La Justicia chilena ha respondido como se esperaba. Al menos en la línea de expectativas de un país que ha padecido en carne propia las violaciones de derechos humanos.

Según informó la agencia AP, la segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile concedió la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori por dos cargos de violaciones de derechos humanos y cinco de corrupción.

"De los 13 cargos se ha concedido la extradición por siete", informó a los periodistas el presidente de la sala penal, Alberto Chaigneau.

El magistrado, quien redactó la sentencia de más de 200 carillas, señaló que en fallo unánime los cinco integrantes de la sala penal acordaron extraditar a Perú al ex gobernante para ser juzgado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, donde murieron 25 personas. Y en resolución dividida acordaron conceder la extradición para que se le procese por cinco cargos de corrupción.

Fujimori, quien gobernó al Perú entre 1990 y 2000 y se encuentra en Chile desde noviembre del 2005, y permanece en arresto domiciliario desde junio en un condominio al norte de Santiago. El año pasado estuvo seis meses en prisión preventiva.

Apunta Amnistía Internacional, en un informe sobre el caso Fujimori, que son 20 los cargos por corrupción y violaciones de derechos humanos que existen en contra del ex presidente peruano. Entre estos se encuentra la acusación de la Fiscal de la Nación por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada, en relación a la masacre de Barrios Altos, y al asesinato y "desaparición" de nueve estudiantes y un profesor en la universidad Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, en Lima, en 1992.

Dichos crímenes son atribuidos a un escuadrón de la muerte denominado "Grupo Colina", un grupo paramilitar creado en 1992 dentro del Servicio de Inteligencia Nacional bajo el mando de Vladimiro Montesinos en el contexto de la nueva estrategia contra-subversiva puesta en práctica por Alberto Fujimori, agrega AI.

Tras conocerse la noticia, no han faltado quienes acusen a los gobiernos de Chile y Perú de poner en peligro la vida del ex presidente. Toda precaución será poca, pero aquí lo que cuenta es el fallo histórico de los tribunales, que ofrece a las víctimas una oportunidad excepcional para iniciar una investigación seria sobre los crímenes de la era fujimorista.

Perú necesitaba un revulsivo como este. Todavía muchos no se creen que uno de nuestros delincuentes habituales se esté acercando al banquillo. La decisión chilena es ejemplarizante, por lo que representa para las víctimas de la represión fujimorista y para quienes, en el propio Chile, vieron morir a un Pinochet que fue juzgado por delitos fiscales, pero nunca por temas de derechos humanos.

La idea de que la delincuencia política tiene límites y que no es una utopía sentarla ante los tribunales, ha quedado bien refrendada. Que no se detenga ahí.

P.D: - La organización Human Rights Watch (HRW) destacó que la extradición de Alberto Fujimori concedida es "un caso sin precedentes" y constituye "la primera vez que un tribunal ordena la extradición de un ex jefe de Estado a su país".

Documento: Fallo del tribunal chileno

El gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia se ha sacado del sombrero una nueva propuesta para la Carta Magna en proceso de gestación: pretende disminuir el por ciento de votos necesarios para elegir al presidente de la República. El actual "50% más uno" que marca la ley como imprescindible para no convocar una segunda vuelta, el MAS aspira a reducirlo al 40%, informa el diario paceño La Razón.

El partido de Evo Morales va a por todas en su intención de desbrozar cualquier trance que impida al actual mandatario volver al poder dentro de cuatro años, y reconquistarlo cuantas veces quiera, aunque el margen sea tan estrecho que difícilmente pueda hablarse de una decisión de las mayorías.

La idea socialista viene del batacazo en las encuestas. El descenso en la popularidad de Morales (hoy, 57%) contrasta con el sobresaliente que incluso llegó a tener el líder aymará (70%). Así es entonces como quienes han prometido higiene democrática y refundación, traman como redactar una Constitución "a la carta" que posibilite el sueño eterno de cualquier populista: conservar el poder. Aunque una cosa así hiera de muerte la ya enfermiza democracia boliviana.

