El mercado de la memoria (I)

Corren tiempos en los que conviene preguntar primero el signo ideológico para conocer qué se mueve detrás de una declaración o postura. El sentido común se escurre entre las modas en muchos sectores del arco ideológico internacional.

Baste un ejemplo de amplia repercusión mediática en 2006 para ilustrar las diferentes varas con que se está dispuesto a medir los asuntos: al abordar los procesos de transición, la gestión del pasado y el papel de la justicia luego de grandes conflictos nacionales —un tema en el que Cuba tendrá mucho que decidir más pronto que tarde— solemos asirnos a posiciones partidistas. Adictos a la manipulación, no son pocos los que se dejan arrastrar por los extremos de ambos bandos.

Hoy por hoy se libra en el contexto iberoamericano un debate sobre el resultado de las transiciones a la democracia en que el aspecto judicial desempeñó un papel prácticamente nulo. Las amnistías que en su momento aprobaron España, Argentina, Chile y El Salvador, entre otros, sirvieron para poner punto y aparte temporal al drama de estos países en relación con sus terribles pasados.

Pero, allí donde fuere, ni todas las víctimas fueron resarcidas cabalmente, ni las llamadas Comisiones de Verdad y Justicia constituyeron un brebaje mágico para el desagravio de la memoria. Aun así, no caben dudas de que la tragedia de los abuelos no se traspasó a los nietos, parafraseando al catedrático español Emilio Lamo de Espinosa, quien afirmó que a los españoles les tocó pensar qué era lo más importante durante la transición: juzgar los crímenes que se cometieron contra sus abuelos y padres o asegurar un futuro más o menos estable para sus hijos y nietos.

¿Es esta la confirmación de que las sociedades siempre están abiertas a reconsiderar las actitudes de los violentos que han originado grandes crisis, si estos están dispuestos a restablecer el orden democrático?

Probablemente sí. A pesar de tamaño conflicto ético, los hechos no pueden ser más elocuentes y el tema de la reconciliación, la (des)memoria y el 'mal menor' ha afectado por igual a tendencias de izquierda que de derecha. No se trata de aplaudir ni denostar dichas soluciones, sino simplemente de reclamar un mínimo de coherencia.

Mirando hacia atrás

Chile, España, Argentina y El Salvador no estarían hoy donde están si sus políticos no hubieran apostado por el futuro y enterrar el pasado. Veinte años después de la última dictadura militar fue que Buenos Aires reabrió los procesos contra los culpables de violaciones a los derechos humanos.

Argentina ha entendido que, transcurridas dos décadas, son menores los riesgos del ruido de sables, así como que los sectores militares están mejor controlados por el poder civil. En 1983, tras algunos movimientos en el Ejército, Raúl Alfonsín se convenció de que la idea de la consolidación democrática debía imponerse a la de la reparación total de las atrocidades, y actuó en consecuencia firmando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Si Argentina no está hoy al nivel de España o Chile, no es porque haya fracasado el plan de reconciliación del entonces presidente Alfonsín, sino porque conserva una clase política lamentable.

El 'oasis chileno', por su parte, no comenzó con la pasiva aceptación de la inmunidad vitalicia del ex dictador Augusto Pinochet, sino con el asentimiento de la Constitución pinochetista de 1980 por parte de la actual Concertación Democrática (en el poder desde 1990). La Concertación, en una decisión arriesgada —y criticada por muchos, entre ellos los comunistas—, aceptó utilizar un resquicio legal existente en la Carta Magna para apoyar un plebiscito sobre la continuidad del régimen, según ha dicho el ensayista chileno Eugenio Tironi.

Tras el triunfo del 'no' a Pinochet, Chile se dio un gran baño de olvido que el juez español Baltasar Garzón se encargó de interrumpir en el año 2000. Ya para entonces, la sociedad austral estaba mejor preparada para enfrentar los rigores de la justicia. A día de hoy, la lentitud y los tropiezos de las causas abiertas no han impedido recordar que la impunidad tiene límites.

