La crisis permanente

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Elizabeth Burgos

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19/12/2007 6:00

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18/12/2007 16:09

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Bolivia

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Radicalización y violencia: El gobierno viola las normas para intentar aprobar la Constitución, y la oposición más rebelde llama a la desobediencia civil.

En su punto más álgido está la polarización desatada en Bolivia por la aprobación del texto de la nueva Constitución que, atendiendo a la ola doctrinaria puesta en boga en el continente por el movimiento pardo-rojo que se autodenomina bolivariano, persigue rehacer la historia poniéndola a la hora cero a partir de la "refundación de un nuevo país".

Amplios sectores de la población se oponen al nuevo texto, en particular seis de las nueve regiones que integran el territorio boliviano: Pando, Cochabamba, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Las más prósperas del país andino, puesto que representan el 80% de la riqueza (hidrocarburos y agroalimentación) y consideran que la manera como fue votado el texto, sin participación de la oposición, vulnera todo principio democrático y legal.

La diatriba abarca cuestiones de tipo legal, pero igualmente, y en particular, la manera cómo es abordada la cuestión étnica y cultural en el proyecto de "refundación". La situación de enfrentamiento ha alcanzado grados de exacerbación. Los sectores más radicales de ambos bandos, han desembocado en actitudes de corte racista, lo que opone un serio problema a la oposición democrática y a la de izquierda que, si bien se opone a las tendencias antidemocráticas del oficialismo, comparte la necesidad de poner al día la agenda político-social que atañe a los sectores indígenas.

En varias ocasiones, la sangre ha corrido en Cochabamba y Sucre en el curso de violentos enfrentamientos entre estudiantes y habitantes de la ciudad, y la policía y partidarios del gobierno, con un saldo de varios muertos y centenares de heridos. Es interesante subrayar que los opositores critican, en particular, la manera cómo fue aprobado el principio de la futura Constitución Política del Estado, de manera casi clandestina. Primero en la sede del Liceo Militar de la Glorieta, en Sucre, en ausencia de los constituyentes de la oposición, que demostraron así su rechazo; sin lectura previa de los artículos ni someter a debate el texto ante la opinión pública.

Faltaba la aprobación del texto constitucional mismo, para luego someterlo a votación mediante referéndum, hecho que el gobierno logró el pasado 8 de diciembre en la ciudad de Oruro, amparado bajo el mismo escenario. El gobierno desarrolló una estrategia de desinformación para ocultar el lugar y la ciudad donde iba a celebrarse la reunión de los parlamentarios que procederían a la aprobación, a la vez que indujo un operativo de movilización de sus bases, destinado a disuadir la presencia de representantes de la oposición, que de todas maneras habían decidido no asistir para no avalar el acto que consideraban ilegal.

En una demostración de la técnica de golpe de Estado permanente contra las instituciones, el gobierno había logrado el quórum en el Congreso para obtener el recorte de los ingresos que perciben las prefecturas por concepto del "Impuesto Directo de Hidrocarburos", con el objeto de debilitar las regiones opositoras. Esto significa que las mismas pierden su autonomía presupuestaria volviéndose dependientes del Estado central, con el objeto de poner término a las autonomías. De lo que se trata, al igual que en Venezuela, es del acaparamiento de todo el poder por el Estado central.

El pretexto del recorte presupuestario, en el mejor estilo populista, es invertir ese impuesto en la Ley Universal de la Vejez, haciendo ver que las provincias contestatarias se oponen a la medida. Los gobiernos autonómicos no se oponen, sino que consideran que los medios para financiarla deben salir del presupuesto del Estado y no del presupuesto de las autonomías. El quórum y el resultado de la votación se lograron gracias a que una concentración de campesinos y de Ponchos Rojos, las milicias indígenas armadas de Evo Morales, impidió la entrada de diputados y congresistas de la oposición.

Dos modelos que chocan

La tensión llegó a tal extremo —tras la aprobación del texto constitucional en Oruro— que desató el repudio de los sectores democráticos y autonomistas, que lo ven como una artimaña constitucional mediante la cual se permite la reelección indefinida del presidente y el vicepresidente. Esto demuestra ante la oposición que se trata de un "proyecto constitucional que es más del MAS que del país".

El prefecto de Santa Cruz lo considera "un manifiesto partidario (…) que atenta contra la unidad nacional" y es "racista y excluyente". "Se trata de una institucionalidad orientada a producir una concentración de poder en una persona, en un partido y en un gobierno central", apuntó por su parte el analista Carlos Cordero.