Morales se mira en el espejo "victorioso" de su colega Daniel Ortega. El mandatario nicaragüense pactó con el mafioso liberal Arnoldo Alemán rebajar hasta el 35% la cifra imprescindible para gobernar. Las antípodas tradicionales de la vida política nicaragüense se acoplaron en función de intereses mezquinos, lo que facilitó que en noviembre de 2006 Ortega lograra lucir la banda presidencial, con apenas el 38% de los votos.

Otro caso que recuerde, aunque diferente, fue el del argentino Néstor Kirchner en 2003, cuando su contrincante Carlos Menem no se presentó a la segunda vuelta, porque auguraba una fulminante derrota.

Finalmente Kirchner gobierna Argentina con el 22,2% de los votos que consiguió en la primera vuelta. Su caso es distinto al de Evo y Ortega, porque no se produce tras la flexibilización grosera de las leyes promulgadas para evitar estos excesos, ni por turbias alianzas partidistas. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre cuánta legitimidad tiene un presidente que no representa (mediante el voto) ni siquiera a la mitad de sus gobernados.

Que en Colombia uno de cada tres pesos recaudados mediante el denominado "impuesto al patrimonio" tenga que ser dedicado a Defensa e Inteligencia, no es sólo la constatación de que este es un Estado fallido (el segundo de América Latina, sólo superado por Haití, y el número 14 del mundo), sino de hasta qué punto la guerra afecta la agenda social de cualquier gobierno.

El dinero, según el gobierno de Bogotá, se utilizará, entre otras cosas, para blindar los movimientos de tropas terrestres, los más expuestos al fuego de la guerrilla.

Coincidiremos en lo terrible que representa dedicar a temas bélicos la mayor cantidad de dinero de los últimos 30 años. Suena catastrófico que un país deba desembolsar, para dichos menesteres, cifras millonarias que podrían ir a partidas socialmente más útiles; sin embargo, en cualquier caso, la responsabilidad es de los terroristas (tanto guerrilleros marxistas como paramilitares de ultraderecha) que mantienen a la nación en una situación límite.

Algunos, sin embargo, recriminan al gobierno de Uribe por destinar tales recursos a la lucha contra guerrilleros y paramilitares. Estiman que el ejército es tan culpable como los otros (los malos), y que no hay que invertir en asuntos de guerra, porque el ejército, repito, también es culpable de violaciones de derechos humanos.

No sólo me parece extravagante comparar las arbitrariedades del ejército, que existen, con la guerra criminal de más de 40 años de los guerrilleros de las FARC y el ELN contra las instituciones del Estado, para implantar un modelo totalitario en Colombia. Aquí lo que existe es un enfrentamiento entre quienes defienden la democracia, con abultados errores, incuestionablemente, y los que la pretenden derrocar.

El hecho de que el ejército colombiano esté infiltrado por mafiosos y de que más de un oficial haya sido acusado por sus vínculos con los paramilitares, no es razón suficiente para negar la modernización de las fuerzas armadas. Por una parte, el ejército colombiano probablemente sea una institución que merezca una depuración profunda; por la otra, en la lucha contra el terrorismo y la insurgencia, NO todo vale. Allí donde fuere, lo primero son los derechos humanos, y ni siquiera los terroristas merecen ser tratados como animales.

Dicho esto, ¿qué puede pedírsele a Colombia en relación con la necesidad de combatir a las guerrillas extremistas y a los ejércitos de delincuentes armados? ¿Qué se desarme? ¿Qué deje envejecer su arsenal, mientras las bandas continúan matando y secuestrando civiles?

Hay veces que lo políticamente correcto nos vence. Si dedicar a Defensa uno de cada tres pesos recaudados del impuesto al patrimonio —más los presupuestos ordinarios anuales— es una opción socialmente dramática, no atender las necesidades de un país en guerra significa terminar entregándolo a los terroristas. Salvo que se entienda que el conflicto colombiano tiene otras salidas ("políticas", me dijo en una entrevista en Madrid el ahora presidente ecuatoriano Rafael Correa).

