Pagar en cubanos
“Esto es Castilla, señores, que hace a los hombres y los gasta”, dijo en el siglo XIV Alfonso Fernández Coronel, a punto de morir por orden de Pedro I de Castilla. Al girondino Pierre Victurnien Vergniaud, quien sería guillotinado por los jacobinos en 1792, se atribuye la frase: “Es de temer que la revolución, como Saturno, acabará devorando a sus propios hijos”. Los hermanos Castro, en cambio, han optado por pagar en cubanos sus facturas.
Por el contrario que el peso, la moneda nacional devaluada y sin solvencia internacional, los cubanos son una moneda dúctil que sirve para comprar petróleo, protagonismo geopolítico, impunidad y miedo.
La última transacción acaba de producirse con la muerte de Orlando Zapata Tamayo, albañil, negro y disidente, tras 86 días de huelga de hambre. No se trató de un error. Ni siquiera de una negligencia criminal. Las autoridades cubanas, que cuentan con uno de los más afinados sistemas represivos del planeta, estaban perfectamente al tanto, pero ya habían calculado la utilidad de esta muerte como moneda para adquirir impunidad y miedo. Quien intente comprar dignidad usando su propia vida, deberá pagar al contado. Con la ventaja añadida de que la inmensa mayoría de los cubanos, víctimas de un monopolio de la información que administra los silencios, jamás conocerá lo ocurrido. De cara a la opinión mundial, cuyo acceso a la información no se puede racionar desde La Habana, se echó a andar de inmediato la maquinaria de contra-propaganda: amanuenses orgánicos y compañeros de viaje se encargan de divulgar que Orlando Zapata Tamayo era un delincuente de poca monta cuyo último acto no fue una acción política sino un intento de robo. Intentó robarle a la Revolución su prestigio, siguiendo instrucciones de Estados Unidos, el culpable de todos los males.
El caso de Zapata Tamayo es parte de una tradición que comienza en 1959, cuando Huber Matos, en protesta por el giro totalitario de la revolución que había contribuido a instaurar como comandante de la columna 9 del Ejército Rebelde, presentó su renuncia a la jefatura del ejército en la provincia de Camagüey. Fidel Castro no se atrevió a fusilarlo, pero lo condenó a treinta años de prisión por traición a la patria, es decir, a él mismo. Con treinta años de la vida de Huber Matos, Castro compró su derecho al monólogo, la garantía de que nadie más, ni siquiera un héroe de la guerra, se atreviera a pensar por su cuenta o a desertar de la nave que ya había zarpado.
Durante los años 60, consolidado su mandato vitalicio en la Isla, Fidel Castro relanzó su carrera hacia un protagonismo en la política continental y, de ser posible, universal. Miles de jóvenes cubanos y latinoamericanos fueron entrenados para fundar en toda América Latina guerrillas monitoreadas desde La Habana. El cubano como moneda para adquirir hegemonía se extendía a otros ciudadanos del continente. El clímax fue, primero, la precipitada lectura de la carta de despedida de Ernesto Che Guevara, lo que vetaba su regreso a la Isla, y luego, su abandono en la selva boliviana. Fue el precio a pagar por la recomposición de las relaciones con la Unión Soviética, contraria al aventurerismo cubano, algo imprescindible para conseguir su patrocinio económico. Más tarde, la política militar de Castro en África sería concertada con la casa matriz del comunismo mundial. Cientos de miles de cubanos combatieron en las selvas y los desiertos africanos. Varios miles comprarían con sus vidas el protagonismo del líder.
En 1980, tras los acontecimientos de la embajada de Perú, donde se refugiaron 10.856 personas ansiosas por huir del país, se desató un pogrom contra todo el que quisiera emigrar. Los “mítines de repudio” —palizas y humillaciones públicas— eran el precio para mantener el orden en el cuartelillo nacional. Al final, no dudaron en vaciar cárceles y manicomios, y embarcar hacia Estados Unidos a delincuentes peligrosos y enfermos mentales. La “bomba de cubanos” surtió efecto; Estados Unidos se sentó a negociar un acuerdo migratorio.
