Tiempo de tormentas

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El verano de 2008 ha sido un tiempo de turbulencias, no sólo para Cuba. Los huracanes que recién han arrasado gran parte de la infraestructura de la Isla se han producido en un contexto extraordinario: elevados precios del petróleo, una espiral inflacionaria de los productos alimenticios, una crisis financiera que apenas se inicia en Wall Street y ya amenaza a la salud de la economía global, además de un conjunto de emergencias humanitarias que, de Myanmar a Nueva Orleáns y Texas, pasando por la hambruna en Zimbabue y la situación en Darfur, han puesto en tensión las capacidades de ayuda disponibles en los países y agencias donantes.

A ese cuadro nada halagüeño —considérese que las grandes fundaciones filantrópicas derivan sus fondos de las acciones que tienen en las bolsas financieras— hay que añadir las tormentas políticas que se han desatado entre Rusia y Estados Unidos (y que ahora se exportan nuevamente a nuestro hemisferio); las políticas erráticas y la fragilidad del gobierno de Chávez; la provisionalidad de los gobiernos de izquierda amigos del cubano, y la permanencia del conflicto entre La Habana y Washington. No menos relevante es que este drama viene a visitar la sociedad cubana cuando tampoco se ha superado el conflicto entre el régimen de producción, distribución y gobernabilidad imperante y las aspiraciones libertario-participativas (políticas, sociales y económicas) de la población. El Gobierno —formalmente administrado por el general de ejército Raúl Castro— no ha acometido ninguna transformación estructural que hubiera dinamizado la sociedad y la economía del país.

Y entonces llegaron el Gustav y el Ike. Sin llegar a compararlos con Hiroshima, como hizo Fidel Castro, no es menos cierto que las fotos, vídeos y testimonios de los damnificados dan cuenta de un nivel de destrucción sólo imaginable si el país hubiese sido bombardeado de manera masiva. Recuperar la infraestructura perdida —no ya mejorarla— bien puede costar mucho más de los cinco mil millones de dólares que han sido preliminarmente estimados como monto total de los daños.

Cuba no es Haití, que, aunque sea un país más depauperado, está abierto a cualquier tipo de ayuda internacional. Nuestro país experimenta un prolongado conflicto con ramificaciones internacionales que el vecino francófono no presenta. En esas circunstancias, es inútil, además de contraproducente para los damnificados, enzarzarse en un debate entre quienes afirman que el único remedio es el levantamiento del embargo estadounidense y aquellos que sólo avizoran la solución si el gobierno cubano y la elite que lo dirige renuncia al poder. El interés de todos debe estar dictado en esta hora por una consideración estrictamente humanitaria: viabilizar de manera inmediata toda la ayuda posible en las actuales circunstancias nacionales e internacionales. No es ético condicionar el socorro a los damnificados a la solución del conflicto interno cubano, o al existente entre Cuba y Estados Unidos, del modo que prefieren unos u otros actores.

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¿Qué es posible hacer de inmediato?

En primer término, es necesario distinguir entre lo que puede hacerse en la fase de ayuda de emergencia a los damnificados y lo que corresponde acometer en la etapa posterior de reconstrucción a medio y largo plazo. Si bien son fases específicas y diferenciadas, no es menos cierto que lo que se haga (o deje de hacerse) en la primera etapa afectará, de manera positiva o negativa, las posibilidades de desarrollar con éxito las tareas correspondientes a la segunda.

En la fase inicial, orientada hacia la gestión por obtener y distribuir ayuda de emergencia, son pertinentes algunos principios.

1) Despolitizar la gestión y distribución de las donaciones. Ningún gobierno extranjero, ni los miembros de la oposición o del exilio, deben explotar su capacidad como donantes para imponer condiciones sobre su forma de distribución. Por ese motivo, lo más apropiado sería que una o dos instituciones internacionales aceptables para todas las partes, como Cáritas y la Cruz Roja Internacional, se hicieran cargo de la distribución de aquellas donaciones no destinadas al gobierno cubano, cuyos donantes desean que se entreguen directamente a la población. El gobierno cubano está en el derecho de repartir de manera directa sus propios recursos, como ha venido haciendo con las reservas estatales, y está en el derecho de repartir lo aportado por donantes que confían expresamente esa tarea al Estado cubano.