No sé a qué se refieren exactamente los defensores de la vía política para terminar con la insurgencia en un Estado democrático, entre ellos algunos miembros del opositor Polo Democrático Alternativo (porque las FARC piden la demolición del Estado democrático y el fin del capitalismo); pero sería bueno que lo aclararan. Sobre todo para saber a qué atenernos y valorar sus propuestas. Quizás son estupendas y lo que pasa es no nos hemos enterado.

P.D: - Hay un señorito que ha pedido desde las páginas de Kaos en la red la "necesidad de unas FARC españolas". Así son las cosas de esta España en que vivimos. Todavía no veo el fiscal que pida interrogarle por exaltación del terrorismo y la violencia. No se puede utilizar un medio de comunicación para instar un levantamiento en armas, sobre todo en una España en la que caben todas las ideas, monárquicas, independentistas, anarquistas…

En Ecuador, once grupos de izquierda han suscrito un acuerdo de adhesión tras las elecciones para la Asamblea Constituyente, que se celebrarán el 30 de este mes, anunció el diario El Comercio.

Salvo el gubernamental Alianza País, prácticamente todo el espectro izquierdista ha decidido apoyar "un modelo alternativo a la economía social de mercado, recuperar y fortalecer la propiedad pública de las áreas estratégicas de la economía, la nacionalización de la renta petrolera, de las telecomunicaciones y de la electricidad", entre otros objetivos relacionados con lo que denominan "democratización de la tenencia de la tierra".

La lista unitaria la componen los partidos Socialista y Libertad, y ocho movimientos: Pachakutik, Polo Democrático, Blanco, Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Ecuarunari, Movimiento Maíz, la Red de Migrantes y Llactakaru. También se sumaron la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha.

Las pretensiones del bloque son preocupantes. Va directo a la yugular de la economía de mercado, confiado en restituirle a papá Estado la propiedad de lo que denomina "áreas estratégicas" (aquí se incluye hasta hablar por teléfono).

Uno de los partidos firmantes, Libertad, cuenta en Madrid con un candidato a asambleísta, a quien entrevisté recientemente en una radio local. Me habló de hacer una reforma agraria profunda, sin precisarme el cómo; de no permitir que ningún grupo económico pudiera tener al mismo tiempo medios de comunicación (le pregunté quién los tendría entonces) y cargó contra el capitalismo, aunque evitó calificarse como marxista. Por ahí van los tiros. Muy mal están los ecuatorianos, pero —con mucho entusiasmo— pretenden estar peor.

Lo tiene fácil el presidente Rafael Correa en su afán de refundar Ecuador. Las encuestas le atribuyen entre 42 y 51 diputados, de los 66 que necesita para aprobar con mayoría absoluta la nueva Carta Magna. El bloque de los partidos izquierdistas alcanzaría, según cálculos moderados, entre 15 y 20 puestos. Es decir, si Correa consigue 51 y el bloque 15, el destino de Ecuador se decantará irremediablemente hacia el modelo venezolano.

Según la última encuesta, los partidos de derecha, inmersos en un descrédito bestial (el PRIAN de Álvaro Noboa y el Social Cristiano), apenas se agenciarían entre 15 y 20 diputados en total, insuficientes para equilibrar las posiciones y pujar por el consenso. Los seguidores del ex presidente Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica) proyectan entre 14 y 16 asambleístas.

Otra vez el menos beneficiado es el partido del socialdemócrata León Roldós (Red Ética y Democracia), que conseguiría entre 8 y 10, siendo la opción de cambio más moderada y razonable.

Mientras tanto, Correa no se baja del carro de campaña utilizando recursos públicos para promover a sus candidatos, y amenaza con dimitir si no logra una mayoría suficiente. El único dato que deja entreabierta una brecha para la esperanza es que el 52% de los ecuatorianos todavía no sabe por quién votará.

Faltan 12 días para la elección de la Constituyente de 130 sillas. Rafael Correa se frota las manos y prepara el cheque en blanco que, gustosamente, le obsequiarán sus infelices compatriotas.

