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Pescando en aguas revueltas

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En pocos días Honduras ha experimentado dos golpes de estado de diverso estilo y naturaleza. En la balanza esta el futuro de esa nación centroamericana y de toda la región. Algunos buscan ahora pescar en esas aguas revueltas.

Hasta el pasado domingo el Presidente Zelaya -contra las leyes vigentes y la voluntad expresa de todas las instituciones (poder judicial, poder legislativo, tribunal electoral, partidos políticos (incluido el suyo), iglesias, y un largo etcétera- promovía una consulta anticonstitucional. Una cláusula “pétrea” (o sea, intocable) de la Constitución es la imposibilidad de reelección presidencial a cuyo cuestionamiento se dirigía el plebiscito. Con eso no se juega en Honduras. Dicho sea de paso, tampoco Fidel Castro permite consultas para cambiar el régimen cubano y por eso –después de la petición de un referéndum por el Proyecto Varela- incorporo una cláusula pétrea sobre el particular a la Constitución de 1976 y metió presos a los que promovían la consulta acusándolos de conspirar con un enemigo externo.

La iniciativa de Zelaya estaba inscrita en la nueva metodología de subversión antidemocrática sobre la que aun no existe una conciencia regional y para la cual la OEA no ha desarrollado todavía mecanismos apropiados de protección. Son los golpes del siglo XXI promovidos por los pretendidos “socialistas” del siglo XXI.

Frente a la acción inconstitucional de Zelaya –apoyada materialmente por Hugo Chávez-, el secuestro y expulsión del territorio nacional del presidente en funciones ejecutado por militares hondureños presenta la estética de los clásicos golpes de estado frente a los cuales la región y la OEA han creado mecanismos como la Carta Interamericana.

Pero lo ocurrido es tan inaceptable como lo que se pretendía impedir que ocurriera. Además es contraproducente.

De haberse iniciado un juicio criminal y otro político contra el Presidente Zelaya por las instituciones y poderes constitucionales dentro del Estado de Derecho hondureño, la maniobra golpista del ALBA se hubiera frustrado y la conspiración para suplantar democracias con regimenes caudillistas hubiera quedado expuesta a lo largo de ese proceso judicial. En virtud de la inaceptabilidad del procedimiento, ahora Zelaya se proyecta internacionalmente como victima inocente y absoluta de los militares hondureños.

Sin embargo, la soberanía de Honduras no será servida de manera adecuada si la salida a esta situación se procura desconociendo la legitimidad del resto de los poderes constitucionales vigentes en esa nación y pasando por alto la autoridad soberana que les asiste para proteger la Constitución frente al nuevo modus operandis de los golpistas autoritarios latinoamericanos. La OEA puede desconocer en las actuales circunstancias a Micheletti pero no al poder legislativo, judicial y electoral de Honduras, la Constitución del país y la soberanía nacional que asiste a las instituciones para atender y resolver un conflicto interno por cauces democráticos.

La comunidad regional tiene potestad para actuar frente a golpes militares contra los poderes constitucionales de los estados latinoamericanos. No la tiene para extender impunidad a un presidente frente al resto de los poderes democráticos que rigen un país, en menosprecio de su soberanía y Constitución.

La confusión creada con estos hechos alienta el aventurerismo de quienes sopesan el apoyo a posibles acciones “revolucionarias” dirigidas a provocar una espiral represiva en Honduras si Zelaya no se consolida como poder supremo. Es lo que han declarado. En ese sentido la comunidad regional tiene el deber de poner coto a las reiteradas amenazas y declaraciones intervencionistas de Hugo Chávez a propósito de los acontecimientos en Tegucigalpa.

En realidad no estamos frente al Socialismo del Siglo XXI, sino frente al Golpismo del Siglo XXI y se hace necesario crear la conciencia y construir los mecanismos de protección regional adecuados para contener este asalto a la democracia. Pero la gobernabilidad democrática –nadie debe olvidarlo- solo puede ser defendida con procedimientos de Derecho. Ese es el reto a resolver en la crisis hondureña.



La sangre de los Otros

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Se ironiza afirmando que “político” es aquel siempre dispuesto a dar tu vida por la patria. La tuya, no la propia. Manuel Zelaya, que recién pospuso su anunciado retorno a Honduras, ya convoca a la insurrección popular contra las Fuerzas Armadas para que sangre ajena lo traiga de vuelta al sillón presidencial. Y Hugo Chávez –que estuvo presto a largarse en un avión hacia La Habana cuando un golpe lo depuso por unas horas- vaticina que ocurrirá un baño de sangre si su protegido no es restaurado como presidente. El sabe lo que dice.

