Sin techo pero con amo

Los expedientes X

El férreo control gubernamental, en el tema de la propiedad de la vivienda, hace que la zona vulnerable a la corrupción sea cada vez más organizada al interior del Instituto de la Vivienda.

"Las cosas que se ven en este país son como para morirse del corazón. Te piden dinero sin el menor recato y en esa mafia están metidos los 'pinchos grandes'", comenta una mujer que necesita ampliar su propiedad para darle espacio a su hija. "De contra que no te venden una casa, para hacer lo que deseas con la tuya tienes que sobornar a medio mundo. No estoy de acuerdo con ese método, primero porque va en contra de los valores y principios de que tanto hablan los dirigentes del gobierno; y, segundo, porque no tengo un centavo para pagarle a nadie".

Muchos cubanos han encontrado en el método de la permuta la posibilidad de modificar sus propiedades. Legalmente, el cambio debe realizarse entre inmuebles que presenten las mismas dimensiones. Este es quizás el mecanismo que no se ha engrasado correctamente en el entramado de la Ley General de la Vivienda, porque precisamente más del 70% cambia de domicilio para agrandar su casa.

"Ahí es donde entra en juego la corrupción", declaró a ENCUENTRO EN LA RED un abogado especializado en el tema, quien pidió mantenerse en el anonimato. "Son mecanismos obsoletos que no se hicieron con la seriedad que demandaba y que hoy se deben violar casi a diario".

Si una persona logra pagar cifras escalofriantes a los propios inspectores y funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda, entonces los problemas se resuelven, por muy controversiales que sean. Las permutas pueden llegan a ser entre más de cinco casas y los costos oscilar sobre los 37.000 pesos (1.500 USD). En la mayoría de los casos, hay un "eslabón perdido". Si se quiere legalizar un terrero, la cifra entonces puede llegar a los 25.000 pesos (600 USD).

"No me aprobaron la permuta porque mi casa era más pequeña que la otra. Pensé que había perdido la oportunidad del siglo, porque allí mi hijo podría tener su cuarto para él y su esposa. En cuanto salí de la oficina y crucé la calle, me abordó el mismo funcionario que me atendió dentro y me dijo que no me desesperara, que se podía solucionar por fuera", nos dijo una señora a quien abordamos en plena calle. "Debo pagar 500 chavitos (pesos convertibles) y se solucionará mi caso. Después de todo, salí bien, porque me va a cobrar poco".

Algunos ciudadanos, que en su momento contaron con cierta cantidad de dinero y no quisieron seguir viviendo con mamá-papá, compraron ilegalmente una vivienda. También ha sucedido, casi a diario, con los que han pretendido emigrar de un territorio a otro. Para estos casos, el Estado contempla la confiscación en términos legales del inmueble y el nuevo inquilino debe pagar una renta vitalicia al nuevo propietario: el Comandante en Jefe.

"De todas formas, prefiero pagar la casa al gobierno que haberme quedado en Chaparra, donde se iba a morir de hambre mi familia", dice un tunero que está en la terminal de lista de espera de los ómnibus ASTRO. "Ahora vivo en Camagüey y allí lucho mejor la vida. También traigo queso para acá y voy tirando, hasta que algo pase".

El problema es vivir

El Instituto Nacional de la Vivienda intentó frenar la ola de compraventas ilegales, desatada en la última década, al imponer multas a los transgresores de hasta 1.500 pesos (70 USD) y la pérdida del título de propiedad del inmueble; pero, aun así, muchos cubanos siguen transgrediendo la ley por un problema obvio de subsistencia.

Un dato oficial, publicado recientemente por el diario oficialista Juventud Rebelde, da a conocer que los casos más críticos se localizan en Ciudad de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Holguín. Coincidentemente, son estas de las ciudades más importantes del país.

El artículo dice que actualmente en todo el país se tramitan alrededor de 100.000 casos de compraventas ilegales de viviendas, aunque la cifra no incluye a los miles que no tuvieron la suerte y el dinero suficientes para evadir el cerco legal.

Michel tiene 28 años y no quiere vivir más con su madrastra. Ahora que se casó y la lucha como albañil la tiene "más o menos garantizada", decidió construir un cuartico en uno de los miles de barrios improvisados que surgen en el país.

"No teníamos como hacernos de una casa, y por eso nos colamos de forma ilegal en un terreno lleno de marabú. Ya estamos confiados con lo que hicimos, porque nos pusieron una multa y nos tramitaron los papeles".

El caso de Michel es sólo uno del medio millón de personas que han hecho lo mismo en los últimos 25 años. Luego de que en 1984 la Ley General de la Vivienda ilegalizara muchos de los trámites urbanísticos y de construcción, la mayoría de la gente se ha lanzado a la aventura de fabricar "a la cañona".

Las construcciones comienzan modestamente, casi siempre con cartón y zinc, y en pocas semanas se van transformando en casas de mampostería.

La situación más delicada es la que presentan actualmente alrededor de 300.000 familias que viven en zonas llamadas "de riesgo", debido a la cercanía de sus viviendas con ríos, áreas con perspectivas de desarrollo industrial o reservas del ejército. En todos los casos, la solución será el desalojo hacia sus lugares de origen, como ha sucedido en varias ciudades.

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