El sector de la izquierda colombiana con posibilidades reales de llegar al poder, parece haber perdido el norte. Las actitudes de algunos de sus miembros podrían desembocar en una todavía más aplastante, si cabe, victoria de la derecha uribista en las próximas elecciones presidenciales de 2010.

Los miembros del Polo Democrático Alternativo (PDA), una variopinta formación en la que conviven radicales y moderados, presidida por Carlos Gaviria (segundo lugar en las presidenciales de 2006), se han enzarzado en una peligrosa polémica sobre la posición que debe adoptar su partido sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FARC, no hay que olvidarlo, figura como una organización terrorista en la lista negra de Estados Unidos y la Unión Europea.

La polémica la abrió el senador del PDA Gustavo Petro, quien criticó severamente al grupo terrorista y pidió a su partido dejar a un lado las ambigüedades con respecto a la guerrilla marxista. Es decir, contestarle con contundencia sus mensajes y crímenes.

La caja de truenos no se hizo esperar. Sólo seis de los 23 miembros presentes del comité ejecutivo del Polo mostraron su apoyo a Petro, y entre las declaraciones más estrafalarias de quienes se le oponen, encontramos éstas publicadas en el diario colombiano El Tiempo:

-"El Polo condena toda forma de violencia como acción política, pero nuestra postura no es declararles la guerra a las FARC; no son nuestros enemigos, pero tampoco son nuestros amigos" (Jaime Dussán, senador del PDA).

-"Hay que temerle más al uribismo que nos empuja a la derecha" (Jorge Robledo, líder del PDA).

Las declaraciones de Dussán son escandalosas ("no son nuestros enemigos, pero tampoco son nuestros amigos"), porque sitúa al Polo en un terreno de presunta neutralidad en el país más violento de América Latina. Por una posición de no condena del terrorismo como la anterior, en un país como España ya el Polo fuera un partido ilegalizado por la Justicia.

Al senador Petro se le acusa de favorecer al gobierno por criticar sin ambages a las FARC. Ergo, para el Polo la derecha uribista es peor que el terrorismo de la guerrilla. Así les vamos conociendo mejor.

La visión del PDA puede leerse de dos maneras:

1.- Que lo que aparenta ambigüedad, quizás sea verdaderamente preocupante: en el Polo hay personas que todavía ven en las FARC un espíritu liberador frente al orden imperante; pero como, en general, la sociedad colombiana no comulga con las tesis guerrilleras, los primeros se cuidan de mostrarse abiertamente partidarios.

2.- Que el Polo es un partido democrático —con algunos díscolos— que defiende una posición de cautela ante las FARC, para abrir en el futuro una etapa de negociaciones, en caso de llegar al gobierno en 2010.

No obstante, ambas posibilidades plantean un dilema ético. La más benevolente les sitúa en un escenario en el que la izquierda estaría mirando hacia otro lado, mientras miles de civiles y militares colombianos caen como pájaros bajo la balacera, cada año, "gracias" a la actividad de las FARC.

Desde luego, es probable que el Polo llegue en mejores condiciones que Álvaro Uribe a un futuro tiempo de negociación. Pero a cuál precio. La negociación en sí no es el inconveniente, sino la voluntad de los terroristas de volver a la legalidad, un asunto que de momento no tiene visos de salida. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países y procesos, aquí el terrorismo es un perfecto negocio que se financia con el narcotráfico, e incluso da para más. Además de que las reivindicaciones de las FARC son inaceptables: la destrucción del Estado capitalista y la implantación de un modelo marxista, es decir, totalitario.

Para consuelo de los más moderados, el senador Gustavo Petro no está solo.

El actual alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, una mente lúcida y varias veces visto como probable candidato presidencial por el PDA, ha terciado en la polémica: "Quiero decir que lo que ha hecho las FARC en los últimos meses, durante mucho tiempo, en relación con el Polo no son petardos, lo que le ha mandado son cilindros de gas. Y uno esos cilindros de gas no los responde con rancheras ni con boleros; los responde con una reacción vertical. Estoy con Gustavo Petro sin dilaciones".