Chávez no espera que las masas hondureñas se alcen contra el actual gobierno de Micheletti. Para irritación del golpista venezolano, en Honduras la inmensa mayoría apoyaría hasta Satanás si fuera preciso antes que emprender el camino hacia “paraísos” al estilo de los que promete La Habana y Caracas. En la perspectiva castrista corresponde a los grupos violentos “bolivarianos” esparcidos por la región reagruparse en Honduras para provocar el baño de sangre que vaticina su actual mentor y financista.

La técnica es la misma que describe el Manual de Guerrillas. Realizar acciones de “propaganda armada” de escaso valor militar en la esperanza de provocar una represión indiscriminada contra la población civil que atraiga la atención internacional. El rencor que resultase de esa eventual torpeza militar y política se encargaría de nutrir las filas de la insurrección hasta entonces inexistente. De ese modo y en forma gradual, las filas “revolucionarias” –sin llegar nunca a representar una mayoría- adquirirán la legitimidad de la que carecen como opción política o electoral. Si para impulsar esa carrera al abismo se hace necesario instalar a Zelaya en una remota zona fronteriza, para que desde allí continúe arengando a otros a ofrendar sus vidas, no vacilarían en hacerlo.

En otras palabras: Castro y Chávez confían que unos pocos militantes violentos logren, con su concertación y apoyo, provocar en Honduras una represión masiva que les otorgue la relevancia que no tienen. Se intenta construir una oposición sobre sangre ajena. La sangre de los Otros. ¡Estad alertas!



Granma y su Disney World

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¿Que pasaría si mañana un destacado opositor sobrevolara La Habana y desde una aeronave –facilitada por el Presidente de Estados Unidos- arengara a la población a enfrentarse a las fuerzas militares que custodian un aeropuerto para poder aterrizar e iniciar una insurrección?

¿Que sucedería si las arengas del opositor a los manifestantes se viabilizaran desde el avión usando una cadena de noticias vinculada a la Casa Blanca y un carro altoparlante -financiado también por ella- localizado en medio de la multitud?

¿Como reaccionaria a esa situación el gobierno cubano? ¿Habría derribado el avión y abierto fuego contra los manifestantes que hubiesen querido seguir las consignas lanzadas desde aquel asaltando a los militares? ¿Que dirían la OEA y la ONU?

Ese improbable escenario acaba de ser escenificado en Honduras, pero el gobierno cubano y su prensa se abstienen de imaginar estas posibles comparaciones. Su creatividad la invierten en otros menesteres. Desean sumir al ciudadano de a pie en un fantasioso mundo concebido por la propaganda oficial. Para ello han de superar la capacidad imaginativa de Walt Disney.

En el Disney World de Granma “el pueblo hondureño” vino espontáneamente a recibir a su único e indiscutible líder al aeropuerto de Tegucigalpa. Por cierto, ¿como sabían el lugar y la hora si al partir de Washington Zelaya dijo dirigirse a El Salvador y el piloto no pidió permiso para ingresar al espacio aéreo hondureño?

El objetivo de las acrobacias del avión de Hugo Chávez y las arengas que se lanzaban desde el aire era el de provocar a las tropas que protegían el aeropuerto y que se produjera una masacre. Después que sus fuentes de desinformación hablaron de balaceras y cinco muertos tuvo que conformarse con una sola víctima cuyo victimario –al decir del respetado Ramón Custodio, Ombudsman y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Honduras- no ha sido probado que hayan sido los militares.

Ayer la Sra. Xiomara Castro, esposa del depuesto Presidente, decidió abandonar su escondite para encabezar una manifestación callejera sin que ella ni los manifestantes –que esta vez se abstuvieron de acciones violentas- fuesen molestados.

Pero el Granma, que ya ha acusado a Obama de ser cómplice del derrocamiento de Zelaya, omitió decir que ella y su hijo habían estado refugiados desde un inicio en…. ¡la Embajada de Estados Unidos! Tampoco mencionó que hasta allí fue la manifestación a…. ¡agradecer a esa embajada su papel y la actitud constructiva de Washington en todo este proceso!

