Leo un cable de DPA, la agencia alemana de prensa, que afirma que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado a los presidentes aferrados al poder porque "ponen en riesgo la democracia". Verde y con puntas… guanábana.

"Ocho años en la Presidencia de un país es tiempo suficiente para concretar un programa de gobierno. Estoy en contra del tercer mandato, porque la democracia es un valor inconmensurable con el cual no podemos jugar, y en segundo lugar porque la alternancia en el poder es sana para el país", agregó Lula.

En una primera lectura, sus declaraciones son de consumo interno: intentan disipar toda duda sobre una presunta reforma constitucional insinuada por algunos de sus partidarios.

En el subtexto, el mensaje va dirigido a su más poderoso vecino sudamericano. No es la primera vez que Lula utiliza este tipo de subterfugios para cuestionar la sed de poder de Hugo Chávez; sobre todo desde que el antiguo sindicalista renunció a ejercer el liderazgo que, como potencia geográfica y económica, le corresponde a Brasil.

No obstante, es de agradecer que Lula da Silva —que ha gestionado su país con bastante acierto, olvidándose del rupturismo de sus años mozos— ponga algo de cordura en el debate reeleccionario continental, que además no viene sólo desde la izquierda.

Con todos sus éxitos en materia de "seguridad democrática", intranquiliza el silencio del presidente colombiano, Álvaro Uribe. Sus correligionarios quieren una reforma constitucional —otra más— que le permita presentarse por tercera vez consecutiva a la primera magistratura.

Esta vez, desde la derecha, se arguyen los mismos conceptos utilizados por Chávez para justificar sus anhelos ("Este proyecto no está concluido… hace falta un hombre fuerte para evitar…"); lo que demuestra la inmadurez de una región en la que los personajes cuentan más que las ideas, los programas y los partidos.

Las excepciones confirman la regla. Tabaré Vázquez, que ha gobernado el Uruguay con mucho tino y abandonará el poder en octubre de 2009, tiene un respaldo del 56 por ciento de la población y su popularidad se sitúa en el 55 por ciento, según una encuesta privada de la empresa Cifra.

A pesar de la brutal presión de su partido, el variopinto Frente Amplio, Vázquez ya ha dejado claro que no modificará la carta magna para presentarse el año que viene.

Otro que lo tiene claro es el socialdemócrata Óscar Arias, presidente de Costa Rica. La semana pasada dijo que hará todo lo posible para que una mujer le sustituya en el cargo a partir de 2010.

Arias es el gobernante centroamericano mejor calificado por los ciudadanos, según una encuesta de marzo realizada por Gallup. Daniel Ortega, de Nicaragua, el peor.

El Comité Olímpico Internacional (COI) está buscando "botar el sofá", para decirlo en lenguaje popular cubano. Si grupos pro derechos humanos han intentado apagar la llama olímpica —en protesta por la represión en el Tíbet—, la solución salomónica que tantea el COI es la modificación del trazado de la antorcha, e incluso, para futuros juegos, circunscribirlo al territorio del país anfitrión.

Los culpables del deterioro del espíritu olímpico no son quienes protestan, como pueden, por las violaciones de los derechos humanos, sino los que otorgaron la sede de las Olimpiadas a los violadores. Es demencial pedir a las víctimas que aplacen sus reclamos en nombre de tal espíritu, o que no mezclen sus anhelos políticos con la realización de los juegos.

A través de la historia, nunca unas Olimpiadas transcurrieron sin polémica, cuando fueron sede países conflictivos, y en momentos susceptibles. En tiempos de internet y móviles, el efecto de las protestas globales se multiplica. La gran operación de relaciones públicas que planeaba Pekín con los juegos, ha resultado ser un fiasco para el régimen.

Ante la tibieza de gobiernos comercialmente atados a China, empezando por Estados Unidos, la sociedad civil ha hecho lo suyo. No debería repetirse el boicot deportivo visto en Moscú '80, Los Ángeles '84 y Seúl '88, pero sí es viable el boicot político. Salvo que China desee ambas cosas.

¿Por qué tienen que asistir reyes, presidentes y primeros ministros a la ceremonia de apertura, si Pekín no da muestras de querer dialogar con el Dalai Lama?

