Dar en el clavo

Manuel Zelaya, el 2 de septiembre de 2009 en Washington. (AP)

.

La reiterada negativa del gobierno interino de Roberto Micheletti de permitir el regreso a la presidencia en Honduras del derrocado Manuel Zelaya, ha apretado el nudo de contradicciones generado a partir del 28 de junio pasado, cuando las fuerzas armadas obligaron a Zelaya a abandonar su país.

Si el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no parece proclive a influir sobre la postura infértil que le imponen los miembros de la organización regional, ya desde principios de julio pasado admitía tener "la impresión de que la crisis va a durar mucho tiempo".

La contradicción es aquí clamorosa, pues se sabe que la crisis "va para largo", pero nada pueden hacer los miembros de la OEA —salvo Estados Unidos— para que cambie la situación.

Sin resolver aún si hubo o no un golpe militar —definición muy importante para el Departamento de Estado norteamericano—, Barack Obama decidió imponer nuevas sanciones a Honduras, que ahora incluyen la interrupción de ayudas económicas por 31 millones de dólares.

Sin embargo, Washington se mueve con demasiados límites. El más importante estriba en que radicalizar las sanciones perjudicará, sobre todo, a la porción más pobre de los hondureños, y la Casa Blanca no quiere reproducir una situación que recuerde, por cualquier costado, a la de Cuba. Insulza piensa lo mismo.

El nudo contradictorio no aflojó, sino que se intrincó con las medidas de Obama. El propio Insulza, que consideró "fundamentales" los anuncios de Washington, admitió que ahora "está menos optimista de una pronta salida de la crisis". Llevado a la política, esto es un oxímoron.

Entre la lógica y el absurdo

Entretanto, un Zelaya que se hace el desentendido hacia los documentos que recientemente mostraron el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público de Honduras sobre gastos irregulares por 6,5 millones de dólares durante su mandato, dice a quien quiera escucharle que ni la OEA ni la comunidad internacional aceptarán un gobierno salido de las elecciones de noviembre próximo en Honduras.

Este punto sin duda resulta clave para un regreso a la democracia del país suramericano, dado el estancamiento del llamado Acuerdo de San José, donde el mediador es el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y que ha sido rechazado, reiteradamente, por Micheletti.

En un reciente comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly, ratificó que Estados Unidos "no reconocerá" a quien gane las próximas elecciones presidenciales en Honduras bajo las condiciones actuales. ¿Por dónde, sin embargo, se verá la luz al final del túnel?

Kelly aludió a "la complicada naturaleza de las acciones" que llevaron a la salida de Zelaya, y precisó que se trata de "complejos asuntos legales y de hecho, con la participación tanto de las ramas legislativa y judicial del gobierno como de las fuerzas armadas".

Quizá podría pensarse que el origen del conflicto pesará mucho en un probable reconocimiento postelecciones, bajo el gobierno interino de Micheletti. Y ello sucederá, casi obligatoriamente, si pasa el tiempo y caduca el período presidencial de Zelaya sin que éste logre recuperar el poder.

El origen y la solución

Tal vez, en efecto, la solución del conflicto tenga que ver con su origen. Si para el analista Ramón Villeda la crisis nació "diferente y sin antecedentes parecidos", se le debería hallar una solución que signifique una cota nueva con lo hasta ahora implementado, más acorde con lo que la realidad grita hoy a todo pulmón.

Si Zelaya por lo menos intentó violar la Constitución, pero además no hay duda de que hizo caso omiso de los poderes legislativo y judicial, ¿por qué no podría ser legitimada una elección libre, limpia y democrática, vigilada por observadores internacionales? ¿Por qué hay que machacar en una reposición que desde hace tiempo se sabe inviable?

La historia de América Latina enseña no sólo elecciones, sino referendos legítimos bajo un régimen de facto. Y Chile es un ejemplo, por mucho que se esfuerce Insulza en desvirtuarlo.

Valdría, no obstante, proponer otro ángulo de mirada. Si se efectúan, como todo parece indicar, elecciones en noviembre, ¿cuál sería el rol de Zelaya si regresa a la presidencia en diciembre próximo, por ejemplo, para terminar en enero? ¿No se engendraría así un conflicto social y político todavía más complejo? Ya Chávez abogó por aplazar las elecciones, una manera de acomodar a su protegido y complicar, por supuesto, el panorama.

Sacrificar a Zelaya —con lo cual pagaría su culpa de origen— parece ser el único camino que resta a la cordura y a la sensatez. Pero el obstáculo aquí son Hugo Chávez y su grupo, que encabezan el más cerrado apoyo al político hondureño.

Como para no ahogar las esperanzas, Insulza dejó una puerta abierta a tanta contradicción, y afirmó hace poco que en las próximas dos o tres semanas se realizará una "evaluación" de las gestiones para revertir el golpe. Esperemos, aunque con sobrado escepticismo, que esta vez la OEA dé en el clavo.

© cubaencuentro.com