La guerra de las imágenes

En España, donde en 1978 se produjo una "transición modélica" (no hubo juicios contra los represores de la dictadura y la familia y los bienes de Franco no fueron tocados), parece reabrirse el debate sobre la Guerra Civil y la dictadura, 28 años después de aterrizar la democracia en Madrid. La izquierda alega razones de justicia y reparación para aprobar una ley que reconozca derechos a las víctimas y que recomiende la eliminación de los símbolos franquistas. La derecha, por su parte, avisa de la "peligrosidad" de revisar el pasado.

Lo curioso de ambas posiciones es que, dichas de este modo, no se contraponen. Si bien hurgar en viejas heridas suele ser escabroso, no es criticable que de una vez y por todas desaparezcan de plazas y calles españolas las estatuas de Franco y se trasladen al sitio correspondiente: los museos.

A nadie se le ocurriría mantener en Berlín una estatua de Hitler, para no "destapar" asuntos pasados ni "enfadar" a una de las partes en conflicto. Sostener un doble discurso al respecto es apoyar la idea de dictadores "buenos" y "malos", y una tomadura de pelo hacia las víctimas. Entonces, ¿deberían los cubanos permitir en el futuro un monumento a Fidel Castro en la Avenida de los Presidentes de La Habana? Los hechos relacionados con la polémica escultura Castro en su lecho de muerte, que el artista norteamericano Daniel Edwards pretendía colocar en el Central Park de Nueva York, sólo muestran el principio de lo que será lidiar con una poderosa imagen que perturbará la mente de los cubanos más allá de su muerte.

En este caso, el destino final de la escultura de Edwards, incinerada o arrojada al mar, es lo de menos. Aquí cuenta especialmente el excentricismo de un artista plástico, conocido por regatear publicidad a cualquier coste y que dice haberse enterado ahora de los crímenes del castrismo.

Más allá de esta anécdota, vale la pena insistir en que la gestión icónica del pasado nada tiene que ver con la furia destructiva que sobrevino con la caída de Gerardo Machado en 1933, cuando se destruyeron varios símbolos del régimen; ni con la voraz devoción castrista de eliminar a golpe de martillo las imágenes de los presidentes de la República hasta 1958.

El lugar de los tiranos y sus adláteres son los museos y los libros de Historia, no los lugares de exaltación pública. Aunque eso signifique enfrentarse a un puñado de fascistas o comunistas, según el caso, que siempre existirán.

En todas partes cuecen habas

Por otra parte, los hechos confirman que el mundo conservador no es tan homogéneo como algunos intentan pintarlo y, al igual que el progresista, tiene familias de diversa laya.

Mientras en España el conservador Partido Popular defiende a todo pulso mirar hacia delante y olvidar el pasado (incluso esto mismo han recomendado más de una vez a los cubanos), en la Polonia de los ultracatólicos hermanos Kaczynski se ha aprobado una ley según la cual los ciudadanos que ocupen cargos públicos, más los maestros, abogados, notarios, diplomáticos, periodistas y directivos de las empresas públicas (más de 100.000 personas), tendrán que presentar un "certificado de limpieza" que emitirá el Instituto Nacional de la Memoria (IPN).

Según reportes de prensa, los colaboracionistas de los viejos servicios secretos comunistas podrán ser despedidos. También podrán ser expulsados quienes se nieguen a solicitar el certificado o los superiores que en las empresas no denuncien a los subordinados que no hayan presentado su prueba de limpieza expedida por el IPN.

Los gemelos que gobiernan Polonia equivocan el modo de impartir justicia al utilizar castigos laborales como arma de combate contra los horrores del pasado comunista. Lo correcto sería que los acusados de cualquier acto contra la dignidad humana sean presentados ante los tribunales, único organismo capaz de dictaminar la verdad sobre la base de pruebas, y no un aparato como el Instituto Nacional de la Memoria, al que pretenden dotar de un perfil parajudicial. Los Kaczynski, sin embargo, han excluido de la 'cacería de brujas' a la Iglesia Católica, de la que se calcula que el 10% de sus sacerdotes colaboró con la dictadura comunista.

Lo sucedido en España, Polonia, Chile o Argentina en la gestión de sus pasados es bastante, pero no todo lo que puede verse y oírse en este mundo.

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