Crisis para rato

Pero cuando otro involucrado, Celso Amorim, ministro de Exteriores de Brasil, trataba de atar los lazos imprescindibles para la negociación entre la autoridad y las cuatro regiones "rebeldes", Morales no se contuvo y volvió a ser sindicalista. Respondió en un discurso, no por casualidad ante cocaleros, con una contradictoria andanada contra sus enemigos.

Dijo que las autonomías están garantizadas "para los pueblos y no sólo para las logias oligárquicas que perdieron el poder". El mandatario acusó a estas últimas de "buscar la autonomía para seguir robando al pueblo", y puso la guinda al pastel cuando amenazó con meter a los prefectos (gobernadores) en la cárcel, publicó en su edición digital el diario La Razón.

Para no quedar atrás, el partido en el poder, Movimiento al Socialismo (MAS), calificó de "sedición" la postura de los jefes departamentales, término que el vicepresidente Álvaro García Linera cambia por el de pretendidos jefes de "republiquetas".

Como buenos guerreros, la batalla incluye ataques de un frente y otro. El día antes de la descarga artillera de Morales, los líderes regionales de Santa Cruz acribillaron al mandatario ante más de 100.000 personas que protestaban contra la prohibición gubernamental de exportar aceite vegetal, rubro que reporta 200 millones de dólares al año.

Podría aducirse que, en este caso, Morales fue atacado primero. Pero un presidente —un buen político— no es un ciudadano común. Recuérdese cuando Hugo Chávez ofendió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. Éste respondió como los políticos de clase: "no caeré en descalificaciones". Morales debería aprender esa lección por el bien de su país.

¿Fin o comienzo de la crisis?

El analista Samuel Mendoza considera que la única forma de salir de la crisis es ir a "fojas cero", o sea, que el gobierno disuelva "la malhadada Asamblea Constituyente" y derogue la Constitución Política del Estado, aprobada entre "gallos y media noche". Añade que un grupo de expertos debe modificar la Carta Magna vigente, según el sitio en internet de El Diario.

Además, el Palacio Quemado debe anular la prohibición de exportar aceite vegetal y devolver a las prefecturas el famoso Impuesto Directo a los Hidrocarburos, entre otras medidas.

Los departamentos, por su parte, procederían a anular las convocatorias a referendos autonómicos.

Decisiones tales podrían preparar los ánimos para el diálogo que no sólo necesita el país, sino también vecinos como Brasil y Argentina, que dependen del gas boliviano.

La controvertida destitución del vocero de gobierno, Joaquín Contreras, cuya carta de despedida es "una muestra de la descomposición del MAS" —según Edgar Bazán, alcalde de Oruro y militante del Partido Independiente—, ha sumado voces a los que desde hace tiempo exhortan a Morales a renovar su gabinete no con aliados, sino con profesionales capaces.

Bazán considera, por cierto, que la carta de Contreras advierte sobre "una posible división del país", también de una eventual vulneración de "la libertad de expresión y el Estado de derecho".

Si es verdad que observadores bolivianos de la política nacional muestran un muy cauteloso optimismo, no falta el que como Luis Antenaza aduce que, "al contrario de lo que se piensa", la crisis "no está terminando sino recién empezando". El analista subraya que "cuando más se debe hablar de paz" y "evitar la violencia", "los choques son cada vez más violentos" y "nadie cede un milímetro".

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