Doble rasero

En reiteradas ocasiones, las autoridades cubanas han criticado a los países más ricos por sus políticas migratorias. Hace algunos meses, Fidel Castro y, recientemente, Felipe Pérez Roque han reprochado a Europa su nueva Directiva de Retorno, denunciando, de paso, el robo de cerebros, los malos tratos y las discriminaciones que sufren los inmigrantes en el Viejo Continente.

Posiblemente, la realidad le dé parte de razón, pero sólo parte. Es cierto que en determinados países el tema migratorio está siendo instrumentalizado atendiendo a cuestiones demográficas, como el envejecimiento poblacional y los consabidos problemas que trae para los sistemas de pensiones, o realidades del mercado laboral, como la existencia de trabajos que los nacionales no quieren realizar (o lo contrario). Inclusive ha sido utilizado en el debate político para captar votos.

Pero, sólo en parte, porque, tal y como nos tiene acostumbrados, La Habana sólo ve lo negativo de lo que sucede afuera e ignora —por lo menos en los noticieros— que muchos inmigrantes han encontrado en el primer mundo su salvación y han podido construir sus vidas gracias a sus esfuerzos y las condiciones que han encontrado en dichas sociedades.

Los cubanos que, por la insoportable situación económica y política de la Isla, han decidido o han sido obligados a vivir en otras tierras, saben y experimentan realidades a veces injustas, pero también conocen lo que es tener la posibilidad de emprender, ahorrar y ser libres, cosas que en Cuba están vedadas.

Pero lo más paradójico de la denuncia del gobierno cubano es que en su "preocupación por la calidad de vida de los inmigrantes", parece no haber lugar para consideraciones sobre dificultades que afectan directa y exclusivamente a los que salen de la Isla. Realidades que se convierten en injustas cargas sobre los emigrantes cubanos, que son impuestas por el mismo gobierno que denuncia las injusticias de otros.

Me refiero a los altos costos en concepto de carta de invitación, pasaporte, permiso de salida y otras trabas económicas o represivas para salir, así como los exorbitantes precios a pagar por trámites consulares cuando el ciudadano cubano se establece en otros países.

Robo a mano armada

Hace poco le pregunté a un peruano radicado en Madrid cuánto tenía que pagar por determinados trámites consulares. Sus respuestas no dejaban de sorprenderme cuando las comparaba con las tasas que tenemos que pagar los cubanos por los nuestros. Por ejemplo, por sacar un pasaporte nuevo, el consulado de su país le cobra 26,25 euros; en cambio, el consulado de la Isla cobra a los cubanos 183 euros. Su pasaporte peruano es válido por cinco años y, cuando caduca, tiene dos posibilidades: renovarlo por dos años, con un costo de 15 euros, o renovarlo otros cinco años por 26,25.

El nuestro vale supuestamente por seis años, pero su validez efectiva es de dos años —invento comunista—, lo que en términos reales implica el pago de 90 euros cada dos años en un trámite que se llama "prórroga del pasaporte".

Por la inscripción consular y su respectivo certificado, el consulado peruano cobra 0,75 céntimos de euros, mientras que nuestro gobierno cobra 12.

Por la legalización de una certificación de estudios realizados en España, para que surta efectos en Cuba, hay que pagar 100 euros, mientras que en el consulado peruano solamente 0,75 céntimos.

Hay trámites con costos todavía más escandalosos, como la legalización de certificaciones de nacimiento y de matrimonio procedentes de Cuba, ambas por encima de los 200 euros.

El maltrato del régimen contra los emigrantes no tiene límites. Cuba es el único país de Occidente donde existe la categoría "salida definitiva"; donde a los que salen "definitivo" le confiscan sus bienes muebles e inmuebles; donde las leyes impiden a los ciudadanos establecer libremente su residencia de manera temporal o permanente, ya sea en su país o en el exterior sin menoscabo de sus derechos; donde los trámites son pagados en moneda distinta a la que gana la gente por su trabajo y a precios confiscatorios; donde hay profesionales que para salir tienen que pedir permiso al ministro del ramo y pueden enfrentar castigos hasta que dicha autorización llegue, a veces cinco años después; donde hay que cumplir requisitos previos para que un ciudadano residente en el exterior pueda entrar a su país —habilitación del pasaporte—.

No se trata de convertir este tema en un punto más de confrontación. Lo que queremos todos los cubanos son soluciones. No queremos seguir otro medio siglo bajo los efectos de una abusadora sombra que se empeña en acompañarnos por doquier, mientras de cara al mundo ofrece hipócritas discursos de humanidad. La modificación de esta situación está en manos del gobierno, de nadie más. Gobierno que en un tiempo llamó a los emigrantes "gusanos", "escorias", "vendepatrias" y "traidores", y que hoy día les sigue tratando como tales.

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