Reja y candado

Vimos el alboroto que se formó antes de que finalizara el año cuando Raúl Castro no dio respuesta al enorme dilema que tiene de terminar de una vez con la injusta y arbitraria ley que prohíbe la entrada y salida del país a los cubanos sin autorización del Gobierno. Ahora vuelve a resurgir la cuestión por boca de varios dirigentes del Gobierno cubano de que “ahora sí viene”.

Los orígenes de esta ley —según recuerdo de argumentos oficiales— se fundamentaban en evitar la fuga de cerebros, y en especial, para evitar que ciudadanos cubanos, a los cuales el Estado les proporcionaba gratuitamente una carrera universitaria costosísima, se graduaran y después abandonaran el país para asentarse en otras naciones donde les fueran mejor remunerados sus conocimientos.

El procedimiento más fácil de utilizar fue el del candado en la reja, en lugar de estudiar y aplicar métodos que surtieran efectos similares. Procedimientos que, con el empleo de diferentes métodos se logra que las personas paguen sus deudas, observen las leyes y en sentido general se comporten de acuerdos a las reglas que rigen la convivencia civilizada y segura de las personas en un Estado donde exista el derecho y la protección de los ciudadanos.

En este sentido vemos que en la mayoría de los países desarrollados el control del asentamiento entre regiones y ciudades se realiza no imponiéndoles un pasaporte o permiso nacional, ni montándolos en un autobús llevándolos de regreso a su lugar de origen, sino simplemente dejándole esta tarea a las leyes del mercado que encarecen los costos de la vida en los lugares más demandados y los reducen en aquellos menos apetecibles.

A la ciudad de Hoboken en New Jersey la separa de Manhattan en New York solamente el Río Hudson, sin embargo un apartamento con las mismas dimensiones cuesta el doble y hasta el triple al cruzar esa distancia de 15 minutos en el tren subterráneo. Por el estilo sucede con el resto de los servicios que se prestan en ambas ciudades. Valga mencionar que a través de los seguros tanto de automóviles como de salud y otras coberturas, mientras mas consciente es el ciudadano en el cumplimento de la ley y la convivencia civilizada menos se le afectará el bolsillo.

La única explicación posible para que después de más de medio siglo los comunistas cubanos no hayan aprendido la lección que les dejó Carlos Marx de que el hombre piensa como vive y no a la inversa demuestra a las claras que jamás le interesaron esas teorías.

Retomemos el tema de “la fuga de cerebros”. En muchos países capitalistas las carreras universitarias se financian parcialmente a bajos intereses en algunos casos y en otros, para estudiantes brillantes o con garantías colaterales aprobadas por los bancos, el financiamiento puede ser completo.

Esos profesionales están en la obligación de amortizar la deuda contraída. De no hacerlo, sufrirían las consecuencias de diferentes mecanismos financieros que les afectaría el récord crediticio con todas las complicaciones que trae aparejado. La persona puede entrar y salir de su país cada vez que lo desee sin ninguna limitación como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero sabe que si delinque en su deuda, esto le perseguirá como un fantasma donde quiera que resida.

El problema que confrontan los gobernantes cubanos radica en que la organización actual de su sistema económico choca con la ausencia de mecanismos que le permitan sustituir la imposición de la reja y el candado por otros mecanismos como los enumerados anteriormente que ofrezcan similares resultados. La tarea no es nada fácil pero tampoco imposible.

Sin vencer este obstáculo difícilmente el Gobierno cubano podrá mejorar la imagen de Cuba ante el mundo. No se puede cambiar una percepción cuando se continúan violando groseramente los derechos de cualquier ser humano. Además de que refleja a toda la nación la ilegalidad de los gobernantes al violar flagrantemente la propia Constitución “Socialista” creada para respaldar de alguna manera los disparates de un sistema fracasado. Un sistema que no se ha agotado como lo han querido disfrazar, sino que jamás ha funcionado.

Para evitar esta incongruencia tienen que crear mecanismos de mercado, pero si los crean, entonces no pueden hablar más de “actualización” del modelo económico socialista, y si no los crean siguen en la situación de violar la Constitución al exigir trámites y pagos por una doble ciudadanía no reconocida en la ley fundamental de la República.

Por lo tanto el Gobierno cubano está incurriendo en el delito de estafa prescrito en el artículo 334 del código penal vigente. Y que de acuerdo a los incisos 2 y 3 pueden incurrir en las sanciones siguientes:

2. Si el culpable, para la ejecución del hecho, se aprovecha de las funciones inherentes al cargo, empleo, ocupación u oficio que desempeña en una entidad económica estatal, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años.
3. Si por el delito el culpable obtiene un beneficio de considerable valor, o si la víctima sufre un grave perjuicio en sus bienes, o el hecho se realiza por uno o más individuos actuando como miembros de un grupo organizado, la sanción es de privación de libertad de cuatro a diez años.

Es decir, el Gobierno cubano al cobrar enormes cantidades de dinero por una doble ciudadanía proscrita en la carta magna le correspondería de dos a cinco años de prisión. Y si además son militantes del Partido —como lo son todos— hay que sumarles 10 años extra de encierro como contempla el inciso 3 del artículo 334 del Código Penal cuando el delito es cometido por: individuos actuando como miembros de un grupo organizado.

Los que se oponen a los cambios probablemente argumentaran que si se financian las carreras entonces no podrán hablar más de enseñanza gratuita.

No necesariamente tiene que ser así. Si el vicepresidente Marino Murillo es tan buen economista como dicen, debe saber que no resulta tan complicado hacer un estudio del valor de las carreras ofrecidas por los centros de enseñanza superior y en base a ese valor calculado establecer diferentes formas de amortización para los que decidan recibir esos beneficios.

Pero optan por adoptar completamente los mecanismos de mercado que facilitan estos procedimientos o seguirán corriendo con el dolor que más duele mientras más se corre y revientan si se detienen.

Además de este argumento, la razón esencial de que se implantaran semejantes medidas respondió como ocurrió en todos los regímenes totalitarios de Europa del este, a la implantación del concepto Leninista sobre la Dictadura del Proletariado para poder aplastar a la burguesía. Idea totalmente aberrada y contraria a las propias teorías de Marx.

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