se cumpla— el vigente "Reglamento de Cárceles y Prisiones".

Las autoridades deben renunciar, también en el ámbito penitenciario, al monopolio y la impunidad, permitiendo que se activen mecanismos sociales e independientes de escrutinio y cuestionamiento. Esto evitaría el peligro de que los reclusos sean sometidos a la violación de su integridad física y moral. Los centros penitenciarios no pueden seguir siendo escenarios de abusos, arbitrariedades y corrupción.

Son muchas las desgarradoras experiencias que cientos de miles de ciudadanos han sufrido en las galeras, patios y celdas de castigo de las prisiones de la Isla, a lo largo de más de cuatro décadas, para que ahora se les vuelva a ofender con un reportaje televisivo sobre las cancioncitas salvadoras de intelectuales que, incluso, han utilizado su prestigio para justificar la más inmisericorde aplicación de la pena de muerte.

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