El apaciguamiento, como apuesta política, ha vuelto a fracasar. Otorgar la sede de los Juegos a la dictadura más grande del mundo no ha servido para mejorar la situación de los chinos, por más que hayan incluido en su Constitución "el respeto a los derechos humanos".

El mal está consumado; pero todavía deportistas, periodistas y demás asistentes a los juegos de verano pueden solidarizarse con los chinos usando a tope su libertad de expresión. Y que el COI tome nota sobre su política de otorgamiento de sedes. Si esta vez ha flaqueado el espíritu olímpico, el organismo también debe asumir sus culpas.

En lo personal, me interesa un bledo si se suspenden cuatro carreras o tres patadas a un balón. Lo que de verdad importa son los crímenes de Estado que han dejado decenas de muertos, y la vida del Tíbet reprimido.

Es cierto que las medidas anunciadas por Raúl Castro recuperan para los ciudadanos algunos derechos hasta ahora conculcados por él y su hermano. También lo es que los decretos se están ejecutando sin vocación de arrepentimiento y en ausencia de disculpas por la violación de la propia Constitución castrista. ¿Qué garantiza que la ley de leyes o el resto de los instrumentos universales de derechos humanos no vuelvan a ser vulnerados, según circunstancias y caprichos personales?

Al no transmitir claramente la idea de que los derechos son sagrados —por tanto nadie los puede dar ni quitar—, La Habana maniobra en un escenario listo para nuevas violaciones; todas las necesarias. Puestos a reconocer que, efectivamente, las medidas recientes solucionan algunos agujeros desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, entonces pongamos el asunto en contexto.

Tienen razón los que piensan que Cuba, a este ritmo, marcha con tambor y pandereta hacia el año 1958, pero con más precariedad económica y menos libertad. O que Cuba cada vez se parece más a Haití, icono del capitalismo más subdesarrollado y brutal.

Como el empobrecido país del Caribe francófono, la Cuba de Raúl ofrece servicios del primer mundo —incluyendo sus precios, claro— a ciudadanos del tercero, con el agravante de que lo hace en una moneda distinta a la de los trabajadores. Como en el peor de los capitalismos, una clase alta y minoritaria accede al bienestar, mientras la clase media trabajadora —el pilar de las sociedades modernas— no puede hacer casi nada con lo que gana mensualmente. Otro capitalismo es posible.

Como si fuera poco, la idea que transmite el esquema raulista (todavía peor que el de sus colegas asiáticos) es que trabajar no sirve para nada. Para obtener moneda dura, "ahora que habrá de todo", lo que vale es "prostituirse o tener un pariente gusano". ¿Supuestamente no combatió Fidel Castro la dictadura de Batista para solucionar el problema de "los de abajo"?

A pesar de la represión batistiana y de las desigualdades aquellas —entre el campo y la ciudad, por ejemplo—, el sueño de Cuba no era, por muchísimas razones, parecerse a Haití, sino a Bélgica, con quien compartía renta per cápita.

Pese a la pobreza de la mayoría, la Isla era, tecnológicamente (por las causas que fuese), un centro de modernidad continental y, La Habana, una ciudad de punta en el mundo. El país estaba listo para una reforma que eliminase las principales desigualdades sociales denunciadas. Una reforma, no una revolución como la de los Castro, que expulsó al anterior dictador sólo para gobernar y homogeneizar la pobreza.

La conclusión que puede extraerse es que, cincuenta años después, Cuba podría parecerse, en el mejor de los escenarios, a un país capitalista salvaje: unos pocos tienen de todo (miembros de la nomenclatura, militares, trabajadores de empresas mixtas y personas con familia solvente en el extranjero) y la mayoría, con una moneda inservible, sólo alcanza a mirar las vidrieras de las tiendas. Igual que en 1958, según la propaganda oficial.

Hay un tipo de prohibición —la económicamente camuflada— que elimina las críticas de los enemigos políticos y, de paso, permite que casi todo siga igual, salvo que el exilio saque la generosa billetera: Raúl le está demostrando a Fidel que ni los celulares ni las computadoras son un problema real, debido a su probable mínimo impacto. Encarecerlo todo, a precios inalcanzables para la clases media y baja, es la columna vertebral de la nueva censura. Peor que en Haití.