El Granma, ese valioso periódico multiuso cubano, tiene una tarea hercúlea por delante. ¿Recuerdan las incómodas evidencias que salieron de la laptop del difunto Comandante de las FARC Raúl Reyes? Creo que pronto conoceremos los detalles del modo en que operan los golpistas del siglo XXI en su estrategia regional de subversión de la democracia.

Deberían subirles también el salario a los creativos redactores del órgano oficial del Comité Central del PCC. Después de todo, hay que reconocer que su oficio no es nada fácil. Sobre todo desde que existen Internet y la TV satelital.



La OEA y el tercer golpe de estado

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Honduras fue escenario de uno de los golpes de estado “a plazos” del pretendido socialismo del siglo XXI. Al igual que ya habían hecho exitosamente en otros países, los impulsores de la revolución bolivariana pusieron en marcha un plan de influencia sobre personas y sectores hondureños. Estaba dirigido a crear las bases de apoyo social para proceder a un cambio de la naturaleza y estructura del Estado.

Pero para sorpresa de Zelaya y sus amigos, los restantes poderes constitucionales en Honduras no estaban dispuestos a ver en su país lo ya sucedido en otras latitudes. Dispusieron el arresto del presidente por su insistencia en violar leyes, trasgredir funciones y tomar una base aérea para rescatar las urnas y boletas que Chávez le había enviado para organizar un plebiscito cuestionando la Constitución.

Sucede que los militares encargados de cumplir la orden de arresto legalmente radicada, tomaron la iniciativa ilegal de depositarlo en payamas en San José de Costa Rica. El resto de los acontecimientos –a excepción de esa inopinada acción del comando que permitió la fuga de aquel a quien tenían que arrestar- trascurrió según el orden constitucional vigente. Se sustituyó al presidente según lo normado por la Constitución y ningún civil fue desplazado de su cargo por un militar. No se realizaron arrestos masivos, nadie desapareció, fue torturado y lanzado desde un helicóptero, ni aparecieron cadáveres flotando en los ríos. Pero la estética aportada por el comando que arrestó y expulsó a Zelaya –militares encapuchados que deportan de madrugada al presidente electo- removió la terrible memoria regional de anteriores interrupciones de la democracia.

Así las cosas, los golpistas del siglo XXI acusaron al resto de los poderes constitucionales en Honduras de actuar como golpistas del pasado siglo. Detrás salieron intelectuales y gobiernos “políticamente correctos” a sumarse al coro condenatorio pese a la escasa información y conocimiento que tenían sobre los antecedentes y el contexto en que ocurrieron los hechos.La crisis constitucional provocada por la vioacion presidencial de la Carta Magna fue declarada un "golpe de estado" pese a que ese documento autoriza remover al presidente si intenta modificar lo referido a la imposibilidad de reelecciones (Art. 239)..

Ante esos hechos, la OEA debió haber demandado que se enjuiciara a los militares que desbordaron el mandato judicial que habían recibido al deportar –en vez de arrestar- a Zelaya. Tenía que haber apoyado a los restantes poderes constitucionales y fiscalizado el que los militares no hubiesen desplazado a los civiles o manejado a su antojo la situación interna. Debió haber realizado una inspección sobre el terreno y hecho un análisis crítico de lo sucedido formulando su recomendación –no ultimátum- a los poderes públicos y la sociedad civil del país. Pero la organización interamericana pretendió lo inadmisible: imponer -a quienes ya ejercían poderes electos y constitucionales en el país mucho antes de la salida de Zelaya - la caprichosa formula de su retorno decretando que era la única “admisible” en el caso de Honduras.

La OEA –que por varios años no ha sabido actuar ante el golpismo bolivariano- no sólo no ha rectificado el craso error cometido en Honduras, sino que ahora se encamina a desconocer de antemano el resultado de unas elecciones nacionales que todavía no se han realizado. Proceso abierto a observadores independientes de otros países, y cuya preparación –incluida la elección de los candidatos- se había iniciado 14 meses antes de ser expulsado Zelaya de Honduras con presencia in situ de la Organizacion de Estados Americanos..

La OEA –una institución necesaria, pero de cuestionable eficacia- viene actuando de forma contradictoria. Pretendiendo combatir el golpismo en Honduras ha aceptado en ese caso el pretendido axioma de los golpistas del siglo XXI: que el único político demócrata en Tegucigalpa es Mel Zelaya y solo su presidencia puede garantizar la continuidad de la democracia en ese país. La OEA por un lado abrió la posibilidad de poner fin al aislamiento del gobierno cubano y semanas después decretó el aislamiento del Estado de Honduras. O sea, de su gobierno y sociedad civil en pleno.

