Jaque a la prensa

Hugo Chávez, en el Palacio de Miraflores. (AP)

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El pensador y político francés François-René de Chateaubriand (1768-1848) nos advirtió de que no hay libertad sin libertad de prensa. Hacia el final de su vida escribió: "Siempre consideré esta libertad como una Constitución entera; las infracciones de la Constitución me han parecido poca cosa siempre que conservemos la facultad de escribir. Si la Constitución se pierde, la libertad de prensa la recuperará y nos la devolverá; si la censura existe, es en vano que haya una Constitución".

No hay dictadura sostenible si, además de dominar las instituciones represivas, no domina la prensa, o sea, si no ahoga el diálogo social, cuyos canales son los medios de comunicación masiva independientes.

En 1961, Fidel Castro dio el salto al absolutismo apropiándose de los periódicos, revistas, editoriales, radioemisoras y televisoras que había en Cuba. Su más fervoroso epígono, Hugo Chávez, quien durante el tiempo que lleva en el poder ha ido construyendo su régimen "bolivariano" con los ladrillos que le ha ido quitando al edificio democrático, cree que ha llegado el momento de imitar nuevamente a Castro, ahora en lo referente a la libertad de expresión, y ha decidido pegarle el tiro de gracia a la residual y agónica prensa independiente que a trancas y barrancas subsiste en Venezuela.

Mucho más que reglar la censura

Dando un paso decisivo en dirección a la dictadura sin tapujos, el ex coronel golpista se ha sacado de la manga un "Proyecto de ley especial contra delitos mediáticos", redactado por la Fiscal de la República, leído por ella en el Congreso y jubilosamente aplaudido por los diputados oficialistas, quienes se encargarán de subirlo a los altares.

Este engendro jurídico, minado de amañadas vaguedades susceptibles de admitir cualquier interpretación, establece penas de seis meses a cuatro años de cárcel para quienes cometan "acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".

Ésas resbaladizas generalidades son los "delitos mediáticos" en los que pueden incurrir "los dueños y cualquier otra persona que ejerza cargos directivos en medios de comunicación impresos, televisivos o radiofónicos, tanto de naturaleza publica como privada" y los "productores Nacionales Independientes, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación".

La lectura de este perverso instrumento jurídico no deja lugar a duda acerca de que su fin es más pavoroso que el de reglar la censura. Es una ley que no permite que se sepa cuándo se la incumple o no. Es tan concreta en sus castigos como gaseosa en sus exigencias: deja un margen tan amplio para las interpretaciones, que resulta imposible guiarse por ella para saber cómo evitar infringirla.

Su fin es infundir la incertidumbre, diseminar la coacción y provocar la autocensura. Se trata de un pretexto, de un fetiche documental al que han de remitirse los tribunales de la dictadura para "legitimar" ad libitum la arbitrariedad y los abusos del poder.

El "Proyecto de ley especial contra delitos mediáticos" de Hugo Chávez convierte el periodismo y la emisión de ideas en una temeridad.

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