¿El Estado sí puede?
La Asamblea Constituyente de Ecuador, encargada de redactar una nueva Carta Magna, va demostrando su audacia en materia de demoliciones.
El denominado Mandato 8 prohíbe casi en su totalidad la "tercerización", es decir, las subcontrataciones en varios supuestos. Un golpe en toda regla contra el funcionamiento del capitalismo más simple.
Hablar sobre economía a veces es tedioso, pero inevitable. Cuando se intenta defender al trabajador desde posiciones monopólicas de Estado, el resultado es previsiblemente desastroso. Con defensores así no se necesitan enemigos.
El asunto de las subcontrataciones es polémico. En algunos países las empresas abusan tanto de las mismas que finalmente el empleado recibe un salario miserable, con escasísimas protecciones y seguros, y peor estabilidad, simplemente porque el dinero "se pierde" en el camino. Recursos monetarios que, muchas veces, las grandes empresas prefieren ahorrarse en asuntos de prestaciones y seguridad social.
En España, hace poco más de un año, fueron famosos los casos de subcontrataciones —de hasta tres niveles— para el soterramiento de la más famosa circunvalación (la M-30) de Madrid. Las empresas ganadoras de la concesión contrataron a otras, y éstas a la vez a otras más. No para labores complementarias precisamente, sino para la principal objeto de la licitación. ¿El resultado? Un obrero-final mal pagado y puteado.
Para no buscar soluciones justas e intermedias, favorables a todas las partes, la Constituyente ecuatoriana elimina de tajo la "tercerización" sin tener en cuenta las pérdidas que la medida ocasionará a muchas empresas. Supuestamente intentando proteger a los obreros, Quito está propiciando un clima de abaratamiento masivo de costes por parte de las patronales, cuyo aspecto más terrible será la caída en picada de la generación de empleo.
Una disposición transitoria del Mandato 8 permite, sin embargo, subcontrataciones en tareas de "vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, siempre que sean ajenas a la actividad principal de la usuaria". ¿Qué futuro les espera a las agencias de trabajo temporal?
Lo más preocupante es lo de siempre, cuestión de leyes y de trampas: el Estado ecuatoriano se reserva derechos que, en lo adelante, prohíbe a sociedades privadas. La disposición general primera establece la gracia para "empresas del sector estratégico público". Papá Estado, la mayor concentración de recursos materiales y humanos, sí puede tercerizar sin problemas, crear ejércitos de subcontratados para engordar la administración, fomentar el clientelismo y pagar favores.
De momento, los analistas hablan del varapalo que significa el mandato constituyente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el alma del tejido empresarial de cualquier país, precisamente por su dinamismo en la generación de empleo a nivel local.
Lo que hoy pasa en Ecuador, de la mano del inefable Rafael Correa, recuerda, salvando las distancias, los avatares de mi querida ciudad natal, Santiago, en los primeros años ochenta, cuando las autoridades quisieron remediar la mala calidad del prú oriental de la manera más radical posible: eliminando la popular y refrescante bebida.