El grupo del ALBA ahora impulsa dentro de la OEA sanciones económicas al pueblo de Honduras. Los que derraman lagrimas en todo foro internacional por el llamado “bloqueo” a Cuba por parte del país que hoy es su quinto socio comercial (Estados Unidos) demandan – paralelamente y ¡en nombre de la democracia!- imponer un completo bloqueo internacional a la nación más pobre de Centroamérica. Y nada menos que Fidel Castro y Hugo Chávez exigen al presidente de Estados Unidos que se sume a ese bloqueo como evidencia de su vocación democrática en la región. Cosas veredes….

Así –por motivaciones diversas- se intenta orquestar un tercer golpe de estado en Honduras -si es que que la derrocamiento constitucionl de Zelaya clasifica como tal- del que la OEA terminará siendo cómplice si no recapacita. Se presiona al pueblo para que deje de apoyar a los actuales gobernantes y termine abrazando al repudiado Zelaya como única solución a su desgracia. El chantaje combina una arbitraria ingeniería política internacional (“te hambreo hasta que repongas a Mel) con la violencia teledirigida por Caracas y La Habana (”te desangro hasta que repongas a mi aliado”). Seguramente no tendrán éxito, pero no por ello deja de ser una vergüenza.

Pero se impone otear más lejos. La salida definitiva al futuro que necesitan los hondureños pasa por procesos de empoderamiento ciudadano, protección de libertades e impulso a la equidad de oportunidades económicas y sociales. Si ellos no han sido plenamente garantizados hasta el presente por las clases hegemónicas en ese país tampoco lo iban a ser por una nueva oligarquía totalitaria similar a la que rige Cuba hace medio siglo.

La clave del porvenir sigue estando en expandir la democracia, no en sepultarla.



Zelaya: “Elecciones, ¿para qué?”

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El traslado de Manuel Zelaya a Tegucigalpa fue fraguado por Chávez y Fidel Castro; e implementado en coordinación con Daniel Ortega y un grupo de líderes del FMLN de El Salvador. El presidente Mauricio Funes no parece haber estado involucrado, aunque es posible que su radical Vicepresidente sí lo estuviese.

El presidente Lula –aunque lo niega-- estuvo en la jugada por sus propias razones y ha tolerado que “Mel” transforme su sede diplomática en un Bed & Breakfast desde donde coordinar cómodamente una insurrección, amparado por la inmunidad del recinto. De hecho, Zelaya sigue técnicamente instalado en un territorio extranjero después de un brevísimo paso por Honduras. Falta por ver si la participación de Brasil en esa acción contribuirá a rescatar los votos de la izquierda afiliada pero alienada del gobernante Partido del Trabajo cuando las encuestas dan hoy por seguro perdedor a esa fuerza política en las elecciones del 2010.

El objetivo inmediato de esta operación fue crear un show mediático, coincidente con el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, que contribuyese a desacreditar el proceso electoral hondureño. Poniendo a Zelaya a buen resguardo y agitando desde su seguro refugio a las masas para que se inmolen heroicamente, los patrocinadores de “Mel” insisten en provocar una espiral de represión / resistencia como recomiendan los viejos manuales de revolución y guerrillas. Aunque esta nueva jornada no dejara una masacre de saldo basta con el decreto de estado de sitio gubernamental para que los zelayistas puedan vociferar en toda tribuna que ninguna elección puede ser aceptable bajo esas condiciones. Y en eso tienen razón, pero omiten el dato de que hubo una conspiración para crear deliberadamente esa situación.

¿Quién no recuerda a Fidel Castro preguntándose en 1959 “elecciones, para qué”? Pues Zelaya y sus amigos desean convencer a la opinión pública internacional de algo parecido. Desde su perspectiva, lo único trascendente en Honduras sería su inmediata e incondicional restitución a la poltrona presidencial, lo demás es secundario. Se pretende imponer a Honduras una exigencia que nunca se ha demandado antes en países donde los militares, después de golpes y dictaduras, convocaron a elecciones y traspasaron el poder a nuevos políticos civiles, en lugar de restituir a los que habían desplazado si es que aun estaban vivos.

