Si como dicen el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, los comisionados del condado Miami-Dade se caracterizan además por correr a chocar con el pedrusco golpeado con zapato ajeno.

Curiosos los extremos: los discursos de Miami y La Habana coinciden en un tema.

La Comisión del Condado Miami-Dade acordó unánimemente pedir al Congreso que revise la Ley de Ajuste Cubano (CAA), una ley federal de 1966 que permite a los cubanos, a diferencia de cualquier otro extranjero, solicitar la residencia en Estados Unidos un año y un día después de su llegada.

“Lo extraño es que solamente una nacionalidad en el mundo reciba un tratamiento preferente, un tratamiento excepcional que ningún otro ciudadano del mundo recibe”, señaló Josefina Vidal, directora de Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, al referirse a la CAA. La funcionaria, que encabezó la delegación de la Isla en el recién concluido encuentro entre Cuba y Estados Unidos, insistió en que la ley iba en contra “de la letra” de los acuerdos migratorios firmados en 1994.

Desde hace años el régimen de La Habana viene pidiendo la derogación de la ley. Ahora especifican además que el gobierno del presidente Barack Obama tiene “potestad para pronunciarse sobre cómo se pone en práctica la medida”, lo cual es cierto.

De entrada llama la atención que en La Habana conozcan mejor la ley que en Miami-Dade. Y no por falta de explicaciones. Ramón Mestre publicó el 18 de este mes en El Nuevo Herald, un artículo breve, claro y profundo donde explica la medida. Pensé que luego del trabajo de Mestre quedaban aclaradas todas las dudas sobre “el ajuste”. Me equivoqué. Sólo me queda el triste consuelo de saber que los comisionados de Miami-Dade están aún más equivocados, y que al parecer no se han leído la ley. Para un funcionario público, desconocer una ley que quiere cambiar es algo grave.

El problema de La Habana es diferente: sabe pero manipula. Volvió a colocar sobre el tapete de las conversaciones migratorias el tema de la CAA —lo hace siempre— por conveniencia política e hipocresía. En las condiciones actuales, la medida favorece económicamente al régimen. Pero además, si quisiera resolver este asunto, comenzaría por admitir la repatriación y aceptando los miles de cubanos “deportables” que viven en este país y Cuba no admite su regreso.

Para la comisión de Miami-Dade, lo que se quisiera es convertir a la CAA en un instrumento político, que lo es en su origen pero no en sus resultados. La ley nació a consecuencia de un gobierno dictatorial en Cuba, pero no es un medio para pedir asilo político.

Así que nadie “abusa” de la ley cuando viaja a Cuba, luego de obtener la residencia, o enviando dinero a la Isla. Tampoco es culpa de la CAA si hay estafas al Medicare, que por cierto han existido desde mucho antes que los ahora llamados “inmigrantes económicos” comenzaran a llegar. Mucho menos que la norma es aprovechada por Fidel y Raúl Castro “para animar a los disidentes a abandonar la Isla y dejar de ser una amenaza política”, como afirma el comisionado Bruno Barreiro.

Quizá lo que más llama la atención en este nuevo sainete local es la desproporción entre la realidad y el deseo. La comisión no tiene autoridad sobre la política exterior del país. Lo sabe y persiste. No es amor al ridículo. Tampoco que disfrutar del calor tropical —mientras en otros estados hay fuertes nevadas— encienda particularmente la sangre. Mucho menos un patriotismo trasnochado.

Quizá sea que hay una especie de delirio de grandeza en forma de virus, trasmitido desde los Everglades, que a cada rato ataca a ciertos políticos locales: de pronto parece que Hialeah o la propia Miami aspiran a convertirse en algo así como una moderna ciudad-Estado —rodeada de mar, pantanos y centros comerciales por todas partes— con aspiraciones extraterritoriales (por suerte, aún a nadie le ha dado por crear un ejército o formar milicias). Pero no hay que perder tiempo con explicaciones rebuscadas.

El asunto es más simple: cuestión de urnas, y no precisamente funerarias o religiosas.

Los codiciados votos pueden llegar de dos vías. Por una parte aprobando una petición que no implica grandes planes, cuentas a rendir o necesidad de un resultado tangible. Cientos de votantes se sentirán satisfechos con este pedido —desde el punto de vista emocional— y sabrán una vez más que los políticos que eligieron comparten sus puntos de vista y están dispuestos a que sus voces se escuchen en Washington. De esta manera, los comisionados ponen otro grano de arena para la reelección, aunque no lo dediquen a construir casas, caminos y escuelas. Pero además, un cambio de la ley que aleje el proceso de naturalización de estos nuevos inmigrantes también podría alejar el peligro de nuevos electores, que no votaran precisamente por ellos.

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