2) Respetar la gratuidad y destino de la ayuda. Es necesario garantizar que los recursos que han sido donados gratuitamente para los damnificados no se desvíen hacia la venta, sea formal o informal. Esto sería inconsistente con los códigos éticos que rigen las operaciones humanitarias y constituye una práctica que, desgraciadamente, tiene antecedentes en países de distintas regiones, y que debe ser criminalizada. Del mismo modo, resulta inadmisible que las donaciones dirigidas a un determinado país afectado sean desviadas por las autoridades, de manera inconsulta, hacia otro destino, sin tener en cuenta la voluntad de donantes y beneficiarios.

3) Coordinación y transparencia. No son condicionantes políticas o ideológicas, sino una exigencia administrativa universal en el manejo de donaciones en situaciones de emergencia. Sería recomendable la creación de una “comisión de coordinación y transparencia” que sea copresidida por la Oficina de Coordinación de Asistencia Humanitaria (OCHA), de la ONU, y el gobierno cubano. Un mecanismo de esa naturaleza permitiría incorporar a todos los actores gubernamentales y no gubernamentales —nacionales y extranjeros— involucrados en esta operación. Ello constituiría un seguro contra escándalos por “desvío” de recursos cuya responsabilidad, de ocurrir bajo el exclusivo control del Estado cubano, recaería sobre las autoridades de la Isla y secaría el río de la solidaridad. No se trata de prevenciones exageradas. En un reciente artículo, Fidel Castro habla del desafío que representa la acelerada metástasis de la corrupción en las estructuras oficiales, y la prensa nacional reporta la propagación del robo en las actuales circunstancias. ¿Por qué no comenzar por proteger de ese flagelo a las donaciones recibidas?

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¿Cómo han reaccionado hasta ahora, frente al presente drama nacional, los principales actores internos y externos del conflicto cubano?

Las autoridades cubanas, junto a la población, merecen un reconocimiento por el modo en que protegieron al máximo a las personas y redujeron a siete las pérdidas de vidas. Lamentablemente, debido a la violencia de los vientos huracanados y a las endebles estructuras de buena parte de las edificaciones del país, no fue posible evitar las afectaciones materiales. Hay múltiples testimonios de que, mientras en ciertos lugares se tomaron medidas para asegurar los techos de las edificaciones, en otros, la falta de previsión los hizo blanco fácil de los vientos. Conociendo que el territorio nacional está en el paso de meteoros que cada año se han tornado más frecuentes y destructivos, se impone reforzar las estructuras y el diseño de las nuevas edificaciones, y otorgar la debida atención al mantenimiento que requiere toda infraestructura.

Los cubanos de la Isla y de la diáspora, casi sin excepciones, han dado muestras de una generosidad y solidaridad nacional encomiables. En Cuba, ciudadanos de a pie tomaron la iniciativa y se dieron a la tarea de recolectar donaciones y trasladarlas a los afectados. Otros han colaborado en levantar postes o limpiar escombros, y han ofrecido refugio provisional en sus hogares a los desplazados. Párrocos, médicos, constructores han creado espontáneas redes de solidaridad y apoyo a las víctimas del Gustav y del Ike.

Mientras tanto, en Miami, el Movimiento Pro Democracia fue el primero en reaccionar demandando que Washington levante las restricciones ejecutivas de 2004 a viajes y remesas, y recolectando donaciones de la comunidad cubana para sus compatriotas en la Isla. En pocos días, las Hijas de la Caridad reunieron más de 60 toneladas de donaciones. La organización Cubapuente —de conocida postura antiembargo— reunió suficiente carga para llenar un avión y entregarla directamente a Cáritas.

Las dos docenas de organizaciones exiliadas que conforman Consenso Cubano —entre ellas la Fundación Nacional Cubano Americana (CANF)— desplegaron un intenso cabildeo en Washington, en la Unión Europea, y entre organizaciones políticas y sindicales regionales y medios de prensa, a favor del levantamiento temporal de las restricciones de viajes y remesas a los cubanoamericanos en Estados Unidos. Al mismo tiempo, solicitaron al gobierno cubano que facilitara el flujo de ayuda, y reclamaron que nadie politizara esta emergencia. Y lograron que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le concediera —además de la licencia anual para apoyar a grupos disidentes— una autorización para tramitar el envío de US$250.000, donados por miembros de la comunidad cubana en esa ciudad a familiares, amigos o para ser entregados a Cáritas.

