Compañeros son los bueyes

Tras las destituciones fulminantes de Carlos Lage y Felipe Pérez Roque, un profesor habanero, preguntado sobre las motivos de tales suspensiones, expresó: "No tenemos nivel de información total, pero siempre nos han enseñado a tener confianza en los líderes de la Revolución. O sea, que estamos de acuerdo y pensamos que sí, que son justas [las sanciones]. En su momento se sabrán cuales fueron las causas, las razones".

Tal opinión pone de manifiesto el espíritu de rebaño, de mansas reses de una granja estatal, que el poder impuso a los ciudadanos desde los primeros años de la revolución. De aquí que los sectores sociales más afectados por la desnaturalización de uno de sus valores formales más representativos, rechazaran la abolición de la palabra "señor", respondiendo a la llamada de "compañero" con la frase que da título a este artículo.

Tras medio siglo de dictadura, se describe generalmente al pueblo como un colectivo social privado de libertad e inhabilitado para ejercer derechos económicos, políticos y civiles, que, como se sabe, van desde la imposibilidad de regentear una pequeña empresa, pasando por la prohibición de entrar y salir libremente del país, hasta la incapacidad para expresarse y asociarse; así como el nulo acceso a variadas fuentes de información, entre otros.

Sin embargo, a pesar de los comportamientos de doble moral (propios de regímenes que desprecian a las minorías y no toleran la diferencia), que un por ciento considerable de ciudadanos desafectos al régimen se ve obligado a asumir, existe también una mayoría seriamente perjudicada por las severas carencias materiales del castrismo, pero que prefiere vegetar a la sombra de la dependencia estatal.

Hay que tener en cuenta que el Estado es el único empleador, de ahí que quien se atreva a discrepar corra el riesgo de quedarse sin los magros ingresos en pesos nacionales, para él y su familia.

Resignación de apoyo

El sistemático adoctrinamiento ideológico acabó por acostumbrar a mucha gente a no pensar, a no opinar, a no decidir, y a que sean sus gobernantes quienes decidan por ellos. A raíz de la profunda reestructuración ministerial, se recogieron comentarios que respaldan lo que venimos afirmando: "No me importa cuántos generales designe Raúl, siempre y cuando la vida mejore, haya autobuses, se incrementen los salarios, echando a un lado la burocracia y se siga batallando contra la corrupción".

Tal manifestación confirma el supuesto de que si mañana el poder, sin dar el más mínimo paso hacia una liberalización de la sociedad, consigue aumentar su oferta de alimentos y de servicios mínimos, una parte significativa de la población volverá a respaldar plenamente a sus gobernantes, o al menos beneficiarlos con una "resignación de apoyo".

Este grupo mayoritario (sectores sociales en declive, personas de cierta edad o de bajo nivel de instrucción, así como de zonas rurales) carece de la más mínima noción del derecho al ejercicio de su libertad de opinión y expresión y representa un peso muerto, una rémora que dificulta enormemente los cambios.

Esa mayoría de cubanos constituye el motor de las transformaciones, y Raúl Castro lo sabe, pues de hecho gobierna ahora mismo con el apoyo activo de una minoría —la élite tecnocrática empresarial-militar y los cuadros altos e intermedios de la burocracia del partido y del gobierno—, aunque con el ojo siempre puesto en la minoría antisistema, para que no alcance el umbral de "masa crítica".

Mediante la represión es como el poder logra que la minoría antisistema no conecte con esa mayoría y la convenza de que los incentivos de ser protagonista de los cambios, de cara al futuro, son mayores que la pasividad ante la carencia absoluta de libertad para reencauzar sus vidas.

Tal situación contribuye al estado de inercia, a la parálisis que impera en gran parte de la sociedad. Este "peso muerto" es justamente lo contrario a la "masa crítica", la cual es la cantidad mínima de material necesaria para generar una reacción en cadena. Dicho en términos sociales: la acumulación de una cantidad suficientemente representativa de individuos con un proyecto social distinto al del poder y asumible por la mayoría de la población, que sea capaz de provocar un desequilibrio del régimen, o mejor aún, la deslegitimación moral del mismo.

La 'amenaza permanente'

Pero, ¿por qué no existe un soplo de ánimo en una parte importante de la población, la cual ni siquiera es capaz de expresar su malestar, pese a la prolongada penuria y la peor crisis estructural de toda su historia?

La revolución de 1959 redefinió las nociones del "nosotros" frente a los "otros". Esto permitió a la élite representante del nuevo poder identificar eficazmente sus intereses con los de toda la nación, excluyendo y calificando como "antinacional" cualquier otra alternativa de representatividad.