Según algunos constitucionalistas, dos modelos de Estado chocan en el proyecto de la nueva Constitución Política: por un lado, un modelo indígena comunitario que está presente en todo el proyecto y expresa la doctrina del partido que está en el poder; y por otro, un modelo occidental-liberal, que es el del texto constituyente aún vigente. La presencia de ambos modelos no debería ser objeto de litigio a condición de que fuesen complementarios. Pero en los hechos no sucede, sobre todo en lo referido a la justicia comunitaria y la formal.

El episodio de los perros degollados en Achacachi, delante de las cámaras de televisión, por un grupo de "Ponchos Rojos", para simbolizar la suerte que correrían los prefectos de las provincias opositoras, es un ejemplo de justicia comunitaria que se aplicaría a los enemigos. Igualmente, los tipos de autonomía —municipal, indígena, departamental y regional— contemplados por el nuevo texto constitucional.

En declaraciones al diario La Razón, el constitucionalista Carlos Alarcón consideró que esta sobreposición de modelos generará un país paralizado, inmerso en una guerra de interpretaciones del texto y cada parte tirando hacia su lado: "Algo así como un automóvil con dos motores: con uno se intenta avanzar y con el otro retroceder". El mismo constitucionalista apunta que ambas visiones podrían conjugarse si se anteponen los valores universales que garantizan la unidad del Estado y se ubican en segundo plano los valores que hacen la diversidad. Desafortunadamente no está contemplado así.

Inspirado en Venezuela

Independientemente de las cuestiones de tipo étnico-cultural, es manifiesta la orientación del nuevo texto constitucional de construir una institucionalidad orientada a crear una concentración de poder en una persona, un partido, un gobierno, el rechazo del mestizaje. Según el vicepresidente, se trata de favorecer el derrocamiento del entramado simbólico criollo.

El proyecto oficialista boliviano no se propone corregir la injusticia social ni las anomalías de la manera cómo se ha detentado el poder en Bolivia —propósito con el cual concuerda la gran mayoría de los bolivianos—, sino incidir en un cambio de universo simbólico: procedimiento propio de regímenes totalitarios y religiones integristas.

Por ahora se perfila una radicalización de ambos bandos. Los prefectos de los seis departamentos rebeldes convocaron a la población a sumarse al desacato de la nueva constitución, "por ser el resultado de la vulneración del marco legal y por carecer de toda legitimidad", y a una resistencia "a todo lo que hace el gobierno". Al mismo tiempo que en sus regiones se avanza en la aprobación de los estatutos autonómicos, para así aplicar las "autonomías de derecho" en los departamentos donde se impuso el Sí en el referéndum autonómico.

El Consejo Nacional de la Defensa de la Democracia, conformada por los prefectos y cívicos de las regiones en rebeldía, se reunirá en la ciudad de Sucre para determinar las medidas que asumirán conjuntamente para la aplicación de las autonomías. Y por si fuera poco, el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que participa también en la reunión, pedirá al Consejo que, junto al lanzamiento de los estatutos autonómicos, Sucre sea declarada capital plena de Bolivia.

Todo parece orientarse hacia la lógica de una fractura del territorio nacional, que contaría, si se persiste en la aplicación de la desobediencia, incluso con una capital. En contrapartida, el gobierno anunció que iniciará procesos penales contra los líderes que promuevan la división del país.

Paralelamente a las medidas de prefectos y cívicos, en el marco de las iniciativas de desobediencia se decretó una huelga de hambre, método de presión tan popular en Bolivia, lanzada a iniciativa del Comité Cívico, que ya sobrepasa las 900 personas.

Las posturas radicales están en marcha con su complemento de violencia. El gobierno, empeñado en hacer aprobar la Constitución a como dé lugar, violando todas las normas institucionales, haciendo poco caso de la legitimidad, y la oposición más radical, llamando a la desobediencia civil. Las demostraciones de violencia por parte del MAS, como también por sectores opositores radicales de Santa Cruz, no dejan espacio para que se contemplen otras opciones, como debe ser sin duda el deseo de la inmensa mayoría de la población boliviana.

El gobierno boliviano se inspira en el modelo venezolano, que a su vez imita al cubano. La urgencia de la reforma constitucional para La Paz debe verse en el marco del dispositivo que persiguen Caracas y La Habana de crear una federación de Estados que comparten las mismas visiones del mundo y la sociedad.

El resultado del referéndum en Venezuela, según palabras del teniente-coronel Hugo Chávez, no frenará sus impulsos: no es más que un revés que transformará en victoria. Una victoria de Evo Morales la vería como suya, según la lógica de su mesianismo continental.

La injerencia política y militar venezolana en Bolivia actúa como elemento de exacerbación, en un país donde, contrariamente a Venezuela, la violencia irrumpe sin previo aviso.

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Aprueban nueva carta magna que permite la reelección 'consecutiva' del presidente,Organizaciones de regiones opositoras a Morales inician una huelga de hambre

Bolivia, Evo Morales