La Asamblea Constituyente de Ecuador, encargada de redactar una nueva Carta Magna, va demostrando su audacia en materia de demoliciones.

El denominado Mandato 8 prohíbe casi en su totalidad la "tercerización", es decir, las subcontrataciones en varios supuestos. Un golpe en toda regla contra el funcionamiento del capitalismo más simple.

Hablar sobre economía a veces es tedioso, pero inevitable. Cuando se intenta defender al trabajador desde posiciones monopólicas de Estado, el resultado es previsiblemente desastroso. Con defensores así no se necesitan enemigos.

El asunto de las subcontrataciones es polémico. En algunos países las empresas abusan tanto de las mismas que finalmente el empleado recibe un salario miserable, con escasísimas protecciones y seguros, y peor estabilidad, simplemente porque el dinero "se pierde" en el camino. Recursos monetarios que, muchas veces, las grandes empresas prefieren ahorrarse en asuntos de prestaciones y seguridad social.

En España, hace poco más de un año, fueron famosos los casos de subcontrataciones —de hasta tres niveles— para el soterramiento de la más famosa circunvalación (la M-30) de Madrid. Las empresas ganadoras de la concesión contrataron a otras, y éstas a la vez a otras más. No para labores complementarias precisamente, sino para la principal objeto de la licitación. ¿El resultado? Un obrero-final mal pagado y puteado.

Para no buscar soluciones justas e intermedias, favorables a todas las partes, la Constituyente ecuatoriana elimina de tajo la "tercerización" sin tener en cuenta las pérdidas que la medida ocasionará a muchas empresas. Supuestamente intentando proteger a los obreros, Quito está propiciando un clima de abaratamiento masivo de costes por parte de las patronales, cuyo aspecto más terrible será la caída en picada de la generación de empleo.

Una disposición transitoria del Mandato 8 permite, sin embargo, subcontrataciones en tareas de "vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, siempre que sean ajenas a la actividad principal de la usuaria". ¿Qué futuro les espera a las agencias de trabajo temporal?

Lo más preocupante es lo de siempre, cuestión de leyes y de trampas: el Estado ecuatoriano se reserva derechos que, en lo adelante, prohíbe a sociedades privadas. La disposición general primera establece la gracia para "empresas del sector estratégico público". Papá Estado, la mayor concentración de recursos materiales y humanos, sí puede tercerizar sin problemas, crear ejércitos de subcontratados para engordar la administración, fomentar el clientelismo y pagar favores.

De momento, los analistas hablan del varapalo que significa el mandato constituyente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el alma del tejido empresarial de cualquier país, precisamente por su dinamismo en la generación de empleo a nivel local.

Lo que hoy pasa en Ecuador, de la mano del inefable Rafael Correa, recuerda, salvando las distancias, los avatares de mi querida ciudad natal, Santiago, en los primeros años ochenta, cuando las autoridades quisieron remediar la mala calidad del prú oriental de la manera más radical posible: eliminando la popular y refrescante bebida.

Participé esta semana en el Tercer Congreso Internacional de Periodismo en la Red y Blogs, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid. Entre lo más interesante, las conferencias de Jean François Fogel, asesor ejecutivo del diario Le Monde; José Luis Orihuela, profesor de la Universidad de Navarra, y de Gumersindo Lafuente, director del diario digital Soitu.es.

A propósito, el profesor Orihuela, una autoridad del tema en España, me dijo en un aparte: "¿Ah, tú eres cubano? Yo sigo mucho a Yoani Sánchez. Me parece muy bien lo que hace".

¿El quinto poder?

En uno de los paneles del Congreso, una periodista venezolana disertó sobre el "gobierno electrónico" en su país (portales de los ministerios, solución de problemas a través de la Red, etc.). Apoyó su tesis en el "quinto poder ciudadano" del cual habla Ignacio Ramonet, quien supuestamente ensalza el movimiento bloguero y la democratización de la información a partir de las nuevas tecnologías.