El tipo de dominación que se pretendía ejercer no se limitaba a un control, digamos físico, sino que exigía la creación de un sentido de legitimidad moral; o sea, el "derecho" de las autoridades revolucionarias a ejercer el mando único e indiscutido de los destinos del país.

La asociación deliberada de la revolución socialista con la patria y la nación, así como la proclamada necesidad de unanimidad frente a una situación de "amenaza permanente" manipulada por el poder, contribuyó a que el pueblo admitiera que el socialismo era la única opción política capaz de garantizarle, sobre todo, soberanía y justicia social.

La estrecha identificación entre Estado y nación funde en un solo bloque monolítico a gobernantes y gobernados, lo que implica que el pueblo abdicó de su soberanía, quedando como un mero rehén desprovisto de derechos y sometido al poder. Cuando Raúl Castro exige respeto a la soberanía nacional, está queriendo decir que tanto los cubanos, como la opinión pública internacional, tienen que acatar sin más la voluntad de los que gobiernan.

Frenos para la tolerancia

Por otra parte, la permanente movilización popular frente a la ficción de una agresión, ha provocado la imagen simbólica de plaza sitiada, a la vez que refuerza el mensaje de que el problema económico reside en el embargo impuesto por Estados Unidos, al que se acusa de todos los problemas. En este contexto se han reforzado inveterados hábitos de la historia política insular, tales como la confrontación, la intransigencia, la unanimidad y el acatamiento incontestable de las órdenes que vienen de las instancias superiores, típico de una "sociedad-cuartel".

La socióloga Velia Cecilia Bobes se refiere a esto en su trabajo Democracia e imaginario ciudadano, cuando señala que tales vicios de la cultura política cubana devienen frenos para la tolerancia y la convivencia entre individuos con diferentes credos políticos. A la vez, conforman comportamientos sociales que tienden a denostar y a reprimir a quienes no asuman estas conductas, lo cual consagra la aceptación de la exclusión, e incluso la aprobación moral de la represión, aplastando cualquier voz disidente.

La población no está amparada por leyes que permitan la constitución de organizaciones propias; más bien se ha enraizado una tendencia a ver la autonomía —al cuentapropista, por ejemplo— con desconfianza y a los que la ejercen como agentes corruptores del Estado colectivista.

Semejante automordaza supone que la población se inhiba a hacer comentarios en las contadas "consultas populares" a las que se les convoca, ya que existen temas sobre los cuales es mejor no opinar. Todo esto contribuye a crear una atmósfera de desconfianza, de secretismo, de falsedad. Así, cualquier cuestionamiento de los principios fundamentales o de las orientaciones emanadas "desde arriba", logra convertirse de hecho en motivo de una "sanción ejemplar", pudiendo ser interpretada incluso como una traición "a la patria, la revolución y el socialismo".

La falta de libertades internas para expresar y discutir alternativas ha provocado una minusvalía crónica en el pueblo, que le impide desplegar su creatividad para superar la crisis permanente y romper con la inercia del pensamiento político en la Isla.

Abrir la brecha

El eficaz funcionamiento de tales dispositivos de carácter ideológico, marcados a fuego desde hace medio siglo en la conciencia social, permite al poder gobernar cómodamente, al representarse a sí mismo como único garante de la soberanía de la nación, frente al supuesto acoso imperial y del exilio. Semejante construcción simbólica le permite presentar a la oposición como "vendepatria", y justificar moral e internacionalmente su represión. Pues, todo lo que se aparte de este discurso conspira contra la unidad monolítica de la nación.

Quebrar la perversa dinámica de esta situación paralizante resulta extraordinariamente difícil, ya que pasa por desactivar los dispositivos ideológicos y de autocensura, implantados por el Estado, mediante los cuales se mantiene cautiva a una parte significativa de la población. Incluso se ha conseguido que ésta repudie, o como mínimo ignore, a los que con extrema valentía se atreven a prestar su voz a los que carecen de ella.

Es obvio que la construcción de una democracia soberana, en cualquier país del mundo, es un asunto que concierne a actores políticos nacionales, y a no la consecuencia de los buenos oficios de una potencia extranjera o de la diplomacia internacional. Por otra parte, algunos sectores de la oposición reclaman que la discusión sobre democracia y derechos humanos debe ser exclusivamente "entre cubanos".

Sin embargo, considerando que el saldo de los vectores políticos que actúan en el escenario cubano es cero (o sea, favorece el inmovilismo impuesto por el poder), el concurso decidido de un cercano y poderoso vector interesado en que en Cuba existan libertades de todo tipo, podría —con otros medios distintos al embargo— contribuir a romper la inercia. Podría ser propiciando el ejercicio de ciertos derechos —el de información, por ejemplo—, que abrirían una pequeña brecha en la hasta ahora infranqueable muralla del poder.

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