Sin embargo, el proceso electoral es el único instrumento que puede dar una salida no violenta a la crisis y asegurar la paz y estabilidad en Centroamérica. Iniciado hace más de 14 meses bajo la presidencia de Zelaya, los comicios se mantienen con el mismo Tribunal Electoral y candidatos electos antes de los acontecimientos del 28 de junio. La fase primaria de ese proceso había sido incluso monitoreada in situ por la OEA.

Ahora algunos pretenden que los resultados de la votación en noviembre no sean validos, si no es el propio Manuel Zelaya quien traspasa el poder en enero al candidato que resulte electo. Los que asumen esa postura están sepultando la única solución no violenta que hoy existe al no estar las partes en conflicto inclinadas a aceptar ninguna otra. Desacreditar las elecciones hoy equivale a legitimar la violencia de mañana.

La impresentable alternativa a la solución electoral sería la de hambrear al pueblo hondureño con sanciones, alentarlo a emprender una guerra civil o tener que recurrir después que se desate la violencia a una “intervención humanitaria” de Naciones Unidas. Bloqueo económico, guerra fratricida e intervención extranjera. Todas amparadas internacionalmente. ¿No resulta extraño que Castro y Chávez aboguen a favor de sentar la legitimidad de semejante precedente? Ofrecer asilo a una persona en una embajada y permitir que desde ella haga llamados a la insurrección contra el poder, ¿no es una situación que debería ser preocupante para quienes ejercen cotidianamente la represión contra disidentes y opositores en sus respectivos países?

Decretar el estado de sitio y dar un ultimátum al presidente Lula es exactamente el tipo de cosas que se intenta provocar con la operación del retorno de Zelaya. El primero, de mantenerse, deslegitimaría las elecciones. El segundo era innecesario. Ambos son contraproducentes. El asunto no era extender un ultimátum para retirar la inmunidad a la sede de Brasil sino exigirle a la mayor potencia de la región que actúe de manera responsable y conforme a los convenios de Ginebra que norman los límites de la acción de sus representantes diplomáticos. Los patrocinadores de Zelaya saben que en una guerra de nervios se puede inducir al adversario a cometer errores graves e irreversibles y a ello apuestan.

La sociedad civil pro democrática en Honduras y otros países necesita jugar un papel más activo y centrista. Es ella la que puede llamar a la calma a todas las partes, develar las provocaciones e impedir que se caiga en ellas. Son las iglesias, gremios, organizaciones no gubernamentales de ese país las que tienen la posibilidad de impedir que el proceso electoral se distraiga o deslegitime por la presencia de Zelaya o una innecesaria escalada de tensiones bilaterales con Brasilia.

Por su parte, la comunidad internacional no debe jugar a la ingeniería política. Las buenas intenciones no traen resultados positivos cuando son actores externos quienes intentan imponer sus propias soluciones alineándose incondicionalmente con las demandas de una de las partes. Si los dos actores principales de este conflicto resultan irreconciliables la comunidad internacional debe buscar en el proceso electoral la salida en vez de desacreditarlo y agravar la situación.

Los que en cualquier rincón del mundo deseen evitar una tragedia a los hondureños y prevenir un nuevo conflicto en Centroamérica deben contribuir con observadores y recursos a asegurar la transparencia de las elecciones de noviembre. Extender apoyo a esas elecciones es un deber de todo ciudadano, institución y gobierno que desee una salida democrática y no violenta en ese país. Zelaya, si lo desea, puede verlas desde su hostalito brasileño en Tegucigalpa o por la TV instalado en un hotel cinco estrellas de Río de Janeiro ahora que le ha pedido asilo a Lula.

Sin embargo, es necesario tener presente que las elecciones no pondrán fin a la actual conflictividad social, sino son el medio para comenzar a abordar su solución democrática.

Al candidato que resulte electo le deberá corresponder la puesta en marcha de un proceso de reconciliación nacional, y dar respuesta eficaz a la justa y añeja demanda de una mayor calidad democrática y equidad de oportunidades en Honduras. Puede que para ello se hagan finalmente necesarias algunas reformas constitucionales, pero no la de los actuales artículos pétreos, en particular el referido a la imposibilidad de reelección. En vez de eliminarse debiera ser replicado en las constituciones de toda la región.

Dar salida electoral, no violenta, a la crisis; fomentar la reconciliación; mejorar la calidad de la democracia y la equidad de oportunidades sociales en Honduras: Esas --y no otras-- deben ser las metas. Si hay objetivos “políticamente correctos” a alcanzar en esta crisis son esos.



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