En cuatro horas de telemaratón, el Canal 41 recaudó en Miami más de US$190.000. El Duque y otros peloteros cubanos organizaron un juego para recaudar fondos. Reunieron más de US$30.000 y varios contenedores de ropa y comida.

El 18 de septiembre, un grupo de organizaciones, que se han manifestado unas a favor y otras en contra del embargo, se presentaron juntas a una audiencia del Congreso de Estados Unidos para pedir el fin de las restricciones a los viajes y remesas de los cubanoamericanos, y que Washington ofreciese un paquete de ayuda superior a los anunciados cinco millones de donación y los 250 millones en nuevas licencias de emergencia para adquirir alimentos y materiales de construcción en Estados Unidos. En esa audiencia, mientras los defensores de mantener las sanciones rompían lanzas contra el nuevo bloque a favor de levantarlas, el Cuba Study Group, que preside el banquero cubanoamericano Carlos Saladrigas, solicitó que, además de la derogación de las restricciones a viajes y remesas, Washington otorgase no menos de cien millones en ayuda humanitaria inicial a la Isla. Por su parte, un grupo de empresarios cubanoamericanos creó, por su parte, un fondo de reconstrucción para recaudar un millón de dólares. Al frente de ese fondo, se situaron eminentes autoridades religiosas católicas, protestantes y judías, y una firma profesional independiente fue encargada de su control y auditoría.

Quienes siempre hemos estado activamente contra el embargo y un número significativo de quienes todavía lo defienden, coincidimos hoy en exigir aquello que depende de un plumazo presidencial del actual o del próximo inquilino de la Casa Blanca: el levantamiento de las restricciones de viajes y envíos de paquetes y remesas a los cubanoamericanos residentes en Estados Unidos. Durante mucho tiempo, congresistas de ambos partidos han debatido el embargo sin llegar a un acuerdo, algo que todavía puede tomar un tiempo. Tiempo del que no disponen los damnificados en Cuba para recibir ayuda de emergencia.

Condicionar la recepción de la ayuda estadounidense de emergencia al levantamiento del embargo equivale a bloquear el acceso de los damnificados a esos recursos. La Ley Helms-Burton impide, además, levantamientos parciales —como sería la concesión de créditos—, por lo que, de momento, lo único viable es reclamar el fin de las restricciones sobre viajes y remesas impuestas por orden presidencial ejecutiva en 2004. A ello se han volcado, como primera prioridad, todos los cubanos que desean ayudar a sus compatriotas.

Lamentablemente, ese nuevo espíritu orientado a trascender divisiones ideológicas y poner por encima de ellas el dolor de los damnificados, no recibió la menor mención en la prensa oficial cubana donde, por el contrario, reaparecieron artículos refiriéndose al “Burdel de Miami”, la “Mafia de Miami” y otros términos habituales. El modo generoso en que cubanos residentes en Miami se dispusieron a socorrer a sus paisanos, en un momento de definiciones cruciales, fue ignorado olímpicamente por la elite de poder y su prensa en la Isla.

Entre los actores externos, Venezuela y Rusia han visto en la debilidad relativa de Cuba en este instante un motivo para mostrarse dadivosos y atraerla así a sus actuales juegos geopolíticos. La tentación de enredarse en travesuras antiamericanas con viejos y nuevos aliados podría conducir a la elite cubana a perder la oportunidad excepcional que esta crisis puede ofrecer a la nación, punto sobre el que volveremos más adelante.

En el caso de Estados Unidos, su Sección de Intereses en Cuba y el Departamento de Estado reaccionaron inicialmente ante el Gustav de manera rutinaria, poniendo a disposición de Cuba los US$100.000 que tienen las embajadas para ofrecer en casos de emergencia, y comunicando que estarían dispuestos a enviar una comisión de expertos para hacer una evaluación de daños y decidir el tipo y magnitud de la ayuda posterior que estarían dispuestos a dar. Aunque se trataba de trámites estandarizados, dadas las condiciones de conflicto entre ambos países, esta reacción tibia y burocrática se transformó en argumento central para que el gobierno cubano reiterara su rechazo a recibir ayuda de su principal enemigo. Aun cuando Washington, después del Ike, ofreció llevar más de seis millones en ayuda incondicional a Cuba y entregarla a Cáritas, La Habana insistió en su negativa. La “dignidad” imponía esa postura, al decir del convaleciente líder cubano. Pero tampoco el gobierno de La Habana ha respondido hasta hoy a la oferta de ayuda de la Unión Europea, que donó ya cerca de tres millones de dólares a Haití, nunca ha sostenido un embargo económico contra Cuba, y ha levantado las sanciones políticas decretadas en 2003.

