Lección sobre fragilidad democrática

Seguidores de Manuel Zelaya se manifiestan en Tegucigalpa. Honduras, 17 de septiembre de 2009. (AFP)

Han transcurrido casi tres meses desde el golpe en Honduras. El plan Arias —diseñado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias— exige el regreso al gobierno del mandatario depuesto, Manuel Zelaya, aunque con poderes reducidos, así como una amnistía para los involucrados en los acontecimientos previos y posteriores al 28 de junio. Tanto hondureños como observadores extranjeros esgrimen poderosos argumentos legales para justificar la "sucesión presidencial" o la permanencia de Zelaya como el "legítimo presidente".

El anuncio de Zelaya de que ha conseguido regresar a Honduras, tras varios intentos fracasados, y su pedido al pueblo de que le "cubra" de forma "pacífica", introducen nuevas variables en el tenso panorama político de la nación centroamericana.

La reacción inicial del gobierno de facto ha sido negar la presencia en el país del mandatario derrocado, y decir que se trata de "terrorismo mediático para provocar" a la población.

Sus razones para negarle a Zelaya el retorno al poder se basan en las circunstancias anteriores al 28 de junio. Desde marzo, el entonces presidente pretendía celebrar un referéndum, que muchos hondureños temían fuese un primer paso para convertir a Honduras en algo muy parecido a Venezuela. Al hacerlo —argumentaban el Congreso y la Corte Suprema—, Zelaya desafiaba la Constitución.

Los seguidores de Zelaya, la OEA y la mayor parte de la comunidad internacional sólo han visto el golpe del 28 de junio, sin preocuparse demasiado por lo que venía ocurriendo anteriormente. Los zelayistas se han lanzado a la calle diariamente en los últimos meses para desafiar al gobierno de facto. Mientras, Arias y la Administración Obama —que no son admiradores de la manera en que Hugo Chávez revienta la democracia desde dentro en la región— han exigido el regreso del presidente derrocado.

¿En quién confiar?

En casi todos los aspectos se pueden presentar fuertes consideraciones legales a favor y en contra. En un asunto tan cargado como el de Honduras bajo Zelaya, y ahora bajo Micheletti, sin embargo, debería tener la política el mayor peso. El plan Arias propone un arreglo mediante el cual se restauraría a Zelaya, con poderes restringidos, y se declararía una amnistía general.

Estos son dos aspectos fundamentales que deberían constar en una solución política:

—¿No deberían los hondureños —sobre todo aquellos que conceden algunos puntos a la otra parte— y la comunidad internacional poner fin a la crisis, asegurando la celebración de un proceso electoral legítimo antes de noviembre, incluso si Zelaya no es restituido?

—El gobierno de facto continúa atrincherado, utilizando como justificación las violaciones constitucionales perpetradas antes del 28 de junio. Zelaya no es el único que se enfrenta a cargos, también se acusa a algunos de sus ministros. La Constitución no siempre se ha defendido en Honduras sin mayores consecuencias.

Si no se puede confiar en que Zelaya rectifique si regresa para concluir su mandato, tampoco los políticos tradicionales han mostrado comprender cuánto ha cambiado el país. El mensaje de Zelaya reveló la furia de muchos pobres en Honduras, así como de un sector de la clase media e incluso de algunos de los más privilegiados.

Amenazas para la democracia e ira popular

Mucho antes del 28 de junio, los políticos tradicionales tenían poco que mostrar, excepto una cultura de impunidad, corrupción y negocios sucios. Salvo su giro a la izquierda, Zelaya también se comportó como un político tradicional en el poder. Por su parte, los principales contendientes en su sucesión —Elvin Santos (Partido Liberal) o Porfirio Pepe Lobo (Partido Independiente)— sencillamente no tienen idea de la ira de la ciudadanía. Zelaya sí estaba al corriente, pero parecía más interesado en exacerbarla que en gobernar para reparar sus causas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó hace varias semanas una visita de cinco días a Honduras y elaboró un informe. Su presidenta, Luz Mejía, señaló "la existencia de un patrón de uso de la fuerza desproporcionado, detenciones arbitrarias y control de la información para limitar la participación política de un sector de la población". El empleo excesivo de la fuerza por parte de la policía probablemente sea el responsable de varias muertes.

Las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Micheletti son deplorables. Sin embargo, a la luz del record de violaciones de América Latina desde los sesenta hasta los ochenta, las ocurridas en Honduras en los últimos meses juegan en una liga completamente diferente. Y el hecho de que el golpe del 28 de junio no fuera como los golpes militares que derribaron democracias en otras épocas, también constituye una realidad política que debe tenerse en cuenta.

La Carta Democrática de la OEA resguarda a la democracia contra antiguas amenazas, pero no contra la actual, representada por Chávez y sus aliados. Esto también constituye un tema político. ¿Hasta cuándo países como Brasil, Chile, Colombia y México continuarán negando públicamente lo obvio? La democracia se encuentra asediada nuevamente, aunque por fuerzas diferentes.

El caso de Honduras brinda muchas lecciones. Una vez desatada, por ejemplo, no es fácil aquietar la ira popular. El orden de cosas anterior, sencillamente no constituye una opción. La reconciliación nacional y la gobernabilidad democrática deberán ser el objetivo primordial. Ya se verá si las élites hondureñas están mínimamente preparadas para las tareas que les aguardan.

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