Al finalizar su exposición, le expliqué que Ramonet no era una fuente confiable para sustentar su teoría, porque el periodista hispano-francés no era coherente en la aplicación de la misma. "En Cuba, Ramonet defiende el mantenimiento del sistema actual, que implica el férreo control de los medios por el Estado y la represión de las alternativas posibles", le dije. "Lo que pasa es que yo amo a Ramonet", fue su respuesta. "¿De qué quinto poder ciudadano estamos hablando? ¿Es seria una teoría que sólo sirve a los fines de una parte frente a la otra?", insistí.

Terminó nuestra conversación. Una estudiante venezolana de la Complutense se acercó para advertirme: "Si le haces esa pregunta a alguien que lleva un pañuelo rojo al cuello, no te va a responder de otra forma". Efectivamente, lo llevaba. No había reparado en ello.

Recordé la historia hoy, cuando leía dos artículos sobre la prensa cubana. El primero de ellos lleva la firma de Ramonet. Es originalmente de marzo, publicado por Le Monde Diplomatique y reproducido en Kaos en la Red. Se titula "Fidel del Primer al Cuarto Poder".

He aquí una de sus perlas: "Los periodistas que, estos últimos días, se han alegrado con estruendo de su 'retirada definitiva' [la de Fidel], han simulado olvidar la influencia que ejercen los medios de comunicación sobre la opinión pública. En el mundo de hoy, el cuarto poder tiene a veces más poder que el primero".

La defensa consciente de un cuarto poder unipersonal y omnímodo sí es un concepto acorde con el pensamiento de Ramonet, y no el que le atribuye la venezolana chavista. Si en Cuba la prensa tradicional es monolítica y el hispano-francés defiende que así sea, ¿de qué quinto poder ciudadano hablamos?

Medem, avance de un libro

Leo este domingo otro artículo sobre el tema en el diario español Público. Se titula "Cuba: 'La hora de los mameyes'". Lo firma José Manuel Martín Medem, ex corresponsal de Televisión Española en La Habana.

A pesar del habitual camaleonismo de Medem sobre el castrismo, debo reconocer que este es uno de sus artículos más críticos con el sistema. Hay que leerlo, sin dejar de lado que su autor es simpatizante —o militante— del Partido Comunista de España y habitual látigo de la disidencia cubana.

Sobre Granma, dice Medem: "Seis años después, sólo ha cambiado el director: Lázaro Barredo, formado por la Seguridad del Estado y cuya fragilidad profesional se comenta incluso entre sus compañeros de la Mesa Redonda de la televisión cubana".

El País, el diario español de mayor circulación, publicará este viernes 18 de abril un reportaje sobre la "eliminación del permiso de salida de Cuba".

Según el avance de la portada del viernes, colgado en la web del periódico al filo de la doce de la noche, hora central europea, La Habana eliminará "en breve el permiso de salida y la necesidad de contar con una invitación para viajar fuera del país. Habrá excepciones para los médicos y otros colectivos, como los universitarios recién graduados, los militares y los miembros del Ministerio del Interior...".

La nota de portada hace un llamado a la página 2, que aún no ha sido publicada on line. Habrá que esperar la ampliación para valorar el calado de la medida. ¿Cómo recuperará el gobierno los 300 euros que cuestan, en total, la "carta blanca" y la de invitación? Buena pregunta les dejo de tarea.

Leo un cable de DPA, la agencia alemana de prensa, que afirma que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado a los presidentes aferrados al poder porque "ponen en riesgo la democracia". Verde y con puntas… guanábana.

"Ocho años en la Presidencia de un país es tiempo suficiente para concretar un programa de gobierno. Estoy en contra del tercer mandato, porque la democracia es un valor inconmensurable con el cual no podemos jugar, y en segundo lugar porque la alternancia en el poder es sana para el país", agregó Lula.

En una primera lectura, sus declaraciones son de consumo interno: intentan disipar toda duda sobre una presunta reforma constitucional insinuada por algunos de sus partidarios.

En el subtexto, el mensaje va dirigido a su más poderoso vecino sudamericano. No es la primera vez que Lula utiliza este tipo de subterfugios para cuestionar la sed de poder de Hugo Chávez; sobre todo desde que el antiguo sindicalista renunció a ejercer el liderazgo que, como potencia geográfica y económica, le corresponde a Brasil.

