La crisis permanente

Manifestación a favor de la autonomía en Santa Cruz. (AP)

En su punto más álgido está la polarización desatada en Bolivia por la aprobación del texto de la nueva Constitución que, atendiendo a la ola doctrinaria puesta en boga en el continente por el movimiento pardo-rojo que se autodenomina bolivariano, persigue rehacer la historia poniéndola a la hora cero a partir de la "refundación de un nuevo país".

Amplios sectores de la población se oponen al nuevo texto, en particular seis de las nueve regiones que integran el territorio boliviano: Pando, Cochabamba, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Las más prósperas del país andino, puesto que representan el 80% de la riqueza (hidrocarburos y agroalimentación) y consideran que la manera como fue votado el texto, sin participación de la oposición, vulnera todo principio democrático y legal.

La diatriba abarca cuestiones de tipo legal, pero igualmente, y en particular, la manera cómo es abordada la cuestión étnica y cultural en el proyecto de "refundación". La situación de enfrentamiento ha alcanzado grados de exacerbación. Los sectores más radicales de ambos bandos, han desembocado en actitudes de corte racista, lo que opone un serio problema a la oposición democrática y a la de izquierda que, si bien se opone a las tendencias antidemocráticas del oficialismo, comparte la necesidad de poner al día la agenda político-social que atañe a los sectores indígenas.

En varias ocasiones, la sangre ha corrido en Cochabamba y Sucre en el curso de violentos enfrentamientos entre estudiantes y habitantes de la ciudad, y la policía y partidarios del gobierno, con un saldo de varios muertos y centenares de heridos. Es interesante subrayar que los opositores critican, en particular, la manera cómo fue aprobado el principio de la futura Constitución Política del Estado, de manera casi clandestina. Primero en la sede del Liceo Militar de la Glorieta, en Sucre, en ausencia de los constituyentes de la oposición, que demostraron así su rechazo; sin lectura previa de los artículos ni someter a debate el texto ante la opinión pública.

Faltaba la aprobación del texto constitucional mismo, para luego someterlo a votación mediante referéndum, hecho que el gobierno logró el pasado 8 de diciembre en la ciudad de Oruro, amparado bajo el mismo escenario. El gobierno desarrolló una estrategia de desinformación para ocultar el lugar y la ciudad donde iba a celebrarse la reunión de los parlamentarios que procederían a la aprobación, a la vez que indujo un operativo de movilización de sus bases, destinado a disuadir la presencia de representantes de la oposición, que de todas maneras habían decidido no asistir para no avalar el acto que consideraban ilegal.

En una demostración de la técnica de golpe de Estado permanente contra las instituciones, el gobierno había logrado el quórum en el Congreso para obtener el recorte de los ingresos que perciben las prefecturas por concepto del "Impuesto Directo de Hidrocarburos", con el objeto de debilitar las regiones opositoras. Esto significa que las mismas pierden su autonomía presupuestaria volviéndose dependientes del Estado central, con el objeto de poner término a las autonomías. De lo que se trata, al igual que en Venezuela, es del acaparamiento de todo el poder por el Estado central.

El pretexto del recorte presupuestario, en el mejor estilo populista, es invertir ese impuesto en la Ley Universal de la Vejez, haciendo ver que las provincias contestatarias se oponen a la medida. Los gobiernos autonómicos no se oponen, sino que consideran que los medios para financiarla deben salir del presupuesto del Estado y no del presupuesto de las autonomías. El quórum y el resultado de la votación se lograron gracias a que una concentración de campesinos y de Ponchos Rojos, las milicias indígenas armadas de Evo Morales, impidió la entrada de diputados y congresistas de la oposición.

Dos modelos que chocan

La tensión llegó a tal extremo —tras la aprobación del texto constitucional en Oruro— que desató el repudio de los sectores democráticos y autonomistas, que lo ven como una artimaña constitucional mediante la cual se permite la reelección indefinida del presidente y el vicepresidente. Esto demuestra ante la oposición que se trata de un "proyecto constitucional que es más del MAS que del país".

El prefecto de Santa Cruz lo considera "un manifiesto partidario (…) que atenta contra la unidad nacional" y es "racista y excluyente". "Se trata de una institucionalidad orientada a producir una concentración de poder en una persona, en un partido y en un gobierno central", apuntó por su parte el analista Carlos Cordero.

Según algunos constitucionalistas, dos modelos de Estado chocan en el proyecto de la nueva Constitución Política: por un lado, un modelo indígena comunitario que está presente en todo el proyecto y expresa la doctrina del partido que está en el poder; y por otro, un modelo occidental-liberal, que es el del texto constituyente aún vigente. La presencia de ambos modelos no debería ser objeto de litigio a condición de que fuesen complementarios. Pero en los hechos no sucede, sobre todo en lo referido a la justicia comunitaria y la formal.

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