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Actualizado: 20/12/2014 5:25
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| Internacional

Jaime Guzmán, Chile, Raúl Castro

La impunidad, la ideología y la política

Descartan interrogar a Raúl Castro por caso Jaime Guzmán

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El gobierno chileno ha actuado rápido, con el objetivo de cerrar el paso a cualquier intento que pueda “empañar” la visita del gobernante cubano Raúl Castro al país.

Se trata de una situación doblemente explosiva para Sebastián Piñera. La parte acusadora forma parte de la coalición que lo llevó al poder. La parte acusada llegará al país para realizar un protagonismo muy especial: recibir de manos de Piñera la presidencia pro témpore de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), una organización reciente que de momento no es de especial importancia práctica, pero con un enorme valor simbólico: la posibilidad de una unidad latinoamericana y caribeña más allá de las ideologías y los gobiernos.

Es precisamente la ideología, o mejor los resultados de una cruenta lucha ideológica, la que ha resurgido en lo que se vaticinaba otra reunión aburrida.

Cómo entonces Piñera va a permitir que en su país, con una creciente tensión política, se desvíe la atención, y un simple traspaso, de un poder más o menos simbólico, se transforme en un acto de complicidad: de la entrega de la batuta de una organización democrática a un acusado de complicidad en un asesinato político, que por otra parte no es un simple crimen sino un hecho típico de la época en que guerrillas urbanas y rurales luchaban a muerte frente a sanguinarias dictaduras militares.

Es como si el pasado regresara, para recordarle a latinoamericanos y caribeños que no se puede pasar página tan rápidamente. Porque tampoco se trata de un crimen sin castigo o un episodio histórico, sino de perpetuadores del acto que viven con toda tranquilidad, bajo el amparo de Cuba.

Situación en verdad difícil, lo que explica la premura. Y donde hay un factor que hasta ahora se ha mantenido discreto, que es el exilio cubano de Miami, ya que un sector del cual mantiene un vínculo histórico con el pinocheísmo y existe la posibilidad de que también se manifieste en Chile, lo que ha ocurrido en otros países y otras reuniones similares.

Doblemente difícil para Piñera —hay que repetirlo—, cuando la mayoría de sus cercanos colaboradores formaron parte de la dictadura que por 17 años encabezó Augusto Pinochet, aunque en cargos de menor rango. Y donde él mismo afirmó, antes de ser electo, que para integrar su eventual gobierno no era delito ni pecado haber trabajado en esa dictadura.

Sin embargo, ahora la realidad política exige echar a un lado la ideología y las convicciones políticas se tienen que adaptar a las circunstancias.

Este es el origen del “problema”:
La Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que realizará “acciones” contra Castro, sin especificar cuáles, por supuestamente dar cobijo en Cuba a los autores del asesinato de su fundador e ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, ocurrido en 1991 en Santiago.

Castro visitará Chile para participar los días 26 y 27 de enero en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE), mientras que el día 28 tendrá lugar una cumbre de la Celac, en la que el presidente chileno, Sebastián Piñera, debe entregar al gobernante cubano la presidencia pro témpore de la organización.

Son estas posibles “acciones” las que preocupan al gobierno chileno, y ya se ha apresurado a aclarar cuál es la raya divisoria entre la queja y las acciones legales.

El ministro Mario Carroza, juez instructor por el crimen del senador Guzmán, explicó este lunes que la inmunidad diplomática de la cual goza Castro como presidente de Cuba le impide poder requerirlo judicialmente, según información de El Mercurio de Chile.

De esta manera, Carroza descartó realizar cualquier diligencia ante la visita que realizará Castro a Chile.

“En el caso del Presidente de Cuba, Raúl Castro, no es un elemento que yo he considerado que está adentro de la causa de la investigación del crimen de Jaime Guzmán, por lo tanto no parece factible y además que tiene la inmunidad y no parece factible que se puede concretarse una situación de ese tipo. No parece necesario, no sé en qué contexto se podría dar una situación así”, dijo el integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Carroza aseguró que “en este tipo de procesos y en este caso debemos obrar con mucha prudencia y mucha coherencia dentro de lo que estamos investigando, que es el homicidio de Jaime Guzmán”, precisó el magistrado.

Al mismo tiempo, el Gobierno chileno se mostró dispuesto a trasladarle la denuncia formulada por un partido oficialista durante la visita que hará esta semana a Santiago, de acuerdo a la información cablegráfica.

“Nosotros estamos más que disponibles para hacer todas las gestiones que sean posibles con las autoridades cubanas, sin perjuicio de lo que hagan las autoridades judiciales en pedir extradiciones”, señaló el lunes el canciller, Alfredo Moreno, a Radio Cooperativa.

“En la medida en que la UDI nos entregue la información y los requerimientos que ellos quisieran hacer, yo me he puesto a disposición para recibir esa información y, naturalmente, si me la hacen llegar, se la haremos llegar también a las autoridades cubanas”, declaró.

Moreno aseguró que “hace un par de días” conversó sobre este asunto con el presidente de la UDI, Patricio Melero, y ambos coincidieron en que el asesinato de Guzmán es “un tema de gran relevancia” para ese partido, para el Gobierno y para el país, dijo.

Con todo, el ministro de Relaciones Exteriores volvió a recalcar la inmunidad de Castro, y precisó que “los jefes de Estado tienen una inmunidad absoluta de jurisdicción”. “Por lo tanto, cualquier acción en los tribunales chilenos no tendría impacto alguno sobre ningún jefe de Estado”, explicó.

Jaime Guzmán Errázuriz fue muerto a balazos por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el 1 de abril de 1991, en una emboscada a las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica.

El atentado fue realizado por miembros del ultraizquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y la UDI sostiene que varios supuestos implicados en el crimen, entre ellos Raúl Escobar Poblete, Marcela Mardones, Alexis Soto y Juan Gutiérrez Fitchman viven actualmente en Cuba.

Hace unos días, un grupo de simpatizantes del fallecido dictador Pinochet presentó una querella contra Raúl Castro, por su supuesta implicación en un contrabando de armas que el FPMR trató de introducir al país en la década de los ochenta.


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