El derecho a escribir

Recientemente se ha difundido la prohibición a los periodistas cubanos a colaborar con medios digitales extranjeros que tienen presencia en la Isla. La medida, de por sí controversial, pone en claro la mala costumbre de nuestros burócratas, el facilismo de prohibir sin solucionar las causas.

Esta decisión, debo reconocer, no me afecta en lo absoluto. No soy periodista, no trabajo en ningún medio oficial cubano y no resido en la Isla, por el momento. Sin embargo, me solidarizo con tantos amigos que se ajustan al perfil. A pesar de que la idea viene circulando desde hace un tiempo y ya era vista llegar, no deja de causar cierto bochorno aún desde la distancia.

La burocracia nuestra, anquilosada y dogmática, sigue apostando a técnicas que no producen la misma efectividad ni se aceptan con la misma obediencia de hace 10 o 20 años. Es incapaz de reconocer los nuevos tiempos y las nuevas dinámicas que un mundo cada vez más globalizado conlleva, y por ende va perdiendo hegemonía entre la sociedad cubana.

No creo necesario argumentar las causas por las cuales cada cual busca una plataforma no oficialista donde exponer su palabra, son tan disimiles como colaboradores hay. Además quienes sufren en carne propia la medida pueden tratar el tema de forma más cercana y vívida. Pero sí quiero exponer mi criterio sobre la libertad que en este caso se está cercenando.

¿Quién es el autor de semejante decisión? ¿En qué disposición jurídica se implementa? ¿Bajo qué facultad administrativa? ¿Qué defensa les asiste a los afectados de esta medida? ¿Quién decide lo que es contrarrevolucionario o no? ¿Bajo qué argumentos? ¿Qué legitimidad tiene un burócrata para decidirlo? ¿Qué peso tiene la opinión de a quienes atañe? Son sólo algunas preguntas pertinentes. Lastimosamente en la historia patria han existido demasiados Torquemada y la cuenta, al parecer, no parece bajar con la impunidad que otorga la meritocracia parcializada.

La medida, basada una vez más en la desconfianza, busca acallar la proliferación de jóvenes profesionales que han encontrado un espacio para dar cauce a ideas y párrafos que no hubiesen podido ver la luz en una prensa nacional, salvo excepciones, de plantillas y alabanzas que pierde audiencia a doble paso entre la población de la Isla.

En la constitución cubana se consagra el derecho a la libertad de prensa con la limitante de que debe ser conforme a los fines de la sociedad socialista. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Cuba es signataria, establece que “este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

La búsqueda de ampliar los derechos humanos para los cubanos no puede cejar bajo la justificación santificada desde las más altas instancias de la Revolución de que ningún país del mundo cumple todos los derechos humanos. Apelar a tal justificación es todo menos revolucionario. No podemos quedarnos conformes con el desgastado discurso de que la Revolución le ha dado salud y educación universal y gratuita a los cubanos residentes en la Isla.

Afortunadamente, los principales dirigentes en cada intervención frente a los directivos de los principales medios de comunicación hacen el mismo reclamo que se hace en las calles: una prensa más dinámica, alejada de estereotipos, con críticas reales y sin la extrema adulación que, para ser honestos, es poco creíble. En fin, una prensa nueva con una mente nueva. Sin embargo el sistema que rige la misma es el mismo corroído de hace años y no cambia. Los directores y principales editores en los medios son los mismos ortodoxos de siempre, ni hablar del jefe del departamento partidista encargado de supervisar la política editorial de los medios nacionales. Mientras no se cambie la maquinaria que rige nuestra prensa, nada cambiará. No es posible exigirle a un perro viejo nuevos trucos.

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