| Victoria de la razón |
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| 43 años de régimen y diez condenas consecutivas de la ONU. ¿A quién ayuda el embargo? |
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| por LUIS MANUEL GARCíA |
Parte 1 / 2 |
Por décima vez consecutiva, el embargo norteamericano ha sido condenado por amplia mayoría. Esta vez 167 países votaron a favor de la resolución 56/9, tres votaron en contra y tres se abstuvieron. "Contundente victoria de Cuba en las Naciones Unidas", puede leerse en el diario Granma, ansioso por demostrar, como de costumbre, que el planeta en pleno apoya al régimen de la Isla, olvidando que la inmensa mayoría de esos países votó no hace mucho a favor de condenar al Gobierno cubano por su sistemática violación de los derechos humanos. En aquel momento la prensa insular tildó a esas mismas naciones de lacayos del Imperio, lamebotas y sobornados. En su esquema maniqueo de las relaciones internacionales, no parecen comprender que existe algo llamado "independencia de criterio".
De hecho, no se trata de una victoria del régimen —que ha secuestrado el nombre de Cuba durante medio siglo—, sino de la razón.
En teoría, el embargo tiene como propósito presionar a Castro para forzar el cambio hacia un Estado de derecho y el respeto a las libertades individuales. Y la razón dice que si no lo ha conseguido en 43 años, algo falla. Las únicas dos empresas que han aplicado empecinadamente la misma política durante 43 años, a pesar de su probada ineficacia, son el régimen cubano y quienes mantienen en Estados Unidos el embargo. En ambos casos se invoca la felicidad de los ciudadanos. En ambos casos, la felicidad de los cubanos es lo que menos cuenta.
Cuando ya la ineficacia del embargo había quedado sobradamente demostrada e incluso su utilidad para su gobernante, que la emplea como hoja de parra para tapar su ineficiencia, la respuesta norteamericana fue recrudecerlo, al aprobar la Ley Helms-Burton. Una ley que "procura sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro en Cuba, planificar el apoyo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno electo democráticamente en la Isla y otros fines". Su presupuesto básico es sancionar y reparar "el robo por ese Gobierno [el de Castro] de propiedades de nacionales de los Estados Unidos", haciendo de ello un instrumento para la democratización de Cuba.
Y será el presidente de los Estados Unidos quien determine cuándo existe un gobierno de transición. Dimanar de elecciones libres e imparciales y una clara orientación hacia el mercado, sobre la base del derecho a poseer y disfrutar propiedades, son las condiciones adicionales para que el mismo presidente concluya que se trata de un gobierno elegido democráticamente, momento en que la felicidad reinará en la Isla, ya que el bienestar del pueblo se ha afectado, según la ley, por el deterioro económico y por "la renuencia del régimen a permitir la celebración de elecciones democráticas". La primera razón es obviamente correcta. La segunda, indemostrable. Taiwán, Corea y Chile, por un lado; Haití, Nicaragua y Rusia, por el otro, demuestran que la democracia de las urnas y la democracia del pan no forman un matrimonio indisoluble.
La presunta "amenaza castrista" permite a la ley apelar a la extraterritorialidad y sancionar a terceros países, dado que "El derecho internacional reconoce que una nación puede establecer normas de derecho respecto de toda conducta ocurrida fuera de su territorio que surta o está destinada a surtir un efecto sustancial dentro de su territorio" (sic). No sólo a entidades y personas que "trafiquen con propiedades confiscadas reclamadas por nacionales de los Estados Unidos", sino a quienes establezcan con Cuba cualquier comercio en condiciones más favorables que las del mercado; donen, concedan derechos arancelarios preferenciales, condiciones favorables de pago, préstamos, condonación de deudas, etc. Es decir, todo lo que proporcione al régimen castrista "beneficios financieros que mucho necesita (...) por lo cual atenta contra la política exterior que aplican los Estados Unidos". De modo que el planeta Tierra y sus alrededores quedan advertidos: Cualquier acción que contradiga la política exterior norteamericana respecto a Cuba, queda terminantemente prohibida.
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