La nueva ley y el próximo desastre

Este fin de semana la siempre unánime Asamblea Nacional del Poder Popular aprobará la nueva ley de inversiones, más anunciada que circo en pueblo de campo y más demorada que un ómnibus en La Habana.

El jefe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional fustigó la supuestamente falsa idea de que los diputados levantan su brazo para aprobar las leyes sin conocer su contenido. Dijo que desde hace días esos diputados recibieron la propuesta de ley para su estudio. Así que sabemos que esta vez la aprobarán conociendo el contenido, aunque eso no importa, porque es imposible que en el muy democrático parlamento cubano alguien se atreva a votar en contra o abstenerse en una propuesta presentada por el régimen.

Se supone que la nueva ley supere a la de 1995, en pleno Período Especial bajo la férula de Fidel Castro, donde a pesar de la enorme necesidad de capital que asfixiaba al país establecía limitantes y regulaciones no atractivas a grandes inversionistas. Tras aquella ley, además de capitales españoles en el turismo, canadienses en la minería, y otros casos puntuales, llegaron a Cuba mercachifles, buhoneros, titiriteros, vendedores de humo y otros “inversionistas” buscando lucrar con las necesidades del pueblo en complicidad con la dictadura, no pretendiendo asociaciones comerciales que reportaran ventajas a los cubanos de a pie.

Hay que decir “se supone” al referirse a la nueva ley porque aun no se conoce todo sobre ella. Como dijo el Primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel, la prensa del régimen “a veces no dice toda la verdad”. Obviando el eufemismo del “a veces”, está claro que hay vacíos informativos intencionales en la prensa amaestrada y, por tanto, es difícil conocer realidades de la Isla limitándose a informaciones oficiales.

Dicen los alabarderos del régimen que “más capitales extranjeros significan un aumento de productividad y empleos en la Isla, que a su vez llevan a un aumento de exportaciones que traen moneda dura y menos importaciones que se tragan el dinero”. Perogrullada, y claro ejemplo de trampa al no decir toda la verdad: esa secuencia no es forzosa; ocurre si funciona adecuadamente la gestión de la economía, tarea en la que el régimen no se ha destacado positivamente en más de medio siglo.

No hay razones, más allá de la utopía o la propaganda barata, para considerar que esta vez sería diferente. La corrupción rampante y las indefiniciones jurídicas hacen pensar varias veces las cosas a potenciales inversionistas. El vacilante arranque y primeros pasos de la Zona de Desarrollo Especial Mariel es un éxito solamente en la propaganda oficial y en los comentarios de los sicarios verbales del régimen. La sombra de la doble moneda y el secretismo sobre su eliminación no contribuye a estimular la confianza de eventuales emprendedores, sino todo lo contrario. Así que por mucho que Brasil insista en ayudar, el régimen tendrá que actuar con realismo para lograr algo que valga la pena.

Un ex-viceprimer ministro tronado, resucitado en estos tiempos alrededor de la nueva ley, dijo que la legislación propuesta “ampliará el carácter complementario de las inversiones extranjeras”, lo que significa que a pesar del discurso oficial y las necesidades de capital, las inversiones estatales serán fundamentales y las extranjeras “complementarias”, aun si nadie sabe cómo se financiarán las estatales.

La antigua ley todavía vigente limita al 49 % la propiedad extranjera en empresas mixtas, y el gobierno controla el 51 %. Hay que ver si el referido “carácter complementario” de las inversiones extranjeras se expresará en limites al porcentaje de propiedad en cada empresa o habrá empresas con mayor porcentaje de capital extranjero, quedando lo del carácter complementario en la proporción global entre inversión estatal y extranjera.

En un artículo de oncubamagazine.com titulado “Cubanos residentes en el exterior podrán invertir en Cuba”, se señala que los extranjeros podrán invertir en todos los sectores, con excepción de los servicios de salud y educación y las instituciones armadas.

Un punto caliente es el de la posibilidad de los cubanos de invertir. Para los residentes en Cuba parece casi imposible por el carácter “socialista” del régimen, pero entre cubanos en el exterior han surgido expectativas, desde grandes capitalistas hasta quincalleros aspirando a financiar inversiones familiares en pequeños negocios, estimulados por análisis de supuestos expertos en el tema. La Ley de 1995 dice que el inversionista extranjero es una “persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero”. De aquí algunos deducen que esa definición incluye explícitamente a los cubanos residentes en el exterior, que sin embargo no han podido hacerlo nunca.

Habrá que ver. El régimen nunca ha mostrado demasiado interés en permitir inversiones de cubanos residentes en el exterior —de “los gusanos”— pues las ve como amenazas a su poder absoluto y grieta en su caparazón ideológico. De admitir algunas ahora, por la desesperada necesidad de capitales, lo haría a regañadientes y con una enorme carga de condicionamientos concretos y específicos.

Finalmente, otro punto candente tiene que ver con la contratación de los trabajadores. Hasta ahora el inversionista extranjero solicita sus necesidades de trabajadores a una empresa estatal que se los asigna. El extranjero paga a la empresa estatal los salarios de esos trabajadores en moneda libremente convertible, y entonces la empresa paga a los trabajadores en pesos cubanos, en la cantidad que estime e independientemente de lo que el inversionista extranjero haya pagado por el trabajo de los cubanos, de manera que la empresa estatal se apropia escandalosamente de la diferencia. Eso no lo menciona la prensa oficial cubana, porque “a veces no dice toda la verdad”.

Ese mecanismo se mantendría. Sin embargo, según una directora del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y el periódico Juventud Rebelde, con la nueva ley las empresas estatales intermediarias “ya no buscarán ganar dinero” (¿entonces existirían solo para el control político?), lo que implicaría “un sustancial aumento del pago a los cubanos contratados por los inversores extranjeros”. De ser así, quienes trabajen para inversionistas extranjeros verían incrementarse sus salarios, lo que ampliaría las diferencias sociales con quienes no tengan ese privilegio.

Ya el fin de semana los diputados aprobarán unánimemente la nueva ley de inversiones, y nos iremos enterando poco a poco de qué fue lo que resultó.

Poco a poco, porque recordemos que la prensa cubana “a veces no dice toda la verdad”.

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