¿Qué hacían cinco estudiantes mexicanos y un cerrajero ecuatoriano en el campamento del terrorista Raúl Reyes? ¿A cuáles peligros se expone quien se une o visita, por cualquier razón, a un grupo fuera de la ley?

Supongamos que los estudiantes eran simples investigadores interesados en las experiencias bolivarianas de las FARC. También que el cerrajero era un obrero contratado para abrir una puerta. Supongamos que esta misma situación se repite en las montañas del Pakistán profundo y que una andanada del ejército vuela por los aires el campamento de un líder de Al Qaeda, con la pérdida colateral de cuatro estudiantes iraníes y un obrero afgano que dormían allí. ¿Qué hacían estos ciudadanos en un enclave terrorista?

No se trata de defender la tesis de los daños colaterales, que no deja de ser perversa. Aquí el "daño" es directo. Si en España, en un operativo contra la banda terrorista ETA, caen cuatro franceses y un británico, que por alguna extraña razón se encontraban junto al grupo ilegal, en Europa nadie se va a rasgar las vestiduras. De eso no me caben dudas, aunque sus familias intenten presentar al Estado democrático, como suele pasar muchas veces en el País Vasco, como culpable o mafioso por hacer lo que le corresponde.

Tras lo sucedido en la frontera entre Colombia y Ecuador, los gobiernos de Ciudad México y Quito no han cesado de acosar a Bogotá en la petición de indemnizaciones para los familiares de los muertos. La falta de perspectiva de los países latinoamericanos, más democráticamente formales que nunca, pero igual de imberbes que siempre, permite la realización de espectáculos tan groseros como el de marras.

Para Uribe, va resultando una heroicidad imponerse diplomáticamente, porque en América Latina la lucha de Colombia contra el terrorismo no termina de convencer a los vecinos.

México y Ecuador tienen derecho a pedir una investigación sobre los hechos, pero sin adelantarse a los resultados. Los padres de las víctimas igualmente a llorar a sus hijos y a comprobar los procedimientos, pero sin olvidar su porción de responsabilidad en el asunto, directa o indirectamente.

Si los estudiantes y el cerrajero eran simpatizantes de las FARC, no hay mucho dónde exigir. En una guerra contra el terrorismo, como la que viven los colombianos, se está del lado de las víctimas o de los victimarios. Y el ejército de un país democrático está en el deber de actuar en defensa de los intereses nacionales. ¿O no?

Pero como el mundo está al revés, Uribe y su diplomacia, además de pedir las necesarias disculpas por la incursión extraterroritorial de sus tropas, han debido emplearse a fondo para lidiar con gobiernos que no permitirían, ni por un minuto, una guerrilla terrorista merodeando sus bosques. Asco que dan.

Deliberadamente, Prensa Latina y Granma omitieron este lunes el nombre de Alejandro Sanz al "informar" sobre el concierto "Paz sin Fronteras", celebrado el domingo en el puente internacional Simón Bolívar entre Colombia y Venezuela. Esto es lo que se llama una "limpieza periodística" en toda regla.

Los medios oficialistas cubanos mencionaron a Juanes, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Miguel Bossé y Juan Fernando Velazco. Sólo quedó fuera Sanz, a quien los administradores de la verdad nombraron simplemente "entre otros".

La actuación de Alejandro, prohibido en los medios de comunicación cubanos por sus duras declaraciones contra la dictadura y semicensurado por Hugo Chávez, nunca sucedió para los lectores cubanos.

Ayer vi algunos fragmentos del concierto por Caracol TV Internacional. Miles de personas se reunieron a ambos lados de la frontera. Un venezolano subió al escenario y retuvo un micrófono para pedir públicamente que Chávez dejara cantar a Sanz en Caracas. El baladista venezolano Ricardo Montaner, en un tiempo chico malo (sin causa aparente) para La Habana (lo que le valió unos años de prohibición en los medios cubanos), cantó unas veces para el lado colombiano y otras para el venezolano. Un concierto sin políticos de cuerpo presente, pero con mucho de política. Al menos como yo lo vi.