Estofado de lengua (nativa)

La prensa internacional trae este lunes dos interesantes artículos sobre la utilización política de las lenguas, en países en los que conviven varias. En el diario español El País, el catedrático Aurelio Arteta se queja de las críticas lanzadas contra quienes exigen lo obvio: la igualdad de todos los ciudadanos. Dice que este es el caso del nuevo partido español Unión, Progreso y Democracia (de vocación centrista), al que "le reprochan haber proclamado, fíjense, que el núcleo de la ciudadanía democrática es 'la libertad en igualdad'".

Arteta pone el dedo en la llaga de un tema visceral para los nacionalismos periféricos, que no saben de izquierdas ni derechas; así como los totalitarismos y fascismos tampoco han dependido de un brazo u otro. Son todos ambidextros.

El catedrático denuncia: "varias comunidades españolas, y por mentar tan sólo el acceso al empleo público, llevan largos años discriminando ilegítimamente a los ciudadanos en razón de su lengua. No los discriminan porque establezcan condiciones lingüísticas específicas a los candidatos, que tal es su derecho y su deber como comunidades bilingües que son. Los discriminan sin derecho porque, tratándose de territorios donde su lengua particular sólo es hablada por una parte pequeña o grande de su población, exigen a todos los aspirantes como requisito (o como mérito decisivo) acreditar el conocimiento oral y escrito de esa lengua. Así se destroza el principio de igualdad, mérito y capacidad para seleccionar a los concursantes. Así se rompe también el principio de adecuación a las funciones previstas que, en esas comunidades bilingües, se desempeñan de hecho hoy bastante más en castellano que en catalán, gallego o euskera".

En cuerda similar, un editorial del diario boliviano La Razón —como El País, también del Grupo PRISA—, advierte hoy del problema artificial que genera el gobierno de Evo Morales en relación con las lenguas indígenas.

"Una investigación sobre las lenguas que se hablan en Bolivia estableció que el castellano tiene un predominio casi total en el territorio, por lo que los bolivianos no tienen complicaciones en su comunicación", alega el diario.

Denuncia además que el gobierno de Morales ha impuesto que "en el plazo de dos años los empleados públicos aprendan una lengua nativa, aparte de usar el castellano, de lo contrario serán despedidos (…) El argumento es que Bolivia tiene 36 naciones y que cada una cuenta con su propia lengua. Por tanto, los hablantes del castellano deben aprender una lengua nativa".

Un estudio concluyó que "el castellano es el idioma más hablado en el país, en contraste con las lenguas nativas, que casi no tienen presencia. El 46% de los bolivianos sólo habla el castellano; el 33,2% habla castellano y una lengua nativa; el 11,6% habla sólo una lengua nativa… Si se suma a los que sólo hablan castellano y a los que hablan castellano y una lengua nativa, el total sería 83%...".

En fin, otro frente de combate que no busca reconocer nuevos derechos a las minorías, sino discriminar a los grandes grupos en función de intereses espurios.

Promover las lenguas nativas minoritarias y educar en la diversidad no es mayor problema, si se asume —sea en España o Bolivia— como lo que realmente es, un asunto de índole cultural. Sobre todo en regiones y países donde el bilingüismo fluye de manera natural y cualquier imposición de una lengua sobre otra siempre termina en un mal estofado.

En regiones españolas como Cataluña, la denominada "normalización lingüística" ya comienza a pasar factura en su famosa industria editorial, que ha sido un fuerte bastión mundial de la lengua castellana. Pero no sólo hay mella cultural. Hasta se multa a los comercios chinos por no rotular sus carteles lumínicos en catalán (no he visto tal despropósito en Francia, Bélgica u Holanda). Pero cuando el afán totalitario llegue a las transnacionales asentadas en esta región (quienes prefieren empleados que hablen castellano e inglés), será que los catalanes de a pie —los votantes— caigan en cuenta de la hecatombe económica que se les viene encima.

En Bolivia, el efecto no será económico en primera instancia, pero no hay dudas de que la nueva arma (la lengua) será disparada para asegurar control político.