Casablanca en Miami o la “traición” del gobernador

La escena es de la película Casablanca, y muchos la saben de memoria:

“—No. Por favor, señor— dijo el capitán y le arrebató la cuenta al camarero.
Se apresuró en explicar su generosidad a la pareja de refugiados.
—Es un juego muy sencillo. Lo ponen en la cuenta y yo rompo la cuenta.
Y agregó complacido y aún sonriente:
—Resulta muy conveniente.”

Con igual cinismo al del capitán Renault, el gobernador de la Florida Rick Scott firmó una ley que limita el comercio del estado con los regímenes de Cuba y Siria y una hora después envió una carta a Washington en la que afirma que la ley no se puede aplicar, según informa el diario español El Mundo. Con la misiva Scott intenta arrojar la pelota al Congreso y a la Casa Blanca, al solicitar que se apruebe una ley federal que faculte a los estados a tomar este tipo de medida.

No es la primera que un truco similar se utiliza en relación al embargo estadounidense contra el Gobierno de los hermanos Castro. Desde que el ex presidente Bill Clinton firmó la ley Helms Burton, tanto mandatarios demócratas como republicanos se han mantenido fieles al ejercicio de firmar una prórroga de la puesta en práctica del Título III de la legislación. Para empeorar las cosas, tanto en el caso del gobernador de la Florida como en el de los presidentes norteamericanos, el cinismo está justificado; al menos desde el punto de vista político.

En el caso de la medida a la que Scott ha dado aparentemente el visto bueno, pero al mismo tiempo negado la luz verde, es el ridículo en que ha puesto tanto a los legisladores federales y estatales —que aparecieron jubilosos en el acto— como a los llamados “líderes” de línea dura del exilio que acudieron presurosos al acto en la Torre de la Libertad en Miami.

La mejor descripción de lo ocurrido la ofrece el periodista Rui Ferreira, en el mencionado artículo de El Mundo:

“El martes, rodeado de la crema y la nata del anticastrismo local y un par de desconocidos opositores sirios, Scott dijo que si bien ‘quiero más empleos, los principios son importantes’ y ‘esta ley recuerda (a los empresarios) que hay que decidir si se está a favor de una dictadura o de la libertad’.

“Fue una ceremonia florida, donde Scott abrazó a ex presos cubanos, estrechó las manos de políticos y empresarios, se fotografió con los activistas exiliados, les dijo a todos que pronto ‘acabará el régimen comunista’ y hubo muchos ‘abajo los Castro’”.

Es natural que ante una ceremonia tan “florida”, por la tarde, y tras saberse el envío de la carta que apenas permitió una hora de alegría a los que apoyan la medida, en la radio de esta ciudad llovieran las críticas al gobernador Scott. Uno de esos críticos fue el representante federal David Rivera, quien afirmó que si la compañías que serían afectadas por la medida quieren demandar que demanden, pero que ese derecho de acudir a los tribunales también lo tienen que tener los que favorecen la ley si ahora no es puesta en vigor por el temor de los litigios. Rivera también afirmó que está listo para llevar al gobernador a las cortes, en caso de que no hubiera otra opción.

“Como contribuyente de la Florida que no quiere que su dinero de los impuestos vaya a las empresas que hacen negocios con regímenes terroristas, estoy más que dispuesto a demandar al gobernador y al estado de Florida para forzar la aplicación de esta ley”, manifestó Rivera, de acuerdo a un artículo publicado en El Nuevo Herald.

Hay que señalar que entre los legisladores de origen cubano o cubanoamericanos, Rivera es uno de los más consistente en sus posiciones anticastristas. Solo que ese anticastrismo corre paralelo a su irresponsabilidad. Precisamente varias medidas legislativas patrocinadas por Rivera, cuando era legislador en la Florida, fueron impugnadas en las cortes. Por supuesto que los costes legales los tuvo que pagar el estado.

El problema tanto con esta ley firmada por Scott como con el Título III de la Helms Burton es que son medidas obsoletas por definición y origen, que no guardan relación alguna con esta época de comercio globalizado —que por otra parte tanto defienden republicanos como demócratas en Estados Unidos, pero especialmente los republicanos— y resultan muy vulnerables en los tribunales. Lo que el gobernador de la Florida ha intentado es precisamente evitar esas demandas.

El carácter inconstitucional de la ley no es algo nuevo ni en la Florida ni en Miami. Desde que se supo de la aprobación de la ley en el congreso estatal, el principal abogado del condado Miami-Dade, Robert Cuevas, advirtió al Gobierno condal que no la admitiera y objetó su alcance, al indicar precisamente que la legislatura no podía instaurarla hasta que el gobierno federal autorizara a los estados a imponer limitaciones comerciales de adquisición o un tribunal decidiera sobre la constitucionalidad de la medida.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Florida y los dos principales socios comerciales del estado, Brasil y Canadá, advirtieron que esta nueva ley ahuyenta la inversión extranjera y frena la generación de nuevos empleos.

Uno de los problemas con esta ley, es que nunca la prensa de esta ciudad se ha preocupado por señalar el alcance de la medida. En este sentido, desde que era un proyecto en la legislatura estatal se asoció con el gigante brasileño de la construcción Odebrecht y sus proyectos en el sur de la Florida, como la construcción del estadio de la Universidad Internacional de Florida y el plan millonario, que se encuentra bajo revisión, para construir dos hoteles y locales para oficinas y tiendas en el Aeropuerto Internacional de Miami. Odebrecht también tiene a su cargo la ampliación y mejora del puerto del Mariel en Cuba. Así que si una firma brasileña resultaba perjudicada — no importa que su proyecto fuera el mejor, algo que por otra parte tampoco se ha establecido o divulgado— poco iba a cambiar la situación en el sur de la Florida. En otras ocasiones propuestas de sedes para actividades internacionales, deportivas y culturales, proyectos de urbanización y los planes más diversos han sido cancelados ante apenas el temor de que alguna de las partes realizara o hubiera realizado negocios con Cuba.

Sin embargo, en el caso de esta ley las implicaciones son mucho mayores. Para citar un posible ejemplo. Todas las tardes, a las cinco hora local, sale de esta ciudad un avión de la compañía Iberia con destino a Madrid. Es por otra parte un vuelo preferido por los exiliados cubanos, por diversas razones entre las cuales se encuentra atención en su propio idioma y el viejo parentesco entre cubanos y españoles. Iberia, por supuesto, también vuela a Cuba. ¿En que situación quedaría la compañía española si se pone en práctica esta ley? ¿Será acaso que a España le ha caído la maldición de los populismos de izquierda y derecha?

Porque si hay una forma de catalogar esta ley es la de considerarla una medida populista. Mejor sería que nuestros representantes dedicaran su tiempo a enfrentar los graves problemas económicos que enfrenta el estado, pero ellos no están para minucias: su lucha es contra el comunismo, como si fueran una reencarnación de los Halcones Negros, aquellos comics de la época de la guerra fría, ahora convertidos en cómicos del pasado.

Una de las tragedias — lo siento, pero no encuentro una palabra mejor para catalogar el problema— de la política en esta ciudad y desde hace unos años en el estado, es que en muchos casos lo que define el triunfo o el fracaso en las urnas es la rabia anticastrista que demuestre el aspirante.

La lógica es que los políticos sean elegidos de acuerdo a sus potencialidades para ayudar al avance de sus comunidades, el estado o la nación; que en el caso de los legisladores provenientes de determinado grupo étnico o demográfico éstos se preocupen fundamentalmente de lograr que ese grupo al que pertenece logre una mayor integración al país o existan recursos para una asimilación a la nueva sociedad. A ninguna comunidad italiana, alemana, irlandesa o incluso vietnamita en este país se le ha ocurrido tratar de cambiar el gobierno de la nación de la cual salieron. Me refiero a la comunidad en su totalidad, no a un sector de ella, y la de cubanos en Estados Unidos no se limita a un exilio de supuesta militancia anticastrista. Pero en el caso de Miami ocurre un fenómeno que solo tiene puntos de contacto con el cabildeo judío —puntos de contacto y diferencias, pero ese es tema para otro artículo—, en que determinado sector poblacional del país tiene un poder político desproporcionado. Y por supuesto, quienes aspiran a cargos públicos son también “víctimas” de esa especie de Catch 22, que les obliga a destacarse en la esfera anticastrista cuando no lo pueden hacer en otras.

La cuestión aquí no es mostrar un férreo anticastrismo. De lo que se trata es de ocupar la función que le corresponde a una legislatura estatal y no estar siempre aparentando ser nación cuando no se pasa del ámbito provinciano, de los comentarios de esquina y de estar inventando leyes a la medida de unos cuantos. Si bien algunos objetivos le han salido bien a estos legisladores, como son el fabricar distritos a la medida de los candidatos republicanos, otros solo le sirven como propaganda.

En tres ocasiones anteriores los tribunales han echado abajo medidas destinadas a restringir las relaciones de negocios en la Florida con compañías vinculadas a regímenes represivos. Dos de los casos están relacionados específicamente con la Florida y Miami-Dade. No es que nuestros bravos legisladores sean unos férreos opositores al comunismo y el resto del país esté en manos de liberales izquierdosos. Es, sencillamente, que quienes nos representan en el estado de la Florida son unos entrometidos, que se meten en asuntos que nos les corresponde, en lugar de dedicarse a mejorar la educación, crear mecanismos para incentivar el empleo, luchar contra la corrupción y mejorar los sistemas de salud, índices todos en los que la Florida obtiene calificaciones bien bajas.

No es casual que esta ley aparezca en un año electoral. Por una parte evidencia un interés renovado en Miami, que se extiende a toda la Florida, de mantener una política hacia Cuba mucho más rígida que la acordada en Washington. Con un presidente demócrata, los legisladores que responden al sector más fanático del exilio cubano están incrementando sus esfuerzos para sacar a Barack Obama de la Casa Blanca.

El objetivo no solo es una vuelta a las normas establecidas por el Gobierno del ex presidente George W. Bush, sino convertir la política estatal en una avanzada de los objetivos nacionales, en lo que respecta al tratamiento del caso cubano. Esto se ha hecho muy evidente con relación a los viajes a Cuba, el envío de remesas y los llamados “intercambios culturales”, pero no son éstos los únicos aspectos que preocupan a los legisladores republicanos de la Florida. Hay un objetivo primordial de largo alcance: consolidar el poder político en uno de los estados más importantes para las elecciones presidenciales, de forma tal que la política norteamericana hacia la Isla no esté influida solo por la labor de cabildeo y los poderosos contribuyentes cubanoamericanos del sur de la Florida, sino por una maquinaria republicana que puede resultar clave a la hora de elegir al próximo mandatario de la nación más poderosa del planeta.

No hay que olvidar que miembros de este grupo ya desempeñan un importante papel en la confección de la política norteamericana hacia la Isla, al formar parte del cuerpo legislativo federal. El objetivo es continuar ampliando una política que es compartida por una buena parte de los votantes cubanoamericanos con más años en el exilio. En última instancia, lo importante para ellos no es la efectividad de esa política, en lo que se refiere a poner fin al régimen castrista, sino que ésta ejemplifique su influencia política.

Considerar que medidas como esta ley tienen solo que ver con la libertad de Cuba es realmente ingenuo. La demagogia republicana hacia Cuba está en plena campaña. Sin embargo, el gobernador Scott ha tocado un punto clave con el envío de su carta. ¿Hasta dónde llega el poder y las funciones de los estados? La fortaleza de esta nación se debe en gran medida a la respuesta a esta pregunta. Una norma que otorgue las facultades que se atribuye la ley que firmó el gobernador abriría una brecha que posibilitaría, en un futuro hipotético, que Hawai le declarara la guerra al Japón y una compañía de lanzadores de cocos se concentrara en las costas de las islas para preparar el ataque a otra isla. Es de esperar que todavía exista la cordura suficiente en Washington para no hacerle mucho caso a Scott, a los legisladores cubanoamericanos siempre entusiastas y a los fanáticos del exilio histórico o histérico, y lo dejen todo en mano de los tribunales, para ganancia de los abogados.

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