Mientras casi dos millones de personas están en una situación extrema por el impacto de ambos huracanes, los gobernantes cubanos se dan el lujo de decidir selectivamente cuál ayuda coincide o no con la promoción de sus perspectivas políticas. No es la primera vez que esto ocurre. En ocasiones anteriores, ni siquiera a las ONG internacionales que tienen presencia autorizada en Cuba se les ha permitido canalizar fondos de la Unión Europea para asistir en emergencias ciclónicas a la población cubana. Y se dice que, en esta ocasión, algunos funcionarios cubanos —quizás conmovidos por el daño que causa la rigidez de las instituciones que representan— han sugerido de manera informal esa solución a sus aturdidas contrapartes europeas.

Es impresentable el argumento de que la dignidad del pueblo se ve afectada por recibir una ayuda humanitaria que ni siquiera será distribuida por el donante. Las donaciones son para los damnificados, no para el gobierno cubano. Terceras partes no tienen derecho a rechazarlas, venderlas o darles otro destino que no sea su entrega gratuita a las víctimas a quienes van dirigidas. Recibirlas es su derecho a la vida.

Fidel Castro ha insistido siempre en que los gestos humanitarios deben apreciarse por encima de las rivalidades políticas. Incluso, empleó ese argumento al ofrecer el envío de brigadas médicas a Nueva Orleáns cuando el huracán Katrina destruyó esa ciudad. Acusar ahora a Estados Unidos de querer influir en Cuba al ofrecer su ayuda revela el modo en que el líder cubano concibe realmente la función de las ayudas humanitarias, en contraste con la retórica que ha empleado hasta el presente para ofrecer la suya a otros países.

¿Por qué se consideró que la oferta inicial de US$100.000 por EE. UU. representaba una cifra "ridícula", pero ese no fue luego el caso con los US$300.000 de China, país mencionado por Fidel Castro entre sus agradecimientos? ¿Por qué el envío de equipos de evaluación ofrecidos por Venezuela y México no fue rechazado por "humillante", pero recibirlo de EE. UU. resultaba intolerable? ¿Por qué se insiste todavía en rechazar la ayuda estadounidense después de que esa condición fuera retirada y de que la cifra inicial fuera multiplicada por 60? ¿Cuál es el problema ahora con la Unión Europea? ¿Bajo qué lógica se rechaza la ayuda de ese bloque regional de veintisiete países, salvo de dos, Bélgica y España, cuyas donaciones han sido aceptadas, aunque ni siquiera son mencionadas entre los agradecimientos de Fidel Castro?

¿Quiere EE. UU. dar una buena imagen? Seguramente. Eso, en efecto, conviene a sus intereses políticos inmediatos, aunque lo que más beneficiaría a ambas naciones sería una revisión a fondo de sus políticas bilaterales. También le conviene ayudar a asegurar condiciones mínimas en Cuba a los damnificados para que no piensen en emigrar hacia el Norte. Y no querrá que se les responsabilice con la hambruna que acecha a la vuelta de pocos meses. ¿Es eso hacer política? Seguramente. ¿Debe anteponerse el objetivo, igualmente político, de La Habana de impedir que Estados Unidos "quede bien" al alivio que supone esa ayuda para los damnificados? No. No es ético hacerlo.

La pretendida defensa de la dignidad cubana también ha sido un concepto dinámico. “Ni una aspirina compraremos a Estados Unidos hasta que no levante el embargo”, dijo una vez Fidel Castro. Pero hoy Washington es el primer proveedor de alimentos a Cuba y su quinto socio comercial, sin que nadie haya querido evaluar las supuestas afectaciones de ese hecho a la dignidad cubana.

