Encrucijada europea, realidad cubana

La Unión Europea ha decidido eliminar las sanciones impuestas a La Habana en junio de 2003, por el fusilamiento de tres secuestradores de una embarcación y el encarcelamiento de 75 opositores pacíficos y periodistas independientes.

Dichas sanciones consistían en: 1) Limitar las visitas gubernamentales de alto nivel realizadas en el marco bilateral, 2) Reducir la importancia de la participación de los Estados miembros en las manifestaciones culturales, 3) Invitar a disidentes cubanos a las ceremonias organizadas con motivo de las fiestas nacionales, y 4) Proceder a la reevaluación de la Posición Común de la UE.

Salvo la última, que sigue en vigor, las otras permanecían congeladas desde 2005. Cabe preguntarse si la adopción de tales medidas fue conveniente, frente a una dictadura que se ha alimentado siempre de la confrontación. Sin duda, la ola represiva de 2003 mereció la repulsa de las democracias del mundo, pero el nudo gordiano está en cómo lidiar con un gobierno cuyo control sobre el país es absoluto.

A favor de la nueva situación, debe reconocerse que las medidas no se cumplían en la práctica. Ha sido desgastador debatir sobre lo que ya no existe, mientras continúa el mal de fondo —los problemas de los cubanos—.

La invitación de disidentes a las embajadas europeas jamás debió elevarse a la categoría de "sanción". Antes de 2003, era un hecho normal en muchas legaciones diplomáticas. Y, por lo que simboliza para la sociedad civil, esta política deberá alentarse, más allá de la decisión adoptada en Bruselas. Incluirla en la lista punitiva, añadió sin duda más pólvora a la retórica belicista del régimen y puso en escena un asunto que debió permanecer en otro plano, en aras de su efectividad.

Quienes han defendido la permanencia de las medidas de junio de 2003 argumentan que el cambio sería presentado por La Habana como una "victoria política". Probablemente ocurra así, pero, contextualizando el problema, nada ha funcionado en el último medio siglo: ni el embargo de EE UU ni la presión diplomática de la UE. Y aunque cruzarse de brazos no es la solución, tampoco lo es sostener una postura con tal de aparentar movimiento.

La senda diplomática es lenta, y por momentos engorrosa, pero es el único camino, a pesar de la ingenuidad de algunos gobiernos y la radicalidad de otros. Dadas las circunstancias, la UE debería repensar ahora sus próximos pasos. Roza el dislate presentar la eliminación de las sanciones como respuesta a un presunto "clima más favorable" en la Isla. Visto así, el resultado no sólo es grato para el régimen, sino también representa un nuevo golpe a quienes sufren la represión permanente, con más violencia policial y callejera (si cabe) que antes de la enfermedad de Fidel Castro.

No existe un cambio de opinión en el seno de los Veintisiete sobre la Posición Común de 1996, que fomenta un proceso de transición pacífica hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una recuperación económica sostenible y una mejora de los niveles de vida de la población de la Isla.

Independientemente de las sanciones, en modo alguno la discusión debe afectar la esencia de este instrumento. La Posición Común fija ideas clave del proyecto europeo que, en ningún caso, resultan negociables. A partir de estas premisas, el reto de la UE radica en priorizar una negociación encaminada a la liberación de los presos políticos y a la eliminación de los delitos de opinión, así como a una apertura de la Isla a la comunidad cubana en el exterior en favor de la reconciliación nacional.

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