Quitar las puertas al campo

Por estos días se habla mucho de las reformas agrícolas emprendidas por Raúl Castro. Hasta una dirigente del Partido Comunista, María del Carmen Concepción, ha calificado el problema agrario como una cuestión "de seguridad nacional", atribuyendo la responsabilidad, como siempre, a los otros: "las alzas de precios de productos agrícolas en los mercados internacionales", y escurriendo el bulto de la falta de productividad e ineficacia de la agricultura nacional.

Básicamente, las reformas parecen ir dirigidas a autorizar la venta de determinados insumos y aperos de labranza a los trabajadores agrícolas, y lo que más atención ha despertado, la eventual entrega de tierras a los campesinos, en un intento de estimular la producción agropecuaria en la Isla.

Pero vayamos con detalle. Ya he tenido alguna ocasión de cuestionar estas decisiones, sobre todo, la segunda, porque en ausencia de un mercado organizado de derechos de propiedad, que permita a los agricultores ser dueños de la tierra que trabajan, será difícil que puedan asumir los esfuerzos productivos que ahora pide el régimen, a cambio de unas donaciones que, en cualquier momento, pueden volver a las manos del Estado.

Por este motivo, lo primero que hay que preguntarse es qué tierras son las que se entregan, en qué condiciones, y bajo qué modelo de explotación. Y sobre todo, qué tipo de reversión pueden tener las mismas una vez que resulten productivas; porque ese es el verdadero problema de la organización comunista latifundista cubana. Los datos son elocuentes.

Ventaja y despropósito

La Oficina Nacional de Estadística (ONE), en su página web, proporciona abundante información para obtener una imagen precisa de lo que está sucediendo y por qué los cambios introducidos no van a dar resultado alguno.

En Cuba existen actualmente cerca de 11 millones de hectáreas de tierra, de las cuales el 60% tiene carácter agrícola, y el otro 40%, en líneas generales, no está apto para la agricultura. Tampoco pasa nada, ya que esta tierra que no es apta para el desarrollo de actividades agrícolas directamente, o es de naturaleza forestal, acuosa o constructiva, según las categorías que establece la clasificación estadística referida.

Lo primero que nos debe llamar la atención es la destacable cifra de superficie agrícola existente en el país. Pocos países del mundo se pueden vanagloriar de contar con casi un 60% de sus tierras aprovechables para uso agrícola. El problema es que de esa importante superficie, de 6,6 millones de hectáreas, se cultivan actualmente sólo 3,1 millones de hectáreas, el 46% del total; mientras que el otro 54%, o sea 3,5 millones de hectáreas, no se cultiva (2,3 millones de pastos naturales y otras 1,2 millones de tierras ociosas).

Vayamos a otra segmentación que puede parecer más interesante. Del total de 11 millones de hectáreas de tierra existentes en la Isla, las que pertenecen al Estado representan el 55% del total. Es decir, 6 millones de hectáreas son del gobierno, mientras que otros 4,9 millones, de una forma u otra, son de titularidad no estatal, lo que no significa que sean privadas. Esta última forma jurídica es ajena al comunismo cubano (aproximadamente, el 58% son tierras de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa [UBPC] y tan sólo el 28% pertenece a los campesinos independientes en sus márgenes).

Aquí sí es posible observar el origen principal de los problemas, ya que el Estado controla de forma directa casi el 60% de la tierra existente en el país. La atrocidad de las confiscaciones del régimen tiene su plasmación más directa en esa notable concentración de activos productivos en manos de quien no sabe qué hacer con ellos.

Más aún cuando se observa la escasa eficiencia del Estado como productor agrícola. En efecto, de los 6 millones de hectáreas del gobierno, sólo se destina a la producción agraria de forma directa el 38% del total, de modo que el 62% restante no se aplica a este uso. En cambio, en la tierra de propiedad no estatal, el uso agrícola es mayoritario, hasta alcanzar el 87%. Esta debería ser una de las primeras lecciones de Raúl Castro: ¿para qué quiere el Estado conservar la tierra si no sabe qué hacer con ella? Cualquier otra forma de tenencia alternativa es mucho más eficaz, al menos en términos productivos, y tiende a aprovechar al máximo sus posibilidades.

Pero hay otro dato más elocuente aún en la distribución del agro nacional. Resulta que de los 6 millones de hectáreas del Estado, de los cuales tienen destino agrícola 2,3 millones, el 38% al que hacíamos referencia anteriormente, tan sólo 720.000 hectáreas, un escaso 30%, son cultivadas actualmente. Un porcentaje que apenas alcanza el 12% del total, si se compara con toda la tierra en manos del Estado. El resto de la tierra, es decir, 1,6 millones de hectáreas, no se cultiva. Corresponde a pastos un millón de hectáreas, y alrededor de 609.000 están ociosas, de acuerdo con los datos de la ONE.

No sólo la propiedad está concentrada en manos improductivas, las del latifundio estatal, sino que también está ociosa e improductiva. Y lo que es peor: no se sabe qué hacer con este patrimonio fundamental para el desarrollo del país.

Por el contrario, el 56% de la tierra que no pertenece al Estado y que tiene carácter agrícola se encuentra cultivada, en total 2,4 millones de hectáreas, de un total de 4,3 millones. Cierto es que este porcentaje podría ser mayor, pero si se tienen en cuenta las dificultades y restricciones de todo tipo que el sistema económico castrista ha provocado sobre cualquier proceso de liberalización agrícola, es todo un éxito que se alcancen estas cifras.

Lo que hay que hacer

Quizás, a corto plazo, las reformas castristas deberían orientarse principalmente a poner en cultivo toda esa tierra que no pertenece al Estado (4,3 millones de hectáreas), y tratar de liquidar todas las trabas burocráticas que frenan cualquier proceso de acumulación de capital en el campo, auténtico estímulo para su crecimiento sostenido.

Luego, podrían empezar por algunas medidas realmente revolucionarias. Tal vez permitir a las UBPC crecer y diversificar sus producciones, en vez de estar prácticamente concentradas en caña de azúcar; flexibilizar el trato económico y fiscal a las cooperativas y agricultores independientes, permitiendo la acumulación de capital a corto y medio plazo; abrir el crédito interno a las cosechas como vía para la mejora tecnológica y la adquisición de insumos y equipamientos; permitir la venta libre de productos a los precios definidos por el mercado, e incluso dar salida al exterior a los eventuales excedentes y facilitar la inversión de las remesas de los exiliados en el medio agrícola.

Todas estas iniciativas podrían contribuir a reducir, a muy corto plazo, las carencias y escaseces que caracterizan la economía nacional en materia de productos agrícolas, y fomentar la consolidación de un mercado de la propiedad agrícola que empiece a dar rentabilidad a la tierra en manos del Estado, ociosa e improductiva. A corto plazo, el efecto de esta medida sería mucho más intenso que esa eventual "entrega" y "donación" de tierras, cuyo fin último supone dudas respecto de su eficacia.

En suma, actualmente, de 10 millones de hectáreas disponibles, y de 6,6 millones agrícolas potenciales, el Estado cultiva sólo 720.000 hectáreas y el resto de formas de propiedad y organización, 2,4 millones de hectáreas. ¿Es una buena base para las reformas?

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