Más de 2.000 personas están amenazadas de desalojo en Holguín

Más de 2.000 personas están amenazadas en Holguín con perder sus casas ante la posibilidad de que se les aplique la llamada Ley de Enfrentamiento a las Ilegalidades de la Vivienda.

Para "restablecer el orden", órganos represivos y la máxima dirección del Partido Comunista (PCC) en la provincia utilizan a "miembros de los Consejos de Dirección de varias empresas y a un grupo de revolucionarios" y dejan en situación de incertidumbre a alrededor de 700 familias que viven bajo el estatus de "ilegales en su propio país", dijo un afectado.

Según publicaron medios de prensa independientes, Maricel Pérez, una amenazada de desalojo, denunció a miembros de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que directivos de la Dirección Municipal de la Vivienda, los órganos de la Seguridad del Estado, la Policía y el PCC se presentaron en la comunidad de El Valle de Mayabe, manifestaron a sus habitantes que si no desistían de permanecer en esa área serían "extraídos", y dejaron claro que no existe en el gobierno intención de dialogar con quienes han ocupado terrenos ociosos para construir sus casas.

En una campaña creada para desprestigiar a los habitantes de esas comunidades de la periferia de Holguín, el semanario oficialista ¡Ahora! publicó el pasado sábado un artículo titulado "Sin lugar para ilegalidades", donde se intentó desmentir la acción de desalojo violento practicada en días recientes contra los habitantes de la comunidad de El Pití.

"No se usó la fuerza ni medios técnicos como algunos, con marcada mala intención, propalan, sino el convencimiento y la correcta actuación, todo con el mayor sentido de respeto hacia esas personas", dijo el semanario.

La prensa miente una vez más sobre el accionar del primer secretario del Partido en la provincia, Miguel Diaz-Canel, quien ha emprendido una verdadera cruzada contra los más de 40 asentamientos que han surgido en los últimos diez años en la periferia de la ciudad de Holguín.

"Sí hubo violencia y sí hubo arbitrariedad por parte de la policía y los 'civiles' que desalojaron la comunidad" de El Pití, declaró una fuente que pidió mantenerse en el anonimato. "Ante cualquier indicio de cuestionamiento o de inconformidad practicaron la fuerza, y el bulldozer y el tractor que lo demolieron todo creo que pueden considerarse 'medios técnicos', a no ser que también eso haya cambiado de nombre", agregó.

Informaciones recibidas por una fuente del Hospital Provincial Lenin dieron cuenta de que el personal médico fue instruido, por parte de oficiales de la Seguridad del Estado, de no asentar en el registro los nombres de los heridos durante el desalojo, que fueron trasladados hasta el cuerpo de guardia ni entregarles certificados médicos para que no quedara documentación de las lesiones.

Por otro lado, se conoció que una agredida, llamada Lourdes, fue llevada a otro hospital de la ciudad y se desconoce su paradero. El caso de esta mujer exacerbó los ánimos entre los pocos testigos que tuvieron acceso al lugar del desalojo, ya que la misma incendió su casa al ver que se la iban a demoler y, ante la agresión policial, tomó en defensa propia un cuchillo y recibió heridas en su brazo izquierdo por parte de un uniformado.

En el artículo publicado el sábado, el semanario oficialista culpó a las personas que han construido estos "asentamientos ilegales" de las deficiencias que el gobierno no ha sido capaz corregir. "Hay repartos que aún no cuentan con todos los servicios que exige la modernidad y cuyo futuro crecimiento entorpecen muchos de esos barrios insalubres", dijo la publicación.

No obstante, el gobierno ha reconocido que los últimos 20 años han sido desastrosos para el desarrollo de Holguín. Muchos asentamientos planificados, diseñados y ejecutados por el gobierno desde los años sesenta aún no cuentan con acueducto y alcantarillado, y en no pocos las casas tienen los pozos de agua al lado de las fosas donde se almacenan los excrementos y las aguas albañales.

El mismo artículo de ¡Ahora! incluye el dato de que "sólo el 24 por ciento de la población de la ciudad, la ubicada en Centro Norte y Sur, está completamente servida".

Como parte de la campaña de descrédito hacia los "desalojables" los responsables del gobierno local los definen como "antisociales" que viven en "chozas" y "favelas", aunque en su mayoría son familias jóvenes que no tienen a dónde ir y que trabajan.

Recientes denuncias de varios afectados dan cuenta de que recibieron amenazas de desalojo para las próximas jornadas si no se retiran de esas áreas, ante lo cual en muchos de estos barrios se preparan para defender sus casas "al precio que sea necesario", parafraseando uno de los lemas revolucionarios.

"En el periódico (¡Ahora!) salió Diaz-Canel con una antorcha encendida, así mismo lo estaremos esperando", declaró un padre de familia al referirse a la portada del semanario, donde aparece el funcionario local en una fotografía a toda página mientras participaba en la Marcha de las Antorchas, convocada por el gobierno el pasado 28 de enero en el aniversario del natalicio de José Martí.

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