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Las reglas del juego

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Con la prudencia y el debido respeto de quien escribe sobre una experiencia ajena, creo necesario comentar esta semana algunas situaciones que continúan afectando la convivencia entre cubanos en la ciudad de Miami.

Hace poco más de dos décadas, la violencia física era parte de la vida política en la comunidad cubana asentada en la Florida y otros estados. La pluralidad ideológica del exilio cubano en Estados Unidos no encontraba espacios para su libre expresión.

Pero con el tiempo la política de Washington experimentó cambios y algunos no se percataron de ello. Se sorprendieron cuando, a pesar de compartir con la Casa Blanca enemigos permanentes y pasadas batallas comunes, fueron procesados por la justicia por acudir a tácticas terroristas dentro del territorio de los Estados Unidos. Washington decidió que haría valer el estado de derecho y las libertades civiles y políticas en todo el país. Ni tan siquiera Miami sería ya considerada una excepción.

Desde entonces la convivencia entre viejos enemigos se rige por la Constitución y las normas del estado de derecho de los Estados Unidos. Nadie teme ser acribillado en la puerta de la casa ante los ojos de su familia, ni espera que le explote una bomba bajo el carro o en el hogar que comparte con su octogenaria madre. Las librerías venden obras de autores cubanos favorables al gobierno de la isla y la TV exhibe películas del ICAIC. Un grupo de manifestantes puede venir desde San Francisco a exigir a gritos, ante el restaurante más conservador de la ciudad, que se detenga y procese a Luis Posada Carriles por terrorista sin temer que el incidente termine en la morgue de Miami Dade County. Nuevos programas de radio desafían la lógica política de los sectores que siempre monopolizaron esos espacios. El General del Pino puede compartir el mismo menú en un restaurante donde, desde mesas separadas y cruzando miradas de odio, cenan miembros de la Brigada 2506 que, en abril de1961, él bombardeó desde su Sea Fury en Playa Girón.

No hay que engañarse: en Miami no se ha producido una reconciliación. Hay más bien una tensa coexistencia. Pero se ha regularizado la convivencia y experimentado un avance considerable en el respeto de los derechos políticos y civiles de todos. La libertad de asociación y expresión que se ejercen en esa ciudad, más allá de sus persistentes insuficiencias, resultan envidiables en comparación con las actuales circunstancias cubanas donde todavía imperan la Ley Mordaza y las brigadas de respuesta rápida.

Pero falta por hacer.

Si bien ha sido detenida la violencia física no se ha logrado lo mismo con la verbal. Algunos programas de radio y TV que tocan temas referidos a Cuba destilan ocasionalmente una violencia emocional que los acercan a un show de Jerry Springer. Y en otros se presentan a veces personas que no parecen liberados aún de la cultura de CDR que importaron de su antigua barriada. Su premisa es sospechar de los que se expresan de manera diferente y hacer circular acusaciones, sin molestarse por mostrar o buscar evidencias que las respalden. Por su parte, los anfitriones de ciertos programas, quizás bajo la presión de incrementar ratings, a menudo incitan a algunos de sus invitados a hacer “revelaciones sensacionales” induciéndolos, aunque sea de manera inconsciente, a confundir el derecho a expresarse y opinar en libertad protegido por la Constitución, con el ejercicio de la difamación penado por la ley. Cualquier detective de una brigada de homicidios sabe que una cosa es especular sobre diferentes hipótesis con sus colegas y otra muy diferente es darlas a conocer en una estación de televisión.

Los espías y agentes de influencia sin duda, existen y es comprensible que un exiliado desee contribuir a proteger de ellos a la nación que, en su momento, le ofreció protección. Pero no puede ejercerse ese imperativo moral lanzando acusaciones contra otras personas sin asumir plena responsabilidad por lo que se dice. Ni tampoco se ayuda de ese modo al país que se quiere proteger. El lugar para esas “quejas y sugerencias” son las agencias de seguridad nacional y el sistema judicial, no el de comunicaciones. Las sospechas pueden ser comunicadas a los primeros y las evidencias –si se tienen- llevadas ante una corte. No se trata de un problema ético, sino legal. Actuar de otro modo es una invitación a ser llevado ante los tribunales por difamación.

De hecho hay regulaciones federales que incluso estipulan los límites de lo permisible en la TV pública y la radio. La responsabilidad por trasmitir programas que alienten la realización de actos violentos está también penalizada internacionalmente. Un comentarista radial de Rwanda fue juzgado junto a criminales de guerra por haber atizado el odio de manera sistemática e irresponsable. Sus exhortaciones, al final, derivaron en genocidio. La lección es muy clara: lo que se inicia por el llamado character assassination puede alentar la violencia contra personas y hasta grupos enteros. Por eso no es permisible.

Se puede y debe avanzar hacia mejores normas de convivencia aunque no impliquen la reconciliación. Después de haberse erradicado la violencia física ha llegado la hora de hacer otro tanto con la verbal. Con la Mesa Redonda de La Habana es ya suficiente. No hay que emular la mediocridad e irresponsabilidad de algunos de los que en ella participan. Y el modo de lograrlo es el mismo que se empleó en el otro caso: hacer valer el estado de derecho y las leyes. Sea para acusar a alguien de actuar como agente enemigo o para acusar por difamación publica a quienes difundan sospechas sin acompañarlas de la necesaria evidencia.

Esas son las reglas del juego en una democracia. Cuando los cubanos de la isla miran hacia los de Miami es necesario que vean una comunidad que se gobierna por leyes y espíritu cívico, no por arbitrariedades similares a las que ya sufren. Esa es la responsabilidad que conlleva ser el mayor enclave cubano en el exterior.



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