Oposición venezolana dice que acuerdos petroleros con China son ilegales

Diputados opositores venezolanos tildaron hoy de ilegales los acuerdos petroleros firmados por Venezuela con el Gobierno chino y aseguró que los recursos que generan estos convenios van a parar a manos de empresas argentinas e iraníes aliadas del presidente del país, Hugo Chávez.

“Demandamos la nulidad de los convenios entre Venezuela y China denominados Fondo Pesado 1, Fondo Pesado 2 y Fondo de gran volumen y financiamiento a largo plazo, por constituir un esquema inconstitucional en el que el Ejecutivo se apropia de decenas de miles de millones de dólares”, reclamó el diputado opositor Miguel Ángel Rodríguez en rueda de prensa.

En abril del año pasado, el Gobierno chino concedió dos préstamos a Venezuela valorados en más de 20.000 millones de dólares —de ellos, 10.200 millones en yuanes—, unos recursos a los que hay que sumar los del Fondo Pesado binacional acordado en 1997 con 6.000 millones que pasaron a 12.000 en 2009.

El mandatario destacó en septiembre pasado que entre los proyectos que se financian con estos fondos se cuentan plantas para producir fármacos, construir satélites, procesar plásticos, autopartes, electrodomésticos e invertir en 72 fábricas socialistas con Argentina y una procesadora de alimentos con Cuba.

Según Rodríguez, el dinero de estos acuerdos es aprovechado por el Gobierno de Chávez para financiar a allegados en el extranjero “como es el caso de empresas de Irán y Argentina”, aunque no precisó cuáles eran esas organizaciones ni enseñó las pruebas que soporten esta aseveración.

“El Fondo chino-venezolano, o mejor dicho, el fondo con el cual cuenta el presidente Chávez (…) es un fraude contra la Constitución venezolana y las leyes; contra la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en consecuencia contra todos los venezolanos”, dijo Rodríguez.

El diputado, quien hizo la denuncia en compañía de otros parlamentarios opositores, aseguró que el Ejecutivo tiene la obligación constitucional de contraer deudas solo a través de la Ley Especial de Endeudamiento, que se presenta anualmente junto con la Ley de Presupuesto.

Rodríguez mostró un documento que el ministro venezolano de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, entregó a Chávez en abril de este año y que refleja, según dijo, una confesión de cómo los acuerdos han golpeado la estabilidad de PDVSA porque el mismo Ramírez dice que es “una carga financiera muy pesada”.

Indicó que este punto de cuenta de Ramírez se lo hicieron llegar funcionarios del Gobierno que son “verdaderos patriotas” y que se preocupan por el país.

Rodríguez y sus colegas parlamentarios exhortaron a la Asamblea Nacional (Parlamento), la Contraloría General, la Fiscalía General y el Poder Judicial a “actuar con transparencia” sobre estas denuncias “sin desestimar la posibilidad de juicio a que hubiere lugar”, aunque los responsables ostenten altos cargos en el Ejecutivo.

“Alertamos al país sobre la posibilidad de que este esquema inconstitucional instalado con la justificación de ayudar al desarrollo del país más bien se haya convertido en una inmensa lavadora de recursos orientados a una milmillonaria corrupción”, reiteró Rodríguez.

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