Lo que afecta la dignidad de los políticos de cualquier latitud geográfica o ideológica es escudarse en la soberbia para priorizar sus intereses en medio de una tragedia nacional. La dignidad del pueblo cubano nunca ha sido más alta que hoy.

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¿Hay una oportunidad en esta crisis? Sí, excepcional. Pero, ¿para qué? ¿Para quiénes?

La elite de poder cubana puede finalmente emprender, como respuesta a la nueva situación creada, su prometido programa de “reformas estructurales y de conceptos”. Una reforma estructural implica mucho más que liberar las fuerzas productivas de la camisa de fuerza de un estatismo omnipresente. No se limita a autorizar la venta de celulares, el trabajo por cuenta propia o, incluso, las microempresas. Es mucho más que eso. Supone definir si la fase de reconstrucción va a dirigirse a reedificar una economía exportadora de materias primas y servicios turísticos y médicos con salarios deprimidos, o si va a apostar por un reordenamiento estratégico: priorizar inversiones que acerquen la Isla a la sociedad de la información y la integren en la economía mundial mediante procesos de agregación de valor.

Buscar competitividad pensando en montar outsourcing o maquilas de fuerza laboral depreciada no proveerá a la población de una existencia digna. ¿Reconstruiremos el subdesarrollo o aprovecharemos esta oportunidad para modernizar y hacer sustentables los procesos económicos?

En un contexto de crisis financiera, energética y alimentaria mundial, las fuentes externas de recursos para reconstruir el país serán limitadas. La única solidaridad invariable será la de los cubanos en el exterior hacia sus familiares y paisanos. Lejos de anatematizar a la diáspora, es imprescindible incluirla en los procesos de reconstrucción nacional. Las remesas deben dejar de ser dinero para el consumo y transformarse en capital para generar crecimiento económico. El monto de mil millones anuales que han llegado a alcanzar las remesas puede triplicarse con incentivos cambiarios adecuados, al tiempo que pueden implementarse mecanismos no lucrativos de microfinanciamiento para apoyar las iniciativas de personas que no tengan familiares de quienes esperar remesas. Procesos inversionistas de mucha mayor envergadura pueden, también, hacerse posibles a través de los empresarios cubanos de ultramar. Discriminar al inversionista de origen cubano para favorecer solamente a los de otra nacionalidad era ya una actitud patética; mantener esa política ahora sería sumamente irresponsable.

La necesidad de unirnos para tender la mano a quien hoy lo necesita puede conducirnos a recorrer los senderos de la reconciliación nacional. Esa es una manera de ver las cosas. Pero, lamentablemente, también hay otro modo de interpretar la “oportunidad” que ofrece esta crisis: la de Fidel Castro. Para él, lo fundamental es sacar rédito político a la situación y negarle esa posibilidad a sus enemigos.

El todavía primer secretario del Partido Comunista de Cuba —que, constitucionalmente, es la fuerza rectora del país— quisiera centralizar todos los recursos donados para hacer clientelismo político y que la gente sea más dependiente aun del Gobierno. Pero ya antes de esta catástrofe el Estado cubano era incapaz de resolver con sus propios recursos las demandas básicas de la población. Decenas de miles de damnificados experimentan hoy una suerte de Opción Cero —aquel desquiciado plan concebido y desechado durante el Período Especial—. ¿Creen los líderes cubanos que pueden darse el lujo de hacerlos vivir por tiempo indefinido en sus improvisados albergues de dudosa “provisionalidad”? ¿Consideran que las ollas colectivas pueden prolongarse o, incluso, extenderse, si el Estado reincide en su proverbial incapacidad para producir alimentos, cuando tampoco puede importar las cantidades necesarias por la actual espiral inflacionaria de sus precios internacionales?

Existe otro asunto preocupante. A lo largo de estos días, y hasta el instante en que escribo estas líneas, no se han reportado reuniones, decisiones ni declaraciones del Partido, del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros o de la Asamblea Nacional. Fidel Castro fue —junto al Instituto Nacional de Meteorología— la única voz autorizada que se dirigió a la nación. Su hermano, actual jefe de Estado, resultó ser el verdadero “desaparecido” de estas tormentas que dejaban una estela de siete muertes. En sus antológicas “Reflexiones”, Fidel reconoció el trabajo desplegado en esas dos semanas por varios generales y por José Ramón Machado Ventura, único civil al que extendió tal distinción. Los militares —actuando desde el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, adjunto al Ministerio de las Fuerzas Armadas— parecen haber tenido el liderazgo en estas jornadas, aunque nadie lo haya dicho de manera oficial. Por ahora, tiene lógica. Ahora bien, ¿estamos ante una situación provisional, o se explora la posibilidad de militarizar veladamente al régimen de forma prolongada o, incluso, permanente, alegando la situación excepcional creada por los huracanes Gustav y Ike?

