El Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza la libertad de movimiento y residencia dentro de un país, y el derecho de entrar y salir del país de origen. El Artículo 22 declara como derecho el libre albedrío social, cultural y económico, "indispensable para la dignidad del ser humano y el desarrollo libre de su personalidad". El Artículo 23 sienta el derecho del trabajador a un trabajo remunerado que garantice una existencia digna al individuo y a su familia, y el Artículo 25 habla del derecho de la persona a un estándar de vida adecuado para su salud y bienestar.
En Cuba esos derechos se violan desde hace 40 años. Es precisamente por la asfixia política y económica en que el régimen obliga a vivir a sus ciudadanos que los cubanos buscan escapar del "paraíso socialista". Quizás el callejón sin salida nacional es lo que lleva a algunas cubanas a quitarse la vida. Según un estudio realizado por las sociólogas Maida Donate y Zoila Macías, publicado en 1998, Cuba está entre los cinco países con la tasa más alta de suicidios en el mundo, y es el primero en América Latina.
En Cuba, los problemas con la familia y los conflictos con la pareja son relevantes en la conducta suicida. El mayor riesgo lo enfrentan las mujeres jóvenes, las casadas, las amas de casa, y aquellas que atraviesan un embarazo precoz y maternidad a temprana edad. En Cuba, el suicidio es la tercera causa de muerte en la población femenina de entre 15 y 49 años. El suicidio es infrecuente entre las mujeres cubanas fuera de la Isla. La comparación se explica por sí misma.
Pero no sólo el suicidio brinda un escape. Siempre está la opción del mar. Los departamentos de inmigración de Cuba y Estados Unidos concuerdan en que tres de cada cuatro balseros mueren ahogados en el Estrecho de la Florida en su intento de huir de la Isla y llegar al norteño país. O sea, que de cada cuatro balseros, sólo uno llega. Del millón y medio de cubanos que ha llegado a EE UU entre 1959 y 1996, unos 75.000 lo hicieron en balsa y el 29% (21.750) eran mujeres. Si aplicamos la fórmula, entonces 225.000 cubanos han perecido en el mar, y si la proporción hombre-mujer es una constante, 65.000 de esos balseros eran mujeres.
La balsera náufraga más conocida es, sin duda, Elizabeth Broton, la madre del niño Elián González. Elizabeth pereció en la travesía, al igual que los otros miembros de la familia que emigraban en aquella balsa que, al ser descubierta en el mar, sólo contenía un niñito dormido. Pero antes de Elizabeth, muchas otras madres perdieron la vida en el intento. Quién no recuerda la balsa que llegó a costas de la Florida con el otro niño solitario junto al cadáver de su madre, o la espeluznante historia del naufragio en Cayo Perro, donde dos hermanitas murieron de sed y sus cadáveres tuvieron que ser abandonados sobre los arrecifes, malamente cubiertos con piedras.
Por último, están las mujeres a quienes el Estado socialista les impide la salida legal del país, a pesar de tenerlo todo en orden para abandonar el territorio. Estas mujeres son las rehenes de Castro. Entre ellas hay docenas de médicas, dentistas y enfermeras, a quienes se les impide la salida por razones puramente arbitrarias que implementa el Ministerio de Salud Pública. Para que el gobierno cubano le tramite a un especialista de la salud su permiso de salida, tiene que esperar cinco años desde el día en que lo solicita. Cinco años de trabajo, marcada la persona como desafecta, lo que hace de ella un paria.
Y están las rehenes sin remedio. Ese es el caso de la Dra. Hilda Molina Morejón, eminente científica, fundadora del Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, y célebre oficialista hasta el día en que se negó al rejuego del turismo de salud: brindar asistencia médica preferencial a pacientes extranjeros portadores de dólares. Fundó el Colegio Médico Independiente de Cuba, organización disidente dedicada a denunciar los desmanes de Salud Pública y el nuevo apartheid médico. Cuando en 1994 solicitó salir del país para visitar a su hijo y a su nieto, este último recién nacido en Argentina, el permiso le fue negado, porque, según las autoridades, sus conocimientos científicos adquiridos en Cuba son patrimonio nacional y asunto de seguridad.
Igual sucede con las mujeres de la familia Cohen. En 1994. José Cohen desertó del gobierno de Cuba, donde hasta ese momento era parte de los servicios de inteligencia. El gobierno tomó represalias contra su familia, como lo hace con todas las familias de a quienes considera traidores y desertores, incluyendo los médicos que piden asilo político en países donde cumplen misión internacionalista.
En Cuba quedaron Daisy Valdés de Cohen, su madre de 65 años; su esposa Lázara Brito González, y sus hijas Yanelis y Yamila, de 19 y 16 años, respectivamente. (Isaac Cohen, su padre, y su hijo menor también sufren las represalias). A los Cohen, judíos practicantes, se les ha vedado el derecho al trabajo y a los estudios. Hace siete años que la familia tiene visa para emigrar a Estados Unidos, pero el gobierno cubano no se lo permite.
Amnistía Internacional declaró hace más de 10 años que las mujeres tienen derecho a sus derechos inalienables y a no sufrir represalias por los actos políticos de los miembros de su familia. Ya sabemos lo que hace el gobierno de Cuba con todos esos documentos. |
