El 85% de la población cubana considera que no hay mejoras con las reformas (II)

Una amiga jurista me llamaba la atención sobre la falta del cambio jurídico necesario para legalizar la limitación de mandato de la máxima dirección estatal y partidaria a un período de cinco años y a un límite de dos mandatos. Lo cual quiere decir que si algo pasara con los dirigentes actuales del país, estaríamos condenados al poder vitalicio como hasta abril de 2011. Resulta incomprensible que la mayor reforma en el orden político aún espere su respaldo legal.

Las reformas económicas de mayor calado son incoherentes incompletas y contradictorias

En este orden, la liberalización del trabajo por cuenta propia y la entrega de tierras en usufructo son medidas abortadas que no logran aportar la posibilidad de trabajo para los desempleados del sector estatal ni comenzar a resolver la imprescindible seguridad alimentaria.

Los cuentapropistas no cuentan con mercados mayoristas y se ven obligados a comprar sus insumos en las tiendas minoristas estatales o en el mercado negro a precios que los hacen fracasar en su mayoría. La incapacidad financiera y burocrática del Estado para proveerlos en el campo y la ciudad distorsiona las medidas implementadas y las hacen inviables. En relación a la agricultura, la entrega en usufructo de la tierra sin la posibilidad de construir una vivienda para y por los productores, crea la insólita contradicción de pretender una población flotante que se traslade y no se asiente en su contexto natural de producción. Por otra parte las exigencias estatales del tipo de producción y sobre todo los precios a los productos en general siguen siendo poco estimulantes para producir. Teniendo en contra el alto nivel de salinización de los suelos, no hay política agrícola para incentivar producciones que prescindan de la utilización intensiva de químicos que deterioran más los suelos; y la diversidad de productos necesarios para la alimentación no se estimula con la ampliación de la competencia entre los productores, algo ya señalado por el economista Oscar Espinosa Chepe en sus excelentes artículos de análisis económicos publicados por CUBAENCUENTRO.

Estas medidas incoherentes y la espera de una nueva ley de cooperativas diluyen en el inmovilismo la actividad económica que se pretende activar y profundizan la escasez y la carestía de productos y servicios de primera necesidad.

Muy entrelazado a los cambios de propiedad y formas de producción, la población cubana en 2007 planteó la problemática de la corrupción en todos los niveles por el exceso de prohibiciones. Cinco años después las liberalizaciones económicas no muestran ningún cambio en la forma de organizar, financiar y regular la producción por lo tanto no existe ningún cambio estructural. La creación y relevancia de la Controlaría de la República en los últimos dos años solo logra controlar la corrupción en la punta del iceberg. No se puede pretender que una sola institución resuelva los problemas estructurales (organizativos y funcionales) de un sistema económico que reproduce la corrupción a todos los niveles, precisamente por la manera en que está organizado (central y vertical) y por las maneras de controlar los resultados en especie o en índices brutos.

Las críticas al ordenamiento político-jurídico y las propuestas de cambio

Fueron objeto de crítica en 2007 el ordenamiento en todos los niveles del Poder Popular, por su falta de poder efectivo, los problemas acumulados y las soluciones aplazadas año tras años, la subordinación local a las otras instancias sin poder real de decisión, delegados que no representan a sus verdaderas circunscripciones y deben ser votados por ésta. La incapacidad y obsolescencia de las organizaciones de masas para representar los intereses de sus afiliados y la debilidad de las instituciones de justicia. Estas no logran autonomía para ser garantes de la defensa del ciudadano frente a las arbitrariedades del Estado. La posibilidad de viajar sin ser expulsados como “salidas definitivas” y el pedido de eliminar los permisos y restricciones para la salida y sus costos. La restrictiva y lenta conexión a Internet.

Cinco años después ninguna de estas demandas ha sido atendida. La separación de cargos entre el partido y el estado en los niveles provinciales y municipales no ha disminuido la verticalidad y subordinación al poder central y sigue siendo un poder que representa los intereses del Estado y no los de los ciudadanos. Estos, siguen sin la posibilidad de incidir en las decisiones políticas de sus territorios. Otro tanto ocurre con las organizaciones de masas, paraestatales, que cumplen la función de control social y no representan los intereses de sus afiliados.

La indefensión ciudadana ante las arbitrariedades de los funcionarios del estado, incluyendo la policía y los órganos de la seguridad del estado se ha reforzado. Los informes de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), dirigida por Elizardo Sánchez, reporta cada mes un incremento de los arrestos arbitrarios y por otras fuentes, se informan de procesos judiciales contra los detenidos amparados en un código penal que se interpreta a discrecionalidad y que demuestra la falta de autonomía de los órganos judiciales frente al Ministerio del Interior que también define con criterios discrecionales, los permisos de entrada y salida del país.

Los permisos y las restricciones para viajar están intactos y los precios de estos requisitos siguen siendo de 7.200 pesos cubanos.

La carestía, lentitud y restricción del uso de Internet se mantiene a pesar de la operatividad práctica del cable de fibra óptica instalado mediante convenio con Venezuela y Francia. La parte venezolana del convenio ha dejado claro que la responsabilidad de su puesta en funcionamiento recae en las autoridades cubanas.

Con este apretado balance, se hace evidente porqué el 85 % de la población no ha visto ninguna mejora en su vida cotidiana y personal con las reformas.

En un interesante análisis sobre la gravedad de la situación, el activista de izquierda y anticapitalista Pedro Campos, señala los generadores de la violencia en la situación actual. “Precisamente la leve dinámica de los cambios y la falta de integralidad de los mismos están agotando la paciencia de los cubanos (…) mientras no se cambien las bases socio-económicas y políticas del estalinismo-asalariado y se sigan realizando estudios interminables para aplicar los cambios necesarios, existirán condiciones para el desarrollo de las violencias.”

Por otra parte, los opositores han entregado una Demanda Ciudadana para que el Gobierno ratifique los pactos de derechos políticos y civiles y económicos sociales y culturales, otros activistas continúan la campaña por “una sola moneda” y otros han lanzado una nueva etapa del Foro Nuevo País para recoger y socializar las demandas ciudadanas desoídas por el Estado y el partido cubano.

Las medidas implementadas son imprescindibles, pero el marasmo y la parcialidad de las reformas, cinco años después de la consulta popular de 2007, no han logrado sacar al país del abismo. Es necesario juzgar las reformas por lo que se hace y no por lo que se dice: el problema central que obstaculiza las reformas es que la dirección del país se ha propuesto un “ajuste” del mismo modelo ineficiente, derrochador y centralista-vertical en lo económico y lo político y no los cambios estructurales en todo el sistema. Parece que la experiencia histórica no ha sido leída en clave correcta. Las otras experiencias similares lo hicieron mal, pero la pequeña Isla del Caribe, —no se sabe muy bien por qué razones mágicas— podría convertir un modelo inviable en uno viable conservando las mismas estructuras. Mientras no termine el monopolio estatal de la propiedad, de la producción, del comercio exterior e interior y la disculpa sea que no hay recursos, estaremos en un círculo vicioso y sin salida.

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