Es posible. Los miembros más conservadores de la elite de poder cubana ven en el actual contexto internacional un momento favorable, por lo que pudieran no sentirse ya inclinados a asumir reformas aperturistas si creen que pueden controlar la presión interna. Imponer “orden” y “disciplina” siempre ha sido la estrecha manera en que los militares de cualquier latitud han abordado los problemas de gobernabilidad. Sería bueno que no olvidasen ahora la metáfora de los frijoles y los cañones que tuvo su jefe cuando un inesperado maleconazo lo iluminó todo.

Fidel Castro parece haber avanzado, al menos temporalmente, en su labor de persuadir a la elite de que el mejor modo de preservar sus intereses no es procurando una distensión con Estados Unidos o la cooperación con la Unión Europea. Desde su perspectiva, ese camino pudiera conducir a una apertura y democratización peligrosas. Quiere empujarlos a cerrar filas con Venezuela, quizás retomando la idea con la que ya flirtearon antes: adoptar alguna suerte de confederación constitucional con ese país sudamericano. También apuesta de nuevo por sacar provecho de las rivalidades entre Washington y Moscú. Y es posible que los convenza. Estados Unidos atraviesa su momento de mayor debilidad estratégica desde la Gran Depresión —se conjugan la grave crisis financiera y dos guerras en zonas geográficas distantes—, y eso alienta a varios actores internacionales próximos a La Habana.

El problema con las gerontocracias es que leen el presente con ideas del pasado. Rusia no es la URSS, y lo que hoy vemos no es una nueva Guerra Fría basada en rivalidades ideológicas, sino el conflicto entre el nacionalismo ruso y una política estadounidense que lo ha intentado cercar y humillar innecesariamente durante ocho años. Rusos y chinos no buscan aliados para relanzar el internacionalismo proletario ni el antimperialismo del siglo pasado. El que exista o no un país comunista a 90 millas de Estados Unidos les tiene sin cuidado. No quieren dar la estocada final a la Bolsa ni a la economía estadounidense, porque en el mundo globalizado las economías son interdependientes.

Lo que procura Moscú con estas piruetas provisionales en el hemisferio occidental es un reacomodo permanente con Estados Unidos sobre sus necesidades de seguridad fronteriza en Europa, asunto nada imposible de resolver sin la sumisión de los países fronterizos, garantizando la neutralidad de éstos. Algo que se encuentra muy alejado de la yihad anticapitalista a la que Fidel y Chávez quisieran conducir a Rusia. Por su parte, el gobierno chino ya subrayó de manera inequívoca su distancia de los arrebatos ideológicos del presidente de Venezuela durante la más reciente visita de Chávez a Beijing. La megalomanía de los dos líderes caribeños los conduce a creerse actores centrales del ajedrez global, cuando siguen siendo sus peones.

Tampoco el pueblo cubano es hoy el mismo. Su tolerancia a la tradicional soberbia que ha exhibido la elite de poder tiene nuevos límites en las apremiantes circunstancias actuales, más aún dadas las expectativas de cambios significativos que Raúl Castro alentó inicialmente, y que se han ido desvaneciendo.

La gobernabilidad cubana no radica en anacrónicos malabarismos geopolíticos, sino en la modernización de la sociedad y en la adopción de un modelo de desarrollo humano que sea sustentable, tanto desde el punto de vista económico como social y ecológico. Los dividendos de la paz siempre serán más jugosos y permanentes que los de la confrontación externa e interna. Hacer uso de la oportunidad que ofrece la presente crisis para apostar por ese camino es una opción. Ignorar la gravedad de la nueva situación social creada por los más recientes huracanes es jugar a la ruleta rusa. Sin duda, esa es otra opción. Ambas tienen consecuencias.