Crecen en Holguín el desabastecimiento y la represión policial

Una nueva ola represiva ha sido puesta en práctica por los Ministerios del Interior y de Justicia en la provincia de Holguín, luego de que las autoridades políticas ordenaran "aplastar a los especuladores y negociantes", según dio a conocer la prensa local.

El Tribunal Provincial Popular de Holguín ha realizado juicios sumarísimos a personas que fueron sorprendidas con productos de primera necesidad, que escasean en los negocios estatales, luego del paso arrasador de Ike.

En todos los casos se han aplicado sanciones que van desde los ocho meses hasta un año y medio de privación de libertad, o trabajo correccional sin internamiento, lo cual es considerado "un uso excesivo del poder judicial".

Sin dejar espacio para las apelaciones, los sentenciados deben incorporarse inmediatamente a labores agrícolas o de saneamiento, informaron fuentes cercanas a varios afectados.

Ciudadanos sorprendidos con bolsas de yogurt, tejas de zinc, paquetes de café o jabones de fabricación casera han recibido "todo el peso de la ley", según el semanario oficialista ¡Ahora!

En medio de la escasez generalizada, la población se siente fuertemente amenazada ante las medidas represivas del gobierno, con respecto a la distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad.

"A veces puedo vender algunos productos sobrantes para ayudar, pero prefiero botarlos antes de ir preso", declaró un dependiente de carnicería, quien pidió no fuera revelada su identidad.

Los mercados permanecen prácticamente vacíos, así como las tiendas recaudadoras de divisas. La policía ha respondido con el registro a cuanta persona se encuentre en la calle con algún bulto.

"Lo cachean a uno en plena calle, sin importarles si eres una persona decente, un obrero que solo busca comida para sus hijos", subrayó una mujer que retornaba del mercado del reparto Sanfield con la jaba semivacía.

El gobierno expende muchos de los productos de primera necesidad en pesos convertibles, aunque las oficinas de cambio de moneda (CADECA) no superan las veinte en toda la provincia, de un millón de habitantes.

Las patrullas policiales constantemente están al asecho de los vendedores de divisas o de otros productos, así como de las personas que viajan desde otras poblaciones con alimentos que escasean en las ciudades.

"Mi madre vive aquí y no tiene ni leche que tomar, yo me arriesgo a traerle dos veces por semana unos litros desde Santa Lucía, donde vivo; espero que no me metan preso por eso", comentó un joven que recién llegaba a la Terminal Las Baleares.

Desde que el gobierno adoptó la medida de controlar los precios de las mercancías en los mercados agropecuarios, estos permanecen prácticamente vacíos y los precios de los productos han aumentado en más de un 40%.

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