La invasión a Granada el 25 de octubre de 1983 fue, posiblemente, la mayor tragicomedia en el uso de los cubanos como moneda durante este medio siglo. En ese momento había allí 745, incluyendo al personal diplomático, 42 asesores militares y de seguridad, médicos, maestros, y unos 700 constructores que trabajaban en las obras del nuevo aeropuerto de Punta Salinas. El 22 de octubre, mientras las tropas norteamericanas se dirigían a Granada, Fidel Castro envió un mensaje a los cubanos: “Organizar una evacuación inmediata de nuestro personal (…) podría resultar altamente desmoralizador y deshonroso para nuestro país ante la opinión mundial (…) si Granada es invadida por Estados Unidos, el personal cubano defenderá sus posiciones en sus campamentos y áreas de trabajo con toda la energía y el valor de que es capaz”. El coronel Pedro Tortoló fue enviado de urgencia para encabezar la defensa. El día 25, mientras se desarrollaban los combates, Estados Unidos comunicó a Cuba que las acciones de sus tropas en Granada no tenían como objetivo el personal cubano, y que su evacuación no sería presentada como una rendición. La respuesta de Fidel Castro fue un ultimátum: la invasión debería cesar y, en cualquier caso, a los cubanos se le debía dispensar el mismo tratamiento que a las tropas granadinas. Ese comunicado, que ordenaba resistir a 700 constructores mal armados frente a la 82° Airborne Division, dos batallones de Rangers y un team de SEALS, 7.300 hombres perfectamente equipados, no sólo convertía a los constructores en soldados, un objetivo militar, los convertía en mártires. El último mensaje del Comandante en Jefe ordenaba luchar hasta el último hombre. Y esta vez el aparato de propaganda del régimen se superó a sí mismo: convirtió los deseos en noticia. Todas las emisoras del país anunciaron que, tras heroica defensa, el último cubano acababa de morir abrazado a la bandera. La realidad fue que ante la infinita superioridad del enemigo, y no contando con la vocación suicida impuesta por La Habana, los primeros en huir y refugiarse en la embajada soviética fueron los asesores militares y los dirigentes de la misión cubana, empezando por el coronel Tortoló. Siguiendo su ejemplo, los constructores se rindieron. Entre ellos hubo 25 bajas mortales, 59 heridos y 638 prisioneros, todos devueltos a la Isla. Las verdaderas intenciones de aquella orden de suicidio quedaron claras el día 26 de octubre. Un periodista de la CBS preguntó en rueda de presa: “¿No existe la posibilidad de que usted sacrifique a los cubanos?”, a lo que Fidel Castro respondió: “Bueno, no seríamos nosotros, serían los Estados Unidos los que estarían sacrificando a los cubanos, porque ellos son los que iniciaron el ataque”. Calculaba que al módico precio de inmolar a 700 trabajadores civiles cubanos, adquiriría seguridad para su gobierno. La administración Reagan debería reconsiderar el costo de una posible invasión a Cuba.
En 1989, corrían tiempos de glasnost y perestroika. No podía permitirse que altos mandos militares, la mayoría formados en academias soviéticas, consideraran la posibilidad de repetir en Cuba la experiencia de Gorbachov. Fidel Castro no dudó en sufragar su propia seguridad en el poder con la vida del general Arnaldo Ochoa, Héroe de la República y su militar más condecorado. Al mismo tiempo, y ante las inminentes declaraciones de un narcotraficante capturado por la DEA, quien dio pruebas concluyentes de la implicación institucional del gobierno cubano en el tráfico de drogas, compró su propia inmunidad con las vidas de los hermanos La Guardia y otros oficiales del Ministerio del Interior.
El año en que la palabra “balsero” se universalizó fue 1994. De nuevo se abrió la válvula de escape para aliviar la presión interna. Fueron interceptados en alta mar 32.362 cubanos tras abandonar la Isla en precarias embarcaciones. Un número indeterminado murió en el intento. Pero antes se había producido una oleada de secuestros de embarcaciones. Castro necesitaba escarmentar a quienes empleaban este método de huida. En la madrugada del día 13 de julio de 1994, zarpó de La Habana el viejo remolcador de madera “13 de Marzo” con 68 personas a bordo. A siete millas de las costas cubanas, fue hundido por dos remolcadores de acero, ante la mirada impasible de las lanchas de guardafronteras que se mantenían a cierta distancia. La imprevista aparición de un buque griego, obligó a los militares a rescatar a los 31 supervivientes. Treinta y siete personas murieron, entre ellos diez niños. El Estado cubano se ha negado a recuperar sus cadáveres. Una lección semejante fue impartida en 2003, cuando tres jóvenes de raza negra fueron juzgados y ejecutados en 72 horas, a pesar de que su intento de secuestro no produjo víctimas ni daños materiales. El cumplimiento de la sentencia se comunicó a sus familiares cuando ya los jóvenes habían sido enterrados.
A inicios de 1996, el presidente Bill Clinton se manifestó en contra de ratificar con su firma la Ley Helms-Burton, que conferiría al embargo el carácter de ley y dificultaría su eventual derogación. El 24 de febrero, Raúl Castro ordenó el derribo, sobre aguas internacionales, de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate. El 12 de marzo, Bill Clinton firmó la ley y garantizó a los hermanos Castro la continuidad de una política que ha servido de excusa para el recorte de libertades y de “explicación” a todos los desastres económicos en la Isla. Para esta transacción bastaron las vidas de aquellos cuatro tripulantes.
A pesar de la persecución y el acoso de la policía política, a inicios del nuevo siglo se produjo un considerable aumento de la actividad disidente en Cuba. Veinte mil cubanos habían firmado el Proyecto Varela, solicitando una modificación constitucional. Era el momento de dar al pueblo cubano otra lección y ratificar el monopolio del poder, sin márgenes para la discrepancia. Durante la Primavera Negra de 2003, en juicios sumarísimos, fueron repartidos 1.450 años de prisión entre 75 disidentes, activistas y periodistas independientes.
El uso de los cubanos como moneda de cambio no se reduce a la adquisición de impunidad, monopolio del poder o seguridad para el gobierno de los Castro. Cientos de miles de profesionales —médicos, maestros, asesores militares, deportivos— sirven por igual para adquirir alineación en la arena internacional de gobiernos agradecidos, que para comprar petróleo a Venezuela. El Estado cubano les paga un estipendio simbólico y se embolsa el 90 por ciento de lo que esos países pagan por sus servicios. En otros casos, el pago es político. Los cooperantes cubanos ponen el trabajo y, en ocasiones, la vida. Los Castro reciben el agradecimiento.
El sistema es equivalente al de aquellos dueños que en los siglos XVIII y XIX “echaban a ganar” a sus esclavos. Convertidos en carpinteros, canteros o prostitutas, los esclavos trabajaban por cuenta de su amo que, en ocasiones, les permitía ahorrar una parte de sus ingresos para comprar su libertad.
Incluso los dos millones de exiliados cubanos tienen valor de cambio. Desde 1959, todo ciudadano que se exiliara era despojado de sus bienes, empresas, casas, autos, pero también de sus joyas, sus efectos personales y hasta sus recuerdos familiares. A cambio de su libertad, se le expropiaba toda huella de su vida anterior, excepto su memoria. El gobierno cubano decide a quién se permite emigrar y a quién no. Para que un niño viaje son sus padres, no basta la voluntad de estos. El Estado deberá autorizarlo. Y ha implementado un sistema de ordeño al exiliado. Tasas abusivas por la documentación necesaria para emigrar y por los servicios consulares una vez fuera de la Isla. Un gravamen del 10 por ciento a los mil millones de remesas. Si un exiliado desea invitar a un familiar cercano que resida en Cuba, deberá sufragar la costosa documentación y, más tarde, abonar una tasa mensual por su presencia. Como propietario de todos los cubanos, el Estado te alquila por meses a tu padre, a tu hermano o a tu madre. La exportación de cubanos se ha convertido en la industria más rentable del régimen.
Abolida su condición de ciudadano, el cubano, reducido a súbdito, puede ser alquilado o vendido, deberá comprar al contado su manumisión, como los esclavos del siglo XIX y, en caso necesario, su vida será un bien que el Estado administrará a voluntad.
Orlando Zapata Tamayo pretendió comprar su dignidad al precio de su vida. Los hermanos Castro no han dudado en costear una lección magistral con su cadáver.