No obstante, es de agradecer que Lula da Silva —que ha gestionado su país con bastante acierto, olvidándose del rupturismo de sus años mozos— ponga algo de cordura en el debate reeleccionario continental, que además no viene sólo desde la izquierda.

Con todos sus éxitos en materia de "seguridad democrática", intranquiliza el silencio del presidente colombiano, Álvaro Uribe. Sus correligionarios quieren una reforma constitucional —otra más— que le permita presentarse por tercera vez consecutiva a la primera magistratura.

Esta vez, desde la derecha, se arguyen los mismos conceptos utilizados por Chávez para justificar sus anhelos ("Este proyecto no está concluido… hace falta un hombre fuerte para evitar…"); lo que demuestra la inmadurez de una región en la que los personajes cuentan más que las ideas, los programas y los partidos.

Las excepciones confirman la regla. Tabaré Vázquez, que ha gobernado el Uruguay con mucho tino y abandonará el poder en octubre de 2009, tiene un respaldo del 56 por ciento de la población y su popularidad se sitúa en el 55 por ciento, según una encuesta privada de la empresa Cifra.

A pesar de la brutal presión de su partido, el variopinto Frente Amplio, Vázquez ya ha dejado claro que no modificará la carta magna para presentarse el año que viene.

Otro que lo tiene claro es el socialdemócrata Óscar Arias, presidente de Costa Rica. La semana pasada dijo que hará todo lo posible para que una mujer le sustituya en el cargo a partir de 2010.

Arias es el gobernante centroamericano mejor calificado por los ciudadanos, según una encuesta de marzo realizada por Gallup. Daniel Ortega, de Nicaragua, el peor.

El Comité Olímpico Internacional (COI) está buscando "botar el sofá", para decirlo en lenguaje popular cubano. Si grupos pro derechos humanos han intentado apagar la llama olímpica —en protesta por la represión en el Tíbet—, la solución salomónica que tantea el COI es la modificación del trazado de la antorcha, e incluso, para futuros juegos, circunscribirlo al territorio del país anfitrión.

Los culpables del deterioro del espíritu olímpico no son quienes protestan, como pueden, por las violaciones de los derechos humanos, sino los que otorgaron la sede de las Olimpiadas a los violadores. Es demencial pedir a las víctimas que aplacen sus reclamos en nombre de tal espíritu, o que no mezclen sus anhelos políticos con la realización de los juegos.

A través de la historia, nunca unas Olimpiadas transcurrieron sin polémica, cuando fueron sede países conflictivos, y en momentos susceptibles. En tiempos de internet y móviles, el efecto de las protestas globales se multiplica. La gran operación de relaciones públicas que planeaba Pekín con los juegos, ha resultado ser un fiasco para el régimen.

Ante la tibieza de gobiernos comercialmente atados a China, empezando por Estados Unidos, la sociedad civil ha hecho lo suyo. No debería repetirse el boicot deportivo visto en Moscú '80, Los Ángeles '84 y Seúl '88, pero sí es viable el boicot político. Salvo que China desee ambas cosas.

¿Por qué tienen que asistir reyes, presidentes y primeros ministros a la ceremonia de apertura, si Pekín no da muestras de querer dialogar con el Dalai Lama?

El apaciguamiento, como apuesta política, ha vuelto a fracasar. Otorgar la sede de los Juegos a la dictadura más grande del mundo no ha servido para mejorar la situación de los chinos, por más que hayan incluido en su Constitución "el respeto a los derechos humanos".

El mal está consumado; pero todavía deportistas, periodistas y demás asistentes a los juegos de verano pueden solidarizarse con los chinos usando a tope su libertad de expresión. Y que el COI tome nota sobre su política de otorgamiento de sedes. Si esta vez ha flaqueado el espíritu olímpico, el organismo también debe asumir sus culpas.

En lo personal, me interesa un bledo si se suspenden cuatro carreras o tres patadas a un balón. Lo que de verdad importa son los crímenes de Estado que han dejado decenas de muertos, y la vida del Tíbet reprimido.