La ignorancia y el cinismo

En días pasados el político cubano exiliado Carlos Alberto Montaner (CAM) publicó un artículo titulado La educación y el cinismo.

El artículo intenta descalificar al movimiento estudiantil chileno y sus demandas en pro de la desmercantilización de la educación. Pero no discutiendo las coordenadas políticas del asunto —lo cual hubiera sido muy interesante—, sino desde una atalaya moral dogmáticamente neoliberal. Por todo ello, CAM descalifica a los estudiantes —e imaginamos que también a la inmensa mayoría de la población chilena que les apoya— y les llama algo así como haraganes-aspirantes-a-que-alguien-pague-sus-estudios.

El neoliberalismo es una doctrina cuya puesta en práctica no solo ha causado muchos estragos sociales, frustraciones y miserias, sino que ha estado precedido por ellos. Sencillamente, porque sus postulados solo pueden practicarse desde la represión y la inacción social, de lo cual el régimen de Pinochet en Chile —con sus asesinatos, desapariciones y torturas— fue un ejemplo trágico.

Pero aún así, leer La Acción Humana o El camino a la Servidumbre es siempre un motivo de regocijo intelectual que sugiere que efectivamente hay cuotas de ideas atendibles en una propuesta teórica que coloca al mercado como principio ordenador de la sociedad. Pero como sucede en otros cuerpos teóricos, el argumento neoliberal se degrada cuando cae en manos de divulgadores menos ilustrados que los padres fundadores.

Y CAM es un ejemplo de esto último, a lo cual se suma su tendencia a opinar sobre lo que no conoce, desfigurar situaciones, ofender a sus adversarios y hacer de su ideología un credo fanático. Como ocurre ahora con los estudiantes chilenos, pero antes con la izquierda latinoamericana que posee brillantes representantes en el continente, y a los que en algún momento llamó —escoltados por otros dos “perfectos amigos”— “los perfectos idiotas”.

Un ejemplo de ello es su caracterización de las protestas estudiantiles chilenas como rosarios de actos vandálicos inspirados por minorías infiltradas, cuando en realidad, desde su estallido en 2011, fue un movimiento con niveles muy bajos de vandalismo, entre otras razones porque los propios estudiantes se encargaban de controlar situaciones indeseadas, sean éstas provenientes de los grupos extremistas que menciona CAM o de denunciados agentes infiltrados, dato este último que CAM no menciona.

En aras de la brevedad que siempre exige un artículo de esta naturaleza, procederemos a argumentar en torno a dos cuestiones claves del artículo: 1) el análisis del movimiento estudiantil y 2) el concepto de la educación.

Cuando CAM limita su explicación a que los estudiantes piden educación gratuita produce una desafortunada desfiguración del asunto. No porque los estudiantes no la pidan. La piden y aspiran a conseguir mejores posiciones económicas para estudiar, pero esto es, para decirlo de alguna manera, una posición icónica, pues los estudiantes saben que son una pieza en un tablero de negociación y que al final lo que están haciendo hace avanzar a la educación hacia la desmercantilización. Y en eso coinciden con la inmensa mayoría de la sociedad y con sectores significativos de la clase política chilena. Y ello, al punto que nadie con aspiraciones de credibilidad en Chile estaría dispuesto a repetir las simplicidades que nos regala CAM. Y en cambio, muchas personas, entre quienes nos encontramos, creemos que la educación es un derecho social y su acceso universal en condiciones de gratuidad es una aspiración legítima y positiva.

La arremetida de los estudiantes no solo es contra una universidad muy cara, sino también contra un sistema que ha implicado transferencias masivas de fondos públicos al sector financiero privado y a las universidades de igual signo. Y, lo que CAM evidentemente desconoce, también contra un sistema tributario regresivo a escala planetaria que descansa sobre los sectores populares y medios. Si este sistema tributario se hiciera más equitativo, y cargara más su peso sobre el 1 % de la población que recibe el 30 % del producto, entonces no fuera el pobre trabajador quien pagaría la mayor parte de la educación gratuita, sino que el puñado de potentados que habitan el sector oriente de la ciudad de Santiago.

En resumen, todo un ramillete de distorsiones neoliberales que el movimiento ciudadano y estudiantil ha colocado sobre la agenda pública, y que Michelle Bachelet, la más probable presidenta a partir del próximo año, se ha propuesto superar.

La otra cuestión tiene que ver con la manera como CAM valora el lucro en la Universidad. Obviamente no entraremos a comentar su comparación de los servicios educacionales con un restaurante, lo que se coloca —como decía Marx— por debajo de la crítica, y que asumimos más bien como una nota jocosa. Tampoco comentamos su proclamación de La Academia platónica o del Liceo aristotélico como instituciones de lucro, pues ello solo indica que entre sus fuertes no está la cultura grecolatina, lo que no es importante para lo que discutimos. Pero creemos que, definitivamente, CAM no entiende lo que significa lucro, ni una “institución sin fines de lucro” en términos legales, ni sabe diferenciar lo que es público de lo que es privado.

Veamos esto con más detalle. En Chile existen numerosas universidades, unas estatales y otras no. Para espanto de los neoliberales, las mejores y más exigentes son las estatales, y en particular la Universidad de Chile, tal y como en México es la UNAM, en Puerto Rico la UPR, en Argentina la UBA y en Brasil la USP. Pero también existen otras universidades no estatales, algunas de las cuales garantizan una alta calidad de la enseñanza, una proyección pública constante y que no tienen fines de lucro. Como son los casos conocidos de las universidades Católica, Alberto Hurtado, Diego Portales, etc. Muy pocas personas en Chile discuten la existencia de estas universidades ni de sus valores, aunque no sean estatales.

Y no lo discuten, además, porque no infringen la ley, pues CAM debe conocer que la ley chilena indica que las universidades —públicas y privadas— son “instituciones sin fines de lucro”. Y esto implica una cuestión bien simple: el excedente que generen estas instituciones no puede ser “retirado”, utilizado para otros fines que no sean los de la propia institución. Lo que en primer plano se discute es la existencia de una miríada de universidades privadas que violan la ley y operan como empresas lucrativas, al mismo tiempo que se ubican en los peores rankings nacionales. Son universidades ilegales que no distinguen, como CAM, la diferencia nada sutil que existe entre una fonda de barrio y una universidad.

Pero los estudiantes no solo están hablando del sentido legal de la palabra “lucro”. No solo objetan que, por ejemplo, el dueño de una Universidad como la Universidad SEK compre publicidad en el estadio de un equipo de futbol del que al mismo tiempo es propietario, eludiendo la prohibición del lucro ya aludida. Junto con ello, demandan la restitución de un sistema educativo, en todos sus niveles, en donde la competencia, el afán de ganancia y la desregulación salvaje del mercado no sean los principios bajo los cuales éste sea gobernado.

Aún cuando conmueve la preocupación de CAM por los “trabajadores de a pie” (no es un sentimiento común en los predios neoliberales) habría que anotar que para el caso que nos ocupa el acceso a la educación superior determina niveles de endeudamiento insostenibles para estos mismos trabajadores que, con la expectativa de un mejor futuro, envían a sus hijos a la universidad, hipotecando sus vidas y la de los futuros profesionales. Cuando se debate si puede la educación gobernarse con las leyes del mercado, la experiencia chilena de más de 30 años ha mostrado claramente que no. Existe un mercado irracional, hiperextendido, excluyente, con niveles de aranceles irracionales, superiores al promedio de América Latina. Lo llamativo de las movilizaciones estudiantiles no son sus magnitudes, sino que no se hayan producido antes.

Es una pena que Carlos Alberto Montaner, un hombre talentoso y con buena pluma, no entienda que la educación, como la salud, es un derecho social, y no un servicio comercial. Lo que afortunadamente los chilenos y chilenas han aprendido, y por lo que están apostando. Justo lo que los estudiantes y la mayoría de la sociedad chilena han estado exigiendo en esas magníficas movilizaciones que reclaman un mundo mejor y posible en que la dignidad humana deje de ser pensada como un mezquino ejercicio de costos y beneficios.

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