¿Posible inflexión?

Los hombres pueden acelerar o retardar la Historia, pero no subordinarla eternamente a sus intereses, pues tarde o temprano los cambios se imponen. Es el caso de Cuba, donde la historia se ha detenido y ha retrocedido en algunos aspectos. La causa radica en la peculiar forma en que un conjunto de factores geográficos, históricos, políticos y sociales han interactuado. Uno de esos resultados, quizás el más perjudicial, ha sido un grado de estancamiento y de deterioro social que amenaza la existencia de la nación.

Entre los factores causales hay tres que considero fundamentales, dos de ellos de orden interno y uno foráneo: 1) La limitación de los derechos humanos, 2) La ausencia de espacios, instrumentos e instituciones cívicas independientes, y 3) El diferendo entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Estrechamente interrelacionados, los tres conformaron un prolongado y contradictorio proceso donde el factor externo, caracterizado por la lógica de la confrontación, ocupó el centro y desplazó a planos secundarios las contradicciones entre gobierno y sociedad.

Una mirada retrospectiva a nuestra historia arroja luz sobre la estrecha relación entre inmovilismo y diferendo. El proceso de separación de España, iniciado desde mediados del siglo XVIII hasta la contienda independentista de 1895-1898, culminó en la intervención y la ocupación militar de la Isla. En abril de 1898, el Congreso norteamericano aprobó una Resolución Conjunta que declaraba "que el pueblo cubano era y de derecho debía ser libre e independiente", y autorizó al presidente para imponerla por la fuerza. Su ejecución desembocó en el Tratado de París —no entre cubanos y españoles, sino entre españoles y norteamericanos—.

Luego, la República surgida bajo la tutela exterior sufrió múltiples intervenciones civiles y militares, desde el intento de reelección de Tomás Estrada Palma en 1906 hasta el apoyo al gobierno de Fulgencio Batista entre 1952 y 1958. Esos hechos, además de generar frustración, tuvieron un efecto negativo sobre la autoestima de los cubanos y permitieron al movimiento insurreccional de 1953 declararse como continuación del proceso independentista truncado con la intervención norteamericana de 1898.

Con el "triunfo revolucionario" en 1959, en medio de la Guerra Fría, el gobierno cubano inició un programa que, al afectar los intereses geopolíticos de Estados Unidos, se expresó en una carrera de medidas y contramedidas que aún perduran.

En 1960, el presidente de Estados Unidos ordenó la preparación de una fuerza armada de exiliados para invadir la Isla y La Habana respondió con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética e intervino las refinerías de petróleo. El Congreso norteamericano facultó al presidente para rebajar la cuota azucarera y el Consejo de Ministros de la Isla concedió poderes excepcionales al presidente y al primer ministro para nacionalizar las empresas norteamericanas.

Estados Unidos redujo 700.000 toneladas de la cuota de azúcar cubano y Nikita Jrushov anunció la compra de esa azúcar. Fidel Castro nacionalizó la mayoría de las empresas norteamericanas radicadas en el país y la OEA condenó al gobierno cubano, mientras el gobierno estadounidense decretaba el embargo comercial.

En 1961 Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba y en abril apadrinó el desembarco por Bahía de Cochinos, mientras Fidel Castro, que ya había proclamado el cumplimiento del Programa del Moncada, declaró el "carácter socialista de la revolución". En 1962, el presidente Kennedy ordenó el bloqueo naval en respuesta a la instalación de cohetes soviéticos en la Isla, dando origen a la Crisis de Octubre, que colocó al mundo al borde de una guerra nuclear.

En 1992, el Congreso norteamericano aprobó la Ley Torricelli y en 1996 la Ley Helms-Burton para endurecer el embargo. En octubre de 2003 el presidente George Bush anunció la creación de la "Comisión de Ayuda a una Cuba Libre", encargada de propiciar la transición democrática en la Isla y al año siguiente hizo público un plan para "acelerar la transición hacia la democracia en Cuba". Y en octubre de 2006 se anunció la creación del Fondo para la Libertad. Medidas todas contrarias a las normas de las relaciones internacionales y, por tanto, ilegítimas en materia de derecho internacional.

El primer paso

Todas esas medidas, neutralizadas por el discurso gubernamental en defensa de la soberanía nacional y facilitadas por el monopolio estatal sobre los medios de divulgación, sirvieron para solapar los problemas internos, justificar la ausencia de derechos, libertades y espacios cívicos en la Isla y consolidar el inmovilismo.

Gracias a la estrecha relación entre el diferendo y los factores internos, la reciente elección del demócrata Barack Obama como presidente de Estados Unidos, con una plataforma de cambios que incluye la política hacia Cuba, podría debilitar y/o romper el inmovilismo gubernamental, cuyo principal argumento ha sido y sigue siendo la amenaza exterior. Ello propiciaría un ambiente favorable para iniciar transformaciones en materia de derechos y libertades ciudadanas y con ello coadyuvar a la emergencia de la sociedad civil. Agotado el capítulo de ganadores y perdedores, una nueva política norteamericana hacia Cuba podría ser una gran oportunidad para pasar página y entrar al capítulo del diálogo crítico.

Las bases para el inicio de ese diálogo están, de la parte cubana, en una declaración de Raúl Castro el 8 de agosto de 2006, cuando en una entrevista al diario Granma manifestó la disposición de normalizar las relaciones con Estados Unidos en un plano de igualdad, y en los planteamientos del propio Obama durante la campaña electoral, acerca de eliminar las restricciones a los viajes y las remesas de los cubanos residentes en Estados Unidos, así como la disposición de cerrar la cárcel dentro de las instalaciones de la Base Naval de Guantánamo.

Aunque las exigencias de las partes sean más o menos las mismas de siempre, la diferencia en el escenario —posible abandono de la política confrontacional del gobierno norteamericano e imposibilidad de los gobernantes cubanos de conservar el inmovilismo una vez huérfanos del principal argumento— podría arrojar resultados positivos para ambas partes.

Para ello, como primer paso, Estados Unidos debería renunciar al intento de desempeñar la función de agente de los cambios en la Isla, tanto por su carácter ilegítimo como por la subestimación de los cubanos. Mientras La Habana debería ratificar e implementar los Pactos de Derechos Humanos firmados en el mes de febrero, porque los mismos constituyen el fundamento de la participación ciudadana y su ausencia ha hecho que la sociedad retroceda a la época anterior al Pacto del Zanjón, en 1878, cuando España concedió a Cuba la libertad de prensa, asociación y reunión, entre otras.

© cubaencuentro.com