Ni entonces ni ahora la dirigencia cubana ha titubeado para mantenerse en el poder. La diferencia radica en que en los años sesenta había un gran apoyo popular y ahora no. El país revolucionario entonces entendía la represión como una medida defensiva para derrotar a la contrarrevolución; hoy, los ciudadanos de a pie —los que fueron revolucionarios y los hijos y nietos de los que lo habían sido— conocen de cerca el poder represivo del régimen y saben que no son libres. Si la consolidación a toda costa fue una causa compartida con millones de cubanos, la defensa a ultranza del poder en los términos actualmente definidos por la máxima dirigencia no lo es. Por eso los fusilamientos del 11 de abril son espeluznantes: aunque la mayoría no contemplara unirse a la oposición organizada, sí lo ha hecho respecto a la salida del país. Los fusilados eran simples ciudadanos de un barrio pobre de La Habana, y como ellos hay millones en Cuba. Otras medidas recientes sobre salud pública y tráfico de drogas han avalado un despliegue pretoriano e inevitables registros en los hogares. Estos registros evidencian las ilegalidades necesarias para la supervivencia diaria y para recordar a todos el alcance de los tentáculos oficiales. La ola represiva de marzo y abril ha subrayado el abismo psicológico entre el "nosotros", que alguna vez abarcó a la dirigencia y al pueblo, y el "ellos" que ahora la ciudadanía aplica al régimen.

Aunque también es una advertencia a los cubanos de a pie, la represión contra la oposición resulta consustancial al régimen. Tras el colapso de Europa oriental y la desaparición de la URSS, la dirigencia cubana se enfrentó al reto de cómo gobernar su país. Personas sensatas, dentro y fuera de Cuba, aconsejaron una liberalización —pausada pero decidida— que permitiera un aterrizaje suave tras la Guerra Fría. China y Vietnam mostraban la eficacia de una reestructuración económica que simultáneamente guardaba el control político. Las reformas puestas en marcha fueron insuficientes para las necesidades del país, aunque estabilizaron la economía y el poder logró reconstituirse. Se celebraron dos congresos del Partido Comunista: el de 1991 intentó soplar ligeros aires de apertura, y el de 1997 cerró filas. A fines de 2002 debió haberse celebrado otro congreso, pero no fue así y aún sigue sin fijarse su fecha.

El aparato partidista, pensando en la celebración del congreso el año pasado, estableció comisiones para estudiar (de nuevo) la legalización de las pequeñas y medianas empresas nacionales, la agilización de las inversiones extranjeras y otras medidas económicas, así como una reforma institucional que fortaleciera el sistema judicial. Si bien las medidas son escasas para una Cuba democrática, estos esfuerzos suponen un programa de gobierno que apunta a cierta normalidad para el país y sus relaciones internacionales. Un amago de normalidad sería la mejor garantía —si es que existe alguna en política— para la sucesión ineludible del Comandante en Jefe. Pero éste se ha emperrado en impedirla y lo ha conseguido.

A Castro le es más fácil gobernar desde las crisis y el enfrentamiento que desde la normalidad. Así lo ha demostrado durante 45 años y así lo hará hasta su muerte. "Ni un minuto menos", dijo hace poco refiriéndose a su plazo en el poder y a la comprensión ganada sobre su destino, que "no era venir al mundo para descansar al final de la vida". En su horizonte nunca estuvo negociar con la oposición, ni darle aire a los que desde la propia elite tienen posturas opuestas a las suyas. Congeladas las reformas desde 1995, Castro desató la llamada Gran Batalla de Ideas en 2000, que implicó frecuentes movilizaciones de "apoyo popular", un zumbido propagandístico casi constante y un atrincheramiento nacionalista. Esa es su plataforma de gobierno, si bien es dudoso que la mayoría de la elite –aunque asiente en